Washington — Los abogados del expresidente Donald Trump han instado a un tribunal federal de apelaciones a ratificar el sobreseimiento del caso en su contra sobre documentos clasificados, argumentando que un juez tuvo razón al dictaminar que el fiscal que presentó los cargos fue nombrado ilegalmente.

El caso, en que se acusaba a Trump de almacenar documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, durante mucho tiempo había sido considerado como un riesgo legal para el candidato presidencial republicano, pero la jueza federal de distrito Aileen Cannon lo desestimó en julio tras concluir que el nombramiento del fiscal Jack Smith fue ilegal.

El fallo detuvo el caso abruptamente, asegurando que no habrá juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Otro caso presentado por Smith, en que se acusaba a Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, se retrasó debido a un dictamen del Tribunal Supremo que confiere amplia inmunidad a los expresidentes.

El equipo de Smith ha apelado la decisión sobre el caso de los documentos, aduciendo que el fallo de Cannon, quien fue nominada por Trump, es contrario a los precedentes. Los fiscales afirman que, si esta decisión no se revierte, el fallo pondrá en duda la legalidad de cientos de nombramientos en toda la rama ejecutiva.

El equipo de Trump respondió con su propia presentación a última hora del viernes y le dijo al Tribunal Federal de Apelaciones del Onceavo Circuito, con sede en Atlanta, que dejara en pie el fallo de Cannon.

“No hay, y nunca ha habido, ningún fundamento para la cruzada ilegal de Jack Smith contra el presidente Trump. Durante casi dos años, Smith ha operado ilegalmente, respaldado por un cheque en blanco, prácticamente sin escrutinio alguno, girado con dólares de los contribuyentes”, escribieron los abogados de Trump.

Agregaron que Smith “ha operado sin el tipo de supervisión y rendición de cuentas que caracterizan a los funcionarios inferiores”, ejerciendo un cargo que depende en gran medida de él y una jurisdicción que excede la de los fiscales federales designados por el presidente.

Al desestimar el caso, Cannon afirmó que ninguna ley vigente permite que el secretario de Justicia nombre a un fiscal, aunque el equipo de Smith ha dicho que no menos de cuatro lo autorizan.

La jueza añadió que el nombramiento de Smith era inconstitucional porque fue designado directamente por el secretario de Justicia Merrick Garland y no fue confirmado por el Senado.

Pero otros fiscales especiales, entre ellos Robert Mueller durante el gobierno de Trump y Robert Hur durante la administración de Biden, han sido nombrados de la misma manera que Smith. Los tribunales rechazaron las impugnaciones de esos nombramientos, señaló el equipo de Smith.