South Miami, en el condado de Miami-Dade, busca que un juez determine si su policía debe colaborar con las autoridades federales de inmigración. El alcalde Javier Fernández, un demócrata de origen latino, lidera esta iniciativa para proteger a los migrantes indocumentados de las políticas impulsadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El alcalde propuso llevar la cuestión ante los tribunales para definir si su departamento de policía debe interrogar y arrestar a inmigrantes indocumentados en nombre del gobierno federal.

“El único refugio seguro que nos queda es acudir a los tribunales y pedirles que determinen cuál es la ley y cuáles son nuestras obligaciones”, comentó el martes durante una reunión del Concejo Municipal, de acuerdo a Miami Herald.

Aunque Fernández aún no presentó formalmente la pregunta ante un juez, la decisión surgió después de que el fiscal general del estado, James Uthmeier, advirtiera a Fort Myers por no firmar el acuerdo para adherirse al programa 287(g) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Uthmeier consideró que no participar en el programa 287(g) es una “violación grave y directa” de una ley de 2019 que prohíbe las “ciudades santuario”, el término que se refiere a lugares que no cooperan con las autoridades federales de inmigración. Advirtió que los municipios que no cumplan podrían enfrentar recortes presupuestarios y suspensiones de cargos públicos.

Fernández, quien también fue representante estatal en Tallahassee, criticó las motivaciones políticas detrás de estas exigencias: “Tenemos que ser conscientes de que operamos en un entorno donde algunos buscan ganar puntos políticos primero. ¿Y saben qué? No me importa. Lo que quiero es vivir en una sociedad donde operemos bajo el Estado de derecho”.

El alcalde propuso inicialmente limitar la autoridad del administrador municipal para firmar acuerdos con agencias federales, pero el Concejo optó por consultar a un juez. La ciudad analiza cómo el programa 287(g) afectaría su exposición a riesgos, seguros y acuerdos laborales. “Queremos entender los detalles antes de comprometernos”.

Más de 100 agencias policiales en Florida ya se unieron al programa 287(g), el mayor número en el país estadounidense. Recientemente, ciudades como Key West, Tampa, St. Petersburg y Coral Gables firmaron acuerdos. El jefe de policía de esta última, Ed Hudak, afirmó que esta colaboración es una forma de cumplir con la ley estatal.

Sin embargo, en South Miami, el concejal Anthony Recio cuestionó la interpretación de Uthmeier sobre la ley. Dice que su carta a Fort Myers no necesariamente refleja lo que dice la legislación. Aunque las opiniones del fiscal general son consultivas, suelen tener un peso significativo.

Fernández y otros funcionarios locales expresaron su malestar por las presiones del estado. “Siento que esta conversación está impulsada por una buena dosis de coerción”, admitió el alcalde durante la reunión del Concejo Municipal.

South Miami busca evitar represalias, como recortes presupuestarios, mientras protege a su comunidad migrante. En la reunión, los funcionarios locales dudaban de si había obligación de unirse al programa 287(g).

También reconocieron su preocupación por las presiones del estado para participar en un programa que podría no ser requerido por la ley estatal. Sin embargo, el alcalde aseguró que cumplirá con cualquier decisión judicial. “Estaré feliz de acatar lo que los tribunales determinen”, afirmó.