Filadelfia, Pensilvania– En Filadelfia, la segunda ciudad estadounidense con más puertorriqueños, hay consenso en que urge revitalizar y repoblar el barrio boricua para mantener su esencia e identidad.

“Hay que repoblarlo, sobre todo con gente joven, con la próxima generación. Es un paso necesario”, dijo Patricia De Carlo Umpierre, quien ha residido permanentemente en el barrio desde 1987 y tuvo a su cargo una asociación de vecinos de un sector de la comunidad boricua de Kensington.

En 2021, en Filadelfia –con una población de cerca de 1.6 millones de personas y de las grandes ciudades de Estados Unidos, la que tiene la mayor tasa de pobreza (21.7%)–, vivían cerca de 124,000 boricuas, según los datos de la Encuesta de la Comunidad de la Oficina del Censo federal. Los datos agregados del Censo federal - 2017 a 2021-, colocan la población puertorriqueña de la ciudad en unos 140,000.

Mientras Filadelfia es la segunda ciudad con más puertorriqueños en Estados Unidos, detrás de Nueva York, Pensilvania es el cuarto estado con más boricuas, unos 466,000. Pensilvania es un estado ubicado en la parte noreste de la nación estadounidense.

Se estima que cerca de 40% de los boricuas viven en la zona en la que se desarrolló el barrio a partir de la Segunda Guerra Mundial, que incluye áreas de Kensington, Fair Hill y Hunting Park y en el que se establecieron las instituciones puertorriqueñas, según Israel “Izzy” Colón, analista de Política Pública y quien fue funcionario del gobierno municipal.

En el mismo zip code del Taller Puertorriqueño –el 19133 y donde está el corazón del barrio que acaba de celebrar su feria anual al ritmo de salsa–, cerca de un 80% de la población hispana es boricua-, informó su directora Nasheli Ortiz González, quien tiene entre sus proyectos crear un espacio público abierto al que pueda acudir diariamente la comunidad hasta la caída del sol.

“El barrio se expande, los puertorriqueños como otros, se mueven en busca de mejor vivienda, educación y hospitales”, dijo Colón, quien destacó además que el 40% de los boricuas que viven en esos vecindarios nacieron en Puerto Rico.

Se trata de una comunidad relativamente joven, con una mediana de 30 años en comparación con la población general de la ciudad (35), indicó el profesor Carlos Vargas Ramos, del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College, en Nueva York. Solo el 9% de la población son adultos mayores (65+).

La tasa de desempleo de los puertorriqueños en Filadelfia -con una tasa de pobreza de 25%-, ronda el 10%, muy por encima del 6.6% de la población en general. Un 9.10% tiene un bachillerato universitario, en comparación con un porcentaje de 19.3 para toda la ciudad.

Los primeros boricuas, en particular, e hispanos, en general, se establecieron en las zonas de Spring Gardens, en los alrededores de la Iglesia La Milagrosa, y Northern Liberty.

“Eran mayormente españoles, pero había cubanos y puertorriqueños”, indicó Víctor Vázquez Hernández, autor del libro “Before the Wave: Puerto Ricans in Philadelphia, 1910-1945″.

En los primeros años del siglo pasado, hubo una emigración importante de trabajadores de la industria tabacalera, aunque se conocieron casos en que boricuas iban a Pensilvania –sede de algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos–, a cursar estudios postsecundarios, según Vázquez Hernández.

Para la década de 1940, muchos de los que estuvieron en esa primera ola trabajaron en la empresa de sopas Campbell, que fue a reclutar obreros a Puerto Rico, Cuba y Jamaica, afirmó Vázquez Hernández.

“La comunidad puertorriqueña de Pensilvania, específicamente de Filadelfia, han solido ser trabajadores agrícolas que trabajaron en las fincas tomateras de Nueva Jersey”, dijo, por su parte, Vargas Ramos.

El profesor sostuvo que aunque alrededor de un cuarto de la población boricua de Pensilvania vive en Filadelfia, al menos otra quinta parte se ha ido a condados aledaños, como Berks, Lancaster y Leahy.

Ciudades como Reading, donde el alcalde Eddie Morán es boricua, Bethlehem, Allentown y Lancaster crecen como enclaves de la diáspora boricua.

Desplazados de las economías rurales de Puerto Rico, los emigrantes boricuas fueron contratados, por medio del propio gobierno de la Isla y reclutamiento privado, para ejercer tareas de bajos salarios, y “no siempre fueron bienvenidos”, indica en su libro “From Puerto Rico to Philadelphia: Puerto Rican Workers and Postwar Economics”, la historiadora Carmen Teresa Whalen.

“Al igual que los afroamericanos y los mexicanos, los puertorriqueños fueron reclutados para trabajos mal pagados y enfrentaron las ideologías raciales y la discriminación que caracterizaron la era de la posguerra, así como la posterior reestructuración económica que afectó a muchas de las ciudades donde se habían asentado estos inmigrantes”, señaló Whalen, quien ha indicado que San Lorenzo y Salinas son dos pueblos muy representados en Filadelfia.

El barrio comienza a cobrar forma a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, el barrio está marcado por el Bloque de Oro, las modernas oficinas del Taller Puertorriqueño, la organización antipobreza Esperanza, murales y negocios afincados en la comunidad como el Centro Musical, la panadería Las Delicias y el restaurante Fred & Tony’s, entre otras instituciones y empresas.

El distrito 7, que incluye todo el barrio, es representado por la puertorriqueña Quetcy Lozada. Reúne alrededor de 160,000 habitantes.

En medio de las luchas que han mantenido por décadas diversos grupos, instituciones y ciudadanos por preservar la identidad del barrio, los vecinos denuncian la falta de atención de las autoridades del municipio, y deficiencias en los servicios básicos, como seguridad, educación y vivienda.

Junto a los reclamos de una mayor seguridad, destaca una constante denuncia sobre la falta de compromiso del gobierno municipal con la limpieza de sus vecindarios.

“Las familias y estudiantes identifican el recogido de basura como uno de los graves problemas”, dijo Siria Rivera, directora ejecutiva del Providence Center que ofrece programas de educación después de la escuela, clases de inglés y busca conectar a la gente con servicios de atención médica, asistencia comunitaria y eventos comunitarios, entre otras cosas.

Kensington es un grave reflejo del problema de adicción a drogas en Estados Unidos. Se le considera el epicentro de la epidemia de los opioides, principalmente de fentanilo, que ya cuesta sobre 100,000 vidas anuales en Estados Unidos.

Hay fricciones en la ciudad en torno a cómo atender ese asunto y cómo lidiar con los adictos, que las autoridades consideran no son de la zona. “Esa es mi prioridad”, dijo la concejal Lozada, quien busca en noviembre su primer término completo, de cuatro años, en la legislatura de la ciudad.

Lozada lidera una medida en el Concejo Municipal que persigue prohibir en la mayor parte de la ciudad la ubicación de instalaciones en las que personas puedan consumir drogas ilegales bajo supervisión de trabajadores conocedoras de los pasos para revertir una sobredosis. Críticos de la medida señalan que esos centros ayudan a prevenir muertes.

La gentrificación es, a su vez, un asunto que hace crisis en la ciudad y de la cual los boricuas se sienten víctimas.

De Carlo Umpierre -nacida en Puerto Rico, de padre italiano y madre puertorriqueña-, llegó primero a Filadelfia en 1971. En Estados Unidos, incluido Filadelfia, conoció la discriminación racial. Esa experiencia la impulsó a estudiar leyes.

En Filadelfia, De Carlo Umpierre fue líder de la Asociación Cívica de Norris Square, donde ha vivido desde 1987. Piensa que en su sector, con la ayuda del entonces alcalde John Street, hubo éxito en ofrecer vivienda a precios asequibles y en rehabilitar la zona.

Ahora, dice se requiere un esfuerzo más abarcador en el centro del barrio.

“Filadelfia tuvo el cuarto nivel más alto de desplazamiento hispano y número de vecindarios aburguesados (gentrificados) en los Estados Unidos, según un informe de la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria (NCRC)”, advirtió Will González, director ejecutivo de la coalición latina Ceiba, en una carta que envió el pasado 11 de septiembre a la oficina gubernamental Philadelphia Land Bank –que se encarga de las tierras vacantes–, para oponerse a la transferencia de 75 parcelas del barrio a la compañía BMK Properties.

Para Edgardo González, activista y miembro de la Junta de Directores del Taller Puertorriqueño, en el barrio, como en cualquier sitio, la gente quiere buena seguridad, educación y acceso a vivienda.

“Necesitamos desarrollo económico”, sostuvo. Desde Spring Gardens, agregó, esta es la tercera vez que se enfrentan a la gentrificación –primero en Spring Gardens y luego en la zona de Northern Liberty–, y la amenaza del desplazamiento en esta ciudad, después de muchos haber tenido que dejar la Isla.

La exconcejal municipal María Quiñones piensa que ha habido una marcada desatención en los últimos ocho años del alcalde James Kenney, quien termina sus funciones este año.

“Este alcalde no estaba para nadie”, dijo Quiñones.

Para mantener a la gente en su vecindario y evitar que los impuestos sobre la propiedad fuercen la salida de sus casas a los más pobres, Quiñones afirmó que se requiere una inversión significativa federal y reconocer que los proyectos de apartamentos tienen que adaptar su tamaño, para poder ofrecer precios moderados.

En el barrio, en el mismo Bloque de Oro, se ha construido recientemente un moderno edificio de apartamentos-estudio para personas de bajos recursos. Ese debe ser un modelo a seguir, sostuvo Quiñones.

La exconcejal Quiñones –quien se retiró un mes antes de las primarias demócratas de mayo pasado por la candidatura a la alcaldía de Filadelfia, al argumentar que no tenía suficiente dinero para competir–, sostuvo que ha habido iniciativas desde el Concejo Municipal para incentivar la compra de vivienda de parte de los que menos tienen.

“El Concejo invirtió $20 millones y dio subvenciones de casi $25,000. El Distrito 7 fue el segundo que más fondos recibió. Tenemos que ayudar a la gente a comprar casas”, sostuvo.

Pero, dijo que aún en la zona de Norris Square, aunque se lograron mejoras, hubo oposición de los líderes vecinales a invertir en más proyectos, preocupados por la “densidad poblacional”.

“No podemos desarrollar una comunidad solo desde el punto emocional. Tenemos que ser realistas sobre lo que ocurre con los impuestos sobre la propiedad, lo que es una buena calidad de vida (...) vamos a crear vivienda para toda clase de persona”, indicó la exfuncionaria, quien fue presidenta del Comité de Asignaciones del Concejo Municipal.

La comunidad sufrió recientemente un fuerte jamaqueón con la muerte a manos de la Policía del joven puertorriqueño Eddie Irizarry, a quien un agente tiroteó durante una detención rutinaria de tráfico. La comunidad salió a protestar, en momentos en que la Policía alegó falsamente que Irizarry salió de su vehículo empuñando un cuchillo.

En el fin de semana de la Feria del Barrio, que tuvo lugar el 10 de septiembre, la fiscalía acusó de asesinato y otros cargos criminales al policía Mark Dial, quien disparó en contra de Irizarry, de 27 años, cinco segundos después de haber salido de su patrulla pistola en la mano. Irizarry nunca salió de su automóvil.

“No tenemos policías que conozcan nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro modo de hablar. Por ejemplo, me estás viendo que he utilizado las manos (para hablar). Para estos anglosajones, que no pertenecen a esta área, que vienen de suburbios ricos, es un acto de violencia”, señaló Charito Morales, una activista de la comunidad oriunda de Quebradillas.

A Ángel Ortiz, el primer concejal boricua de la ciudad (1984 a 2004), el horrendo caso de Irizarry le recordó la muerte del también puertorriqueño José Reyes a manos de la Policía, en el balcón de su residencia, en 1978.

Ese día, Reyes se levantó a trabajar. Cuando fue a montarse en su automóvil, a las 6:00 de la mañana, no le prendió. Se enojó tanto que comenzó a golpear el bonete con una llave francesa. Los vecinos llamaron a la Policía.

Eran los tiempos del alcalde Frank Rizzo, quien antes había sido jefe de la Policía y se le imputó discriminar en contra de las minorías.

“Cerraron toda la calle. (Reyes) estaba en el balcón gritándole a los ‘dioses’. Un policía le disparó desde el otro lado de la calle, lo asesino a distancia”, contó Ortiz, cuyo trabajo como director de Servicios Legales le catapultó hacia el liderato de su comunidad.

Al policía que mató a Reyes no le sucedió nada, señaló el exconcejal. Pero, el incidente provocó una mejor organización de la comunidad y dio paso a un nuevo liderato.

El exconcejal Ortiz participó de la protesta del 31 de agosto en el barrio para denunciar la muerte de Irizarry. “La marcha de José Reyes fue más grande, eran miles”, pero el movimiento en respaldo a la familia de Irizarry debe levantar conciencia y avivar la defensa de los intereses de la comunidad, dijo Ortiz.

Ortiz fue el primer latino e hispano en el Concejo Municipal. Como boricua del Concejo, a Ortiz le siguió Juan Ramos, quien duró solo un término. Ortiz y Ramos fueron electos por toda la ciudad. La exconcejal Quiñones y ahora Quetcy Lozada han representado el distrito 7 que incluye el barrio.

La concejal Lozada afirmó que la Policía “falló completamente” en el caso de Irizarry y ni siquiera se han preocupado por “pedir perdón” y decir “la información que dimos originalmente fue incorrecta”.

A nivel educativo, diversas organizaciones buscan asistir a la comunidad.

Por ejemplo, el capítulo de Pensilvania de la Agenda Nacional Puertorriqueña ha emprendido una iniciativa que persigue integrar al gobierno estatal y los distritos escolares para que se apruebe un currículo puertorriqueño, latino, afroamericano y asiático.

Entre otras cosas, buscan que los sistemas educativos del estado formalicen el estudio correcto de las características de Puerto Rico y los puertorriqueños, incluido su idioma, historia y cultura, dijo el presidente de la Agenda, el reverendo Roberto Lugo, al aludir a una ley que existe en Connecticut.

Han tenido además la experiencia de que no se comprende la historia colonial de Puerto Rico o que ha habido casos, como en la localidad de New Castle – con cuyos funcionarios se reunieron para aclararle la realidad de la Isla-, en que se ha recibido a nuevos estudiantes como si no fueran ciudadanos estadounidenses.

“No hay un currículo en el estado. Usan modelos prefabricados, generales”, dijo Lugo, al indicar que “la idea es integrar cada distrito que esté interesado y llevarlo al estado para que se convierta en ley”.