West Palm Beach, Florida — Funcionarios municipales de Fort Myers, Florida, acordaron por unanimidad aprobar un memorando el viernes que les permite a las autoridades locales recibir capacitación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y ayudar con las deportaciones, decisión que revierte una polémica votación esta semana que llevó a funcionarios estatales a efectuar amenazas de paro.

La reunión especial de tres horas comenzó con dos horas de enérgicos comentarios públicos, en los que la mayoría de los oradores se oponían al memorando al mencionar que les preocupa mucho que se incrementen las detenciones con móviles racistas. El funcionario que presidía los comentarios públicos también interrumpió continuamente a los oradores que hablaban sobre la votación del concejo, o les agradeció a los miembros del concejo que no estuvieron de acuerdo el lunes con el memorando, diciendo que era irrelevante para la reunión del viernes.

Posteriormente, algunos miembros del concejo hicieron preguntas al subjefe de policía de Fort Myers, Victor Medico, y al abogado de la ciudad, Grant Alley, a quien la concejal Darla Bonk criticó por dejar a los miembros con muchas preguntas sin respuesta antes de la presentación del viernes.

“Debo expresar mi grave preocupación de que hubo una significativa omisión del deber por parte de mi abogado de la ciudad”, señaló Bonk, quien en un principio votó en contra del acuerdo esta semana. “Nosotros, como miembros del concejo, fuimos puestos en la posición de votar sobre un asunto que no estaba dentro de nuestra autoridad legal o jurisdicción, como también nos recordó un representante estatal cuando comenzó esta reunión. Las acciones nos sometieron a nosotros, servidores públicos, a un riesgo grave, personal y profesional innecesario”.

El cambio de postura de los funcionarios de la ciudad ocurre un día después de que el gobernador Ron DeSantis les advirtiera que no aprobar un acuerdo de inmigración podría tener graves consecuencias, incluida la suspensión del cargo. Previamente esta semana, el fiscal general estatal, James Uthmeier, anunció una investigación a los miembros del concejo que votaron en contra del acuerdo, diciendo que la ciudad estaba implementando una política ilegal de santuario.

La concejal Diana Giraldo manifestó en la reunión que le preocupaba el hecho de que el memorando asignara funciones autorizadas a los policías, diciendo que ello podría aumentar las detenciones basadas en cuestiones de raza. Estas funciones, según el memorando, incluyen el poder de arrestar a cualquier inmigrante que no tenga estatus legal sin necesidad de contar con una orden judicial, y el poder interrogar a cualquier persona que se crea que es inmigrante.

Giraldo indicó que la ciudad ya ha estado trabajando con agentes federales de inmigración durante años, una razón por la que se opuso a cualquier afirmación de que Fort Myers sea una ciudad santuario.

Cuando se le preguntó, Alley respondió que no estaba “muy claro” si el concejo violó la ley, y que él normalmente sugeriría preguntarle al fiscal general estatal. En este caso, dicho fiscal intervino y, cuando se le preguntó, aconsejó a los miembros del concejo que apoyaran este acuerdo.

“El fiscal general estatal no es un tribunal, pero es la máxima autoridad en la aplicación de la ley, y emiten opiniones, y esto no fue en forma de una opinión. Esto fue en forma de un cumplimiento inmediato de las leyes de inmigración del estado”, señaló Alley.

En su carta, Uthmeier mencionó leyes aprobadas por los legisladores de Florida este año en una sesión especial, las cuales incluyen disposiciones que dicen que las entidades policiales estatales y locales y las entidades supervisoras deben hacer “su mayor esfuerzo para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración”.