Desde que comenzó, el 20 de enero, su segundo término como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump comenzó a firmar una serie de órdenes ejecutivas sobre asuntos que advirtió, en repetidas ocasiones durante su campaña, atendería desde el primer día.

Con su primera tanda de órdenes, el mandatario retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, puso en curso su política de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares y firmó una orden que desató el caos en diversas partes de la nación norteamericana y en Puerto Rico al congelar subvenciones y préstamos federales.

A continuación, repasamos cómo surgió la controversia y dónde nos encontramos tres días después de la emisión del memorando:

En la noche del 27 de enero, la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) emitió un memorando en el que se ordenó la congelación temporera, aunque sin una fecha de expiración definida, de “todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”, con el propósito de revisar si cumplen con la política pública de Trump.

En síntesis, el documento estableció que, para implementar las órdenes ejecutivas firmadas por Trump, cada agencia realizaría un análisis exhaustivo, desde el 27 de enero hasta el 10 de febrero, de todos sus programas de asistencia financiera federal para “identificar programas, proyectos y actividades que puedan estar implicados en cualquiera de las órdenes ejecutivas del presidente”.

En las instrucciones dirigidas a las agencias, la OMB mencionó directamente los desembolsos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para Puerto Rico, y en términos generales, programas como Título 1 de educación -diseñado para escuelas con estudiantes de bajos recursos y que suele incluir a cerca del 90% de los planteles de la isla-, almuerzos escolares, la cobertura de medicamentos de Medicare y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).

El memorando excluyó explícitamente beneficios directos a individuos como el Seguro Social, Medicare, Medicaid y Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Además, los fondos destinados a las pequeñas empresas, los agricultores, las becas Pell, Head Start, las ayudas al alquiler y otros programas similares no se pondrían en pausa.

Al poco tiempo de ser emitido, el memorando causó alarma en gobiernos estatales e instituciones que se benefician de dichos fondos federales.

En medio de la incertidumbre por la amplitud de la directriz, la OMB circuló, el martes, un documento de preguntas y respuestas con el fin de resaltar que no se afectarían programas “que proporcionen beneficios directos a las personas”.

“No es una pausa general”, indicó, en conferencia de prensa, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Tras la rueda de prensa, y solo minutos antes de su entrada en vigor, la jueza de distrito Loren AliKhan, del Tribunal Federal para el Distrito de Columbia, paralizó la orden temporalmente hasta las 5:00 p.m. del 3 de febrero.

Se trató de una suspensión temporal hasta que se celebrara, el 3 de febrero, una audiencia judicial referente al asunto.

“Parece que el gobierno federal actualmente no conoce el alcance total de los programas que estarán sujetos a la pausa”, indicó AliKhan al dar a conocer su determinación, según indicó The Associated Press.

Tras dos días de caos, y en busca de reducir la confusión, la OMB canceló la orden que regularía la congelación de cerca de $3,000 millones en subvenciones y préstamos federales.

Sin embargo, Leavitt advirtió que sigue vigente la congelación de fondos a base de los decretos de Trump.

Al hacer la distinción, Leavitt se refirió a una de las órdenes ejecutivas de Trump que frenó el desembolso de fondos mediante la Ley de Infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) por 90 días para asegurar que cumplan con la política pública del gobierno de Trump en contra de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).