Abogados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dicen que esa agencia no infringió la orden de un juez que especifica cuándo pueden ser deportadas las personas a países distintos al suyo porque fue el Departamento de Defensa —y no funcionarios de seguridad nacional— el que realizó las deportaciones.

La abogada del Departamento de Justicia, Mary Larakers, esgrimió el argumento en un documento judicial presentado el miércoles, planteando que la orden del juez federal de distrito Brian E. Murphy no fue violada porque el Departamento de Defensa no es un acusado en la demanda.

La orden de Murphy, emitida por primera vez el 28 de marzo, le impidió al gobierno de Trump deportar a personas que han agotado las apelaciones jurídicas a países distintos de su país de origen, a menos que se les informe cuál es su destino y se les dé la oportunidad de objetar si temen enfrentar tortura o muerte allí.

Algunos países no aceptan deportaciones desde Estados Unidos, lo que ha llevado al gobierno de Trump a llegar a acuerdos con naciones como Panamá para albergarlos. Algunos venezolanos sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump han sido enviados a El Salvador y alojados en su notoria prisión principal.

En el documento judicial, Larakers indicó que cuatro personas fueron deportadas a El Salvador el 31 de marzo —tres días después de que Murphy emitiera la orden de restricción—, pero señaló que eso lo realizó el Departamento de Defensa, y que no había funcionarios del DHS (siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional) en el vuelo ni estuvieron a cargo de las deportaciones.

Dos personas fueron deportadas a México, escribió Larakers, pero una de ellas fue enviada tres días antes de que se emitiera la orden de restricción, y la otra fue enviada en la mañana del 28 de marzo, varias horas antes de que se emitiera la orden.

Antes de que fuera deportado, funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le preguntaron al hombre que fue expusado el 28 de marzo “si tenía miedo de ser devuelto a México. En ese momento, él declaró que no tenía miedo de regresar a México”, escribió Larakers.

Larakers también proporcionó una declaración jurada de Tracy Huettl, funcionaria del DHS, quien dijo que cada uno de los deportados había sido declarado culpable de delitos en Estados Unidos y que un juez de inmigración ordenó que fuesen expulsados del país. Todos los hombres que fueron deportados después de la orden judicial estaban bajo custodia del ICE antes de ser transferidos a un centro de detención en Bahía de Guantánamo, Cuba, adonde permanecieron detenidos hasta que los funcionarios del Departamento de Defensa los enviaron por avión a El Salvador, escribió Huettl.