Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se acerca al primer mes de su segundo mandato y ha actuado con velocidad vertiginosa y fuerza contundente para reorganizar las normas sociales y políticas y la economía estadounidense, al tiempo que redefine el papel de Estados Unidos en el mundo.

Al mismo tiempo, ha empoderado a Elon Musk, un multimillonario no electo nacido en Sudáfrica, para orquestar el despido de miles de empleados federales y, posiblemente, cerrar agencias enteras creadas por el Congreso.

Esos esfuerzos han eclipsado las medidas de Trump contra la inmigración y la frontera entre Estados Unidos y México, así como sus intentos de remodelar la política social al eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión y dar marcha atrás a los derechos de las personas transgénero.

El presidente también ha impuesto nuevos aranceles contra los socios comerciales de Estados Unidos y ha amenazado con más, aun cuando los economistas advierten que eso trasladará los costos a los consumidores estadounidenses y aumentará la inflación.

Este es un vistazo a las primeras cuatro semanas de su gobierno:

El gobierno de Trump despidió a miles de trabajadores que aún se encontraban en períodos de prueba, los cuales son comunes entre los nuevos empleados. Algunos tuvieron menos de una hora para abandonar sus oficinas.

Entre quienes podrían perder sus empleos hay científicos médicos, especialistas en infraestructura energética, empleados del servicio exterior, agentes del FBI, fiscales, expertos en datos educativos y agrícolas, trabajadores de ayuda en el extranjero, e incluso personal de recursos humanos que tendría que gestionar los despidos.

En la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, creada para proteger al público tras la crisis financiera de 2008, los empleados dicen que la administración no solo quiere despedir a casi todo el personal, sino también borrar todos sus datos de los últimos 12 años. Por órdenes de un juez, la administración acordó pausar cualquier desmantelamiento adicional de la agencia hasta el 3 de marzo.

Si bien Trump prometió revolucionar Washington, sus acciones podrían tener consecuencias de gran alcance para miles de empleados federales de todo el país y aumentar la tasa de desempleo si se producen grandes despidos a la vez.

Las impugnaciones a las políticas de Trump comenzaron el día en que tomó posesión y han continuado a un ritmo vertiginoso desde el 20 de enero. La administración enfrenta alrededor de 70 demandas en todo el país que impugnan sus órdenes ejecutivas y sus acciones para reducir el tamaño del gobierno federal.

El Congreso, controlado por los republicanos, ofrece poca resistencia, por lo que el sistema judicial es el punto de partida para los actos de oposición. Los jueces han emitido más de una docena de órdenes que bloquean, al menos temporalmente, diversos aspectos de la agenda de Trump, que van desde una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a las personas nacidas en este país, hasta permitir que el equipo de Musk tenga acceso a datos federales sensibles.

Si bien muchos de esos jueces fueron nominados por presidentes demócratas, Trump también ha recibido fallos desfavorables de jueces elegidos por presidentes republicanos. El mandatario sugirió que podría atacar a la judicatura, diciendo: “Quizás tengamos que poner atención a los jueces”. Mientras tanto, el gobierno ha dicho que apelará, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó las órdenes que ralentizan la agenda del presidente, calificando a cada una de ellas como “un abuso del estado de derecho”.

La administración también ha logrado algunas victorias, siendo la más significativa cuando un juez le permitió seguir adelante con un programa de renuncia diferida encabezado por Musk.

En medio de la agitación política, los datos económicos más recientes podrían generar algunas preocupaciones en la Casa Blanca.

La inflación aumentó a una tasa mensual de 0.5% en enero, según el Departamento de Trabajo. En los últimos tres meses, el índice de precios al consumidor aumentó a una tasa anual de 4.5%, una señal de que la inflación se calienta nuevamente tras haber disminuido durante gran parte de 2024.

Trump dijo a los votantes que podría reducir la inflación, y que podía hacerlo casi inmediatamente después de asumir el cargo. Pero Leavitt, aunque culpó al predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, reconoció que los indicadores de inflación más recientes eran “peores de lo esperado”.

Surgieron más señales de problemas cuando el Departamento de Comercio informó que las ventas minoristas cayeron 0.9% en enero en comparación con el mes anterior. Una caída de tal magnitud podría indicar que la confianza del consumidor y el crecimiento económico se han debilitado.

En el informe de la Reserva Federal sobre la producción industrial también se encontró que la producción de las fábricas disminuyó 0.1% en enero, en gran parte debido a una caída de 5.2% en la fabricación de vehículos de motor y refacciones.

Todas estas podrían ser solo fluctuaciones, lo que significa que los datos mensuales de febrero serán realmente importantes.

Tras imponer aranceles a China y preparar impuestos a las importaciones de Canadá y México, Trump presentó lo que llamó “el gran día”. Dijo que su administración elaboraría nuevos aranceles en las próximas semanas y meses para igualar lo que otros países cobran.

Otras naciones consideran injusto el enfoque de Trump.

Desde el punto de vista de esos países, el mandatario estadounidense incluye elementos distintos a los aranceles, como impuestos al valor agregado, que son similares a los impuestos sobre las ventas. Eso significa que las tasas podrían ser mucho más altas que un arancel estándar en Europa.

Además, Trump planea imponer aranceles adicionales a los automóviles, chips de computadora y productos farmacéuticos, además de las tarifas de 25% sobre el acero y el aluminio que anunció el lunes.

No está claro si estas sanciones comerciales son herramientas de negociación o formas de aumentar los ingresos. Hasta ahora, Trump ha sugerido que son ambas cosas.

El Congreso está desconcertado por la embestida, ya que su poder institucional —como la primera rama del gobierno según la Constitución, con su autoridad inigualable sobre el gasto federal— está siendo erosionado en tiempo real.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el trabajo del equipo de Musk le parece “muy emocionante”. Afirmó que Trump “emprende acciones ejecutivas legítimas”.

Pero incluso entre los republicanos del Congreso surgieron pequeñas señales de protesta: se han escrito cartas y se han hecho llamadas telefónicas para proteger los intereses y al electorado de sus estados de origen mientras se desmantela la financiación de programas, servicios y contratos gubernamentales.

El representante Carlos Gimenez instó al Departamento de Seguridad Nacional a no realizar deportaciones masivas de migrantes venezolanos que huyeron de su país y ahora llaman hogar al área de Miami. “No soy impotente. Soy miembro del Congreso”, dijo.

Los legisladores demócratas se han unido a los manifestantes fuera de las oficinas federales que han sido cerradas, argumentando que Trump y Musk han ido demasiado lejos. Los demócratas sugirieron promulgar leyes para proteger distintos programas e incluso presentaron artículos de juicio político contra el presidente por sus planes de arrasar y reconstruir Gaza.

Con su llamada telefónica al presidente ruso Vladímir Putin la semana pasada, Trump espera haber puesto en marcha el principio del fin de la guerra del Kremlin en Ucrania.

Ambos líderes acordaron que sus equipos “comenzarían las negociaciones de inmediato”. Después de colgar con Putin, Trump llamó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para analizar cómo llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones.

La llamada a Putin es un avance monumental en una guerra que ha provocado cientos de miles de muertos y heridos graves.

Pero el camino sigue siendo complicado.

Zelenskyy dijo que no se reunirá con Putin hasta que Trump elabore un plan de paz. El republicano recibió un contragolpe cuando los líderes europeos lo criticaron duramente a él y al secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth por insinuar que la incorporación de Ucrania a la OTAN no estaba en los planes.

La Casa Blanca enfrenta otro dilema, pues Zelenskyy desea que Estados Unidos y otros países proporcionen garantías de seguridad para Ucrania, y el mandatario ucraniano insiste en que él y Trump deben llegar a un acuerdo sobre los perfiles de cualquier acuerdo de paz.