Washington — El presidente Donald Trump ha llegado a un acuerdo en una demanda contra X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, que lo había prohibido tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, según una persona familiarizada con el asunto.

El acuerdo fue por aproximadamente $10 millones, reveló la persona, que habló a condición de anonimato para discutir el arreglo confidencial. Se esperaba que parte del dinero se destinara a los honorarios legales de Trump, mientras que el resto se dirigiría a su futura biblioteca presidencial. Este es el último caso de una gran corporación que acepta realizar pagos significativos al presidente para resolver litigios, ya que Trump ha amenazado con represalias contra sus críticos y rivales.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el acuerdo. X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Elon Musk, quien compró Twitter en 2022 y lo renombró X, dio más de $200 millones a la campaña de Trump y ahora dirige una gestión para reducir y transformar radicalmente la burocracia federal.

El mes pasado, Meta acordó un acuerdo de $25 millones para poner fin a la demanda del presidente por haber sido excluido de sus plataformas tras el ataque al Capitolio por parte de los seguidores de Trump que buscaban anular su derrota electoral de 2020. Y ABC News acordó en diciembre pagar $15 millones para la biblioteca presidencial de Trump para resolver una demanda por difamación relacionada con la afirmación inexacta del presentador George Stephanopoulos de que el presidente electo había sido declarado civilmente responsable por violar a la escritora E. Jean Carroll.

Trump también ha demandado a Google, de Alphabet, por haber sido expulsado de YouTube tras el motín en el Capitolio, aunque su acceso ha sido restaurado desde entonces.

Trump ha presentado una demanda contra CBS News por afirmaciones de que la cadena emitió una entrevista engañosa con su oponente de 2024, la vicepresidenta Kamala Harris, en el programa “60 Minutes”, que equivalía a “actos partidistas e ilegales de interferencia electoral y del votante” destinados a “engañar al público e intentar inclinar la balanza”. El programa negó las afirmaciones.

Y tiene una demanda contra The Des Moines Register, la empresa matriz del medio de comunicación Gannett, y la encuestadora de Iowa Ann Selzer, alegando que violaron la Ley de Fraude al Consumidor de Iowa al publicar una encuesta días antes de las elecciones de noviembre que subestimaba significativamente su apoyo en el estado. El periódico y Selzer han negado cualquier irregularidad.