Washington — El presidente Donald Trump ha manifestado que quiere que su nueva jefa de educación, Linda McMahon, “se ponga en una situación de desempleo” y cierre el Departamento de Educación.

McMahon fue confirmada por el Senado el lunes, y una orden ejecutiva para cerrar el departamento podría emitirse tan pronto como esta semana. McMahon dijo a los empleados que la “misión final” del departamento es eliminar la burocracia y transferir la autoridad de la agencia a los estados.

Eliminar el departamento por completo sería una tarea complicada, que probablemente requeriría un acto del Congreso.

La administración Trump ya comenzó a reformar gran parte del trabajo del departamento. El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, ha cancelado decenas de contratos que consideró “woke” —demasiado progresistas— y derrochadores. Ha desmantelado el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación, y la administración ha despedido o suspendido a numerosos empleados.

El papel principal de la agencia es financiero. Anualmente, distribuye miles de millones en fondos federales a universidades y escuelas y gestiona la cartera de préstamos estudiantiles federales. Cerrar el departamento significaría redistribuir cada una de esas funciones a otra agencia. El Departamento de Educación también desempeña un papel regulador importante en los servicios para estudiantes, que van desde aquellos con discapacidades hasta niños de bajos ingresos y sin hogar.

De hecho, el dinero federal para la educación es central en los planes de Trump para universidades y escuelas. Trump ha prometido cortar el financiamiento federal para escuelas y universidades que promuevan “teoría crítica de la raza, locura transgénero y otro contenido racial, sexual o político inapropiado” y recompensar a los estados y escuelas que terminen con la permanencia de los maestros y apoyen programas de elección escolar universal.

El financiamiento federal representa una porción relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas — aproximadamente el 14%. Las universidades y colegios dependen más de ello, a través de subvenciones de investigación junto con ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar su matrícula.

A continuación, se presenta un vistazo a algunas de las funciones clave del departamento y cómo Trump ha dicho que podría abordarlas.

El Departamento de Educación gestiona aproximadamente $1.5 billones en deuda de préstamos estudiantiles para más de 40 millones de prestatarios. También supervisa la Beca Pell, que proporciona ayuda a estudiantes por debajo de un cierto umbral de ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que las universidades utilizan para asignar ayuda financiera.

La administración del presidente Joe Biden hizo de la cancelación de préstamos estudiantiles un esfuerzo emblemático del trabajo del departamento. A pesar de que el intento inicial de Biden de cancelar préstamos estudiantiles fue anulado por el Tribunal Supremo, la administración condonó más de $175,000 millones para más de 4.8 millones de prestatarios a través de una serie de cambios en los programas que administra, como la Condona de Préstamos por Servicio Público.

Los esfuerzos de perdón de préstamos han enfrentado resistencia por parte de los republicanos, incluyendo litigios de varios estados liderados por el Partido Republicano. Trump ha criticado los esfuerzos de Biden para cancelar deudas como ilegales e injustos, calificándolo de “catástrofe total” que “burló a los jóvenes”. El plan de Trump para la deuda estudiantil es incierto: no ha presentado planes detallados.

A través de su Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Educación lleva a cabo investigaciones y emite orientaciones sobre cómo deben aplicarse las leyes de derechos civiles, como para estudiantes LGBTQ+ y estudiantes de color. La oficina también supervisa un gran proyecto de recopilación de datos que rastrea las disparidades en recursos, acceso a cursos y disciplina para estudiantes de diferentes grupos raciales y socioeconómicos.

Trump ha sugerido una interpretación diferente del papel de derechos civiles de la oficina. Bajo su administración, el departamento ha instruido a la oficina para que priorice las quejas de antisemitismo por encima de todo lo demás y ha abierto investigaciones en universidades y ligas deportivas escolares por permitir que atletas transgénero compitan en equipos de mujeres.

En campaña, Trump prometió perseguir casos de derechos civiles para “detener la discriminación en las escuelas por motivos de raza”. Ha descrito las políticas de diversidad y equidad en la educación como “discriminación ilegal explícita” y ha afirmado que las universidades que las utilicen pagarán multas y gravarán sus subvenciones.

Trump también se ha comprometido a excluir a los estudiantes transgénero de las protecciones del Título IX, que afectan las políticas escolares sobre el uso de pronombres, baños y vestuarios. Originalmente aprobado en 1972, el Título IX se utilizó por primera vez como una ley de derechos de las mujeres. El año pasado, la administración de Biden dijo que la ley prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual, pero un juez federal anuló esas protecciones.

Aunque el Departamento de Educación no acredita directamente a universidades y colegios, supervisa el sistema revisando todas las agencias de acreditación reconocidas federalmente. Las instituciones de educación superior deben estar acreditadas para acceder a fondos federales para ayuda financiera estudiantil.

La acreditación fue objeto de escrutinio por parte de los conservadores en 2022, cuando la Asociación del Sur de Colegios y Escuelas cuestionó la interferencia política en los colegios y universidades públicas de Florida. Trump ha dicho que despediría a “acreditadores radicales de izquierda” y aceptaría solicitudes para nuevos acreditadores que mantendrían estándares que incluyan “defender la tradición estadounidense” y eliminar a los administradores de diversidad “marxistas”.

Aunque el secretario de educación tiene la autoridad para terminar su relación con agencias de acreditación individuales, es un proceso arduo que rara vez se ha llevado a cabo. Con el presidente Barack Obama, el departamento tomó medidas para cancelar acreditadores de una cadena de colegios con fines de lucro que ahora está en quiebra, pero la administración Trump bloqueó el movimiento. El grupo, el Consejo de Acreditación de Colegios y Escuelas Independientes, fue disuelto por la administración Biden en 2022.

Gran parte del dinero del Departamento de Educación para escuelas de primaria y secundaria pasa a través de grandes programas federales, como el Título I para escuelas de bajos ingresos y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Esos programas apoyan servicios para estudiantes con discapacidades, reducen el tamaño de las clases con posiciones adicionales de enseñanza y financian trabajadores sociales y otros roles no docentes en las escuelas.

En campaña, Trump pidió trasladar esas funciones a los estados. No ha ofrecido detalles sobre cómo se manejarían las funciones centrales de la agencia de enviar dinero federal a distritos y escuelas locales. El Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, una propuesta amplia que esboza una visión de extrema derecha para el país, ofreció un plan. Sugería enviar la supervisión de programas para niños con discapacidades y niños de bajos ingresos primero al Departamento de Salud y Servicios Humanos, antes de eventualmente eliminar el financiamiento y convertirlo en subvenciones sin condiciones para los estados.