Washington — Durante su campaña, el presidente electo Donald Trump expresó desprecio hacia el Departamento de Educación federal, describiéndolo como infiltrado por “radicales, fanáticos y marxistas”.

Ha elegido a Linda McMahon, una exejecutiva de lucha libre, para liderar el departamento. Pero, como muchos políticos conservadores antes que él, Trump ha pedido la desmantelación total del departamento, una tarea engorrosa que probablemente requeriría acción del Congreso.

El principal papel de la agencia es financiero. Anualmente, distribuye miles de millones en fondos federales a colegios y escuelas y gestiona la cartera de préstamos estudiantiles federales. Cerrar el departamento significaría redistribuir cada una de esas funciones a otra agencia. El Departamento de Educación también juega un importante papel regulador en servicios para estudiantes, que abarca desde aquellos con discapacidades hasta niños de bajos ingresos y sin hogar.

De hecho, el dinero federal para la educación es central en los planes de Trump para colegios y escuelas. Trump ha prometido cortar los fondos federales para escuelas y colegios que promuevan “la teoría crítica de la raza, la demencia transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados” y premiar a los estados y escuelas que terminen con la tenencia de los profesores y promulguen programas universales de elección escolar.

La financiación federal constituye una parte relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas, aproximadamente el 14%. Las universidades y colegios dependen más de ella, a través de subvenciones para investigación junto con la ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar sus matrículas.

Aquí se presenta una mirada a algunas de las funciones del departamento y cómo Trump ha dicho que podría abordarlas.

El Departamento de Educación gestiona aproximadamente $1,500 millones en deuda de préstamos estudiantiles para más de 40 millones de prestatarios. También supervisa la Beca Pell, que proporciona ayuda a estudiantes por debajo de un cierto umbral de ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que las universidades utilizan para asignar la ayuda financiera.

La administración Biden ha hecho de la cancelación de préstamos estudiantiles un esfuerzo distintivo del trabajo del departamento. Desde que el intento inicial de Biden de cancelar los préstamos estudiantiles fue anulado por el Tribunal Supremo, la administración ha perdonado más de $175,000 millones a más de 4.8 millones de prestatarios a través de una serie de cambios en los programas que administra, como el Perdón de Préstamos por Servicio Público.

Los esfuerzos de condonación de préstamos han enfrentado oposición republicana, incluyendo litigios de varios estados liderados por republicanos.

Trump ha criticizado los esfuerzos de Biden para cancelar la deuda como ilegales e injustos, calificándolos de “catástrofe total” que “burla a los jóvenes”. El plan de Trump para la deuda estudiantil es incierto: no ha presentado planes detallados.

A través de su Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Educación realiza investigaciones y emite orientación sobre cómo se deben aplicar las leyes de derechos civiles, como para estudiantes LGBTQ+ y estudiantes de color. La oficina también supervisa un gran proyecto de recolección de datos que rastrea disparidades en recursos, acceso a cursos y disciplina para estudiantes de diferentes grupos raciales y socioeconómicos.

Trump ha sugerido una interpretación diferente del papel de derechos civiles de la oficina. En su plataforma de campaña, dijo que perseguiría casos de derechos civiles para “detener a las escuelas de discriminar en base a la raza”. Ha descrito las políticas de diversidad y equidad en la educación como “discriminación ilegal explícita” y dijo que las universidades que las usen pagarán multas y tendrán sus dotaciones gravadas.

Trump también ha prometido excluir a los estudiantes transgénero de las protecciones del Título IX, que afectan las políticas escolares sobre el uso de pronombres, baños y vestuarios de los estudiantes. Originalmente aprobado en 1972, el Título IX se utilizó primero como una ley de derechos de la mujer. Este año, la administración Biden dijo que la ley prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual, pero Trump puede deshacer eso.

Aunque el Departamento de Educación no acredita directamente a colegios y universidades, supervisa el sistema revisando todas las agencias acreditadoras reconocidas federalmente. Las instituciones de educación superior deben estar acreditadas para acceder al dinero federal para ayuda financiera estudiantil.

La acreditación fue objeto de escrutinio por parte de los conservadores en 2022, cuando la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas cuestionó la interferencia política en los colegios y universidades públicas de Florida. Trump ha dicho que despediría a los “acreditadores de izquierda radical” y tomaría solicitudes para nuevos acreditadores que mantendrían estándares que incluyen “defender la tradición estadounidense” y eliminar a los administradores de diversidad “marxistas”.

Aunque el secretario de educación tiene la autoridad para terminar su relación con agencias acreditadoras individuales, es un proceso arduo que raramente se ha perseguido. Durante la presidencia de Barack Obama, el departamento tomó medidas para cancelar acreditadores para una cadena de colegios con fines de lucro ahora extinta, pero la administración Trump bloqueó la medida. El grupo, el Consejo Acreditador para Colegios y Escuelas Independientes, fue eliminado por la administración Biden en 2022.

Gran parte del dinero del Departamento de Educación para escuelas K-12 pasa por grandes programas federales, como el Título I para escuelas de bajos ingresos y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Estos programas apoyan servicios para estudiantes con discapacidades, reducen el tamaño de las clases con posiciones de enseñanza adicionales y pagan por trabajadores sociales y otros roles no docentes en las escuelas.

Durante su campaña, Trump llamó a transferir esas funciones a los estados. No ha ofrecido detalles sobre cómo se manejarían las funciones centrales de la agencia de enviar dinero federal a distritos y escuelas locales.

El Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, una propuesta amplia que esboza una visión de extrema derecha para el país que coincide con lo dicho por la campaña de Trump, ofrece un plan. Sugiere enviar la supervisión de programas para niños con discapacidades y niños de bajos ingresos primero al Departamento de Salud y Servicios Humanos, antes de eventualmente eliminar la financiación y convertirla en subvenciones sin condiciones adjuntas a los estados.