El excongresista federal George Santos se declaró culpable el lunes de cometer fraude electrónico y robo de identidad con agravantes en relación con el caso de fraude federal que llevó a su expulsión del Congreso apenas unas semanas antes de que fuera a juicio.

“Traicioné la confianza de mis electores y simpatizantes. Lamento profundamente mi conducta”, dijo el republicano de Nueva York al declararse culpable en un tribunal de Long Island.

Santos, de 36 años, dijo que aceptaba su responsabilidad y que tenía intención de enmendarse. Se enfrenta a más de seis años de prisión según las directrices federales sobre condenas y debe al menos $370,000 en concepto de restitución.

La jueza federal Joanna Seybert ha fijado la lectura de sentencia de Santos para el 7 de febrero.

El excongresista fue acusado de robar a donantes políticos, utilizar contribuciones a la campaña para pagar gastos personales, mentir al Congreso sobre su riqueza y cobrar subsidios de desempleo cuando en realidad trabajaba.

Santos fue expulsado de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras una investigación ética que halló “pruebas abrumadoras” de que había infringido la ley y explotado su cargo público en beneficio propio.

Se había fijado que el caso vaya a juicio a principios de septiembre. Si eso hubiese ocurrido, los fiscales federales dijeron el lunes que estaban preparados para llamar a declarar a unos 40 testigos, incluidos miembros de la campaña de Santos, empleadores y familiares.

Santos fue promocionado como una estrella política en ascenso después de que en 2022 ganara el distrito suburbano que abarca la rica costa norte de Long Island y una parte del distrito neoyorquino de Queens.

Pero la historia de su vida empezó a desvelarse antes incluso de que jurara su cargo. En aquel momento surgieron informes de que había mentido sobre su carrera en las principales empresas de Wall Street y sobre su título universitario, además de otras cuestiones de su biografía.

Luego surgieron nuevas dudas sobre los fondos de su campaña.

En mayo de 2023 fue acusado por primera vez de cargos federales, pero se negó a dimitir de su cargo.

Santos mantuvo previamente su inocencia, aunque dijo en una entrevista en diciembre que un acuerdo con los fiscales “no estaba fuera de la mesa”.

Cuando se le preguntó si tenía miedo de ir a la cárcel, dijo a CBS 2 en ese momento: “Creo que todo el mundo debería tener miedo de ir a la cárcel, no es un lugar bonito y definitivamente quiero trabajar muy duro para evitarlo lo mejor posible”.

Por otra parte, el lunes, en un tribunal federal de Manhattan, la jueaz Denise Cote desestimó una demanda en la que Santos alegaba que el presentador Jimmy Kimmel, la cadena ABC y Disney habían infringido los derechos de autor y se habían enriquecido injustamente a su costa al utilizar vídeos que había hecho en la aplicación Cameo para un segmento de “Jimmy Kimmel Live”.

La jueza dijo que estaba claro que Kimmel utilizó los clips, que también se publicaron en YouTube, con fines de crítica y comentario, lo que constituye un uso justo.

Santos había empezado a vender vídeos personalizados en Cameo en diciembre, poco después de su destitución del Congreso. Posteriormente, a principios de este año, lanzó una arriesgada candidatura para volver al Congreso como independiente, que abandonó rápidamente.

En una entrevista radiofónica emitida el domingo, Santos dijo que le reconforta volver a ser un “civil algo privado”.

“La verdad es que no echo de menos las cenas con pollo de goma, las fiestas y las recaudaciones de fondos”, dijo sobre su vida anterior.

Con su juicio penal en ciernes, dijo en la entrevista de la WABC que estaba «aterrorizado».

“No es en absoluto un proceso fácil por el que pasar. Duele mucho y afecta mucho a tu salud psicológica”, dijo a la presentadora Cindy Adams.

A medida que se acercaba la fecha del juicio en las últimas semanas, Santos había tratado de tener un jurado parcialmente anónimo, con sus abogados argumentando en documentos judiciales que “el mero riesgo de ridículo público podría influir en la capacidad individual de los miembros del jurado para decidir el caso de Santos únicamente en los hechos y la ley tal como se presentan en la Corte”.

También quería que los posibles miembros del jurado rellenaran un cuestionario escrito para conocer su opinión sobre él. Sus abogados argumentaron que la encuesta era necesaria porque «a todos los efectos, Santos ya ha sido declarado culpable en el tribunal de la opinión pública».

La jueza Joanna Seybert accedió a mantener públicas las identidades de los miembros del jurado, pero dijo no al cuestionario.

Por su parte, los fiscales habían estado intentando admitir como prueba algunas de las falsedades financieras que Santos contó durante su campaña, entre ellas que había trabajado en Citigroup y Goldman Sachs y que había dirigido una empresa familiar con unos $80 millones de en activos.

Dos ayudantes de campaña de Santos se declararon culpables de delitos relacionados con la campaña del excongresista.

Su extesorera, Nancy Marks, se declaró culpable en octubre de un cargo de conspiración fraudulenta, implicando a Santos en un supuesto plan para adornar los informes financieros de su campaña con un préstamo falso y donantes falsos. Un abogado de Marks dijo entonces que su cliente estaría dispuesta a testificar contra Santos si se le pedía.

Sam Miele, un antiguo recaudador de fondos para Santos, se declaró culpable un mes después de un cargo federal de fraude electrónico, admitiendo que se hizo pasar por un asistente de alto rango del Congreso mientras recaudaba dinero para la campaña de Santos.