Los miembros de la familia propietaria de Purdue Pharma, que fabrica el fármaco OxyContin, así como la propia compañía, acordaron pagar hasta 7,400 millones de dólares en un nuevo convenio para resolver demandas sobre el impacto del potente analgésico, anunció el jueves la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El acuerdo, aceptado por Purdue Pharma, los miembros de la familia Sackler que poseen la compañía, y abogados que representan a gobiernos estatales y locales y a miles de víctimas de la crisis de opioides, representa un aumento de más de 1,000 millones de dólares respecto a un compromiso anterior que fue rechazado el año pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los Sackler acordaron pagar hasta 6,500 millones de dólares, mientras que Purdue pagará 900 millones, para un total de 7,400 millones de dólares.

Este es uno de los mayores acuerdos alcanzados en los últimos años en una serie de demandas interpuestas por gobiernos locales, estatales, tribales nativos estadounidenses y otros que buscan responsabilizar a las compañías por la mortal epidemia. Aparte del acuerdo con Purdue, se han anunciado otros por un valor aproximado de 50,000 millones de dólares, y la mayor parte del dinero se usará para mitigar la crisis.

El acuerdo aún necesita la aprobación del tribunal, y algunos detalles todavía están por definirse.

Uniendo fuerzas con la fiscal general James para lograr el acuerdo, en principio están los fiscales generales de los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Massachusetts, Oregon, Pensilvania, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia y Virginia Occidental.

Según la nueva propuesta, los miembros de la familia Sackler que son propietarios de Purdue aportarán hasta 7,400 millones de dólares durante 15 años y renunciarían a la propiedad de Purdue, que se convertiría en una nueva entidad cuya junta directiva será nombrada por los estados y otros demandantes de la compañía. Una parte del dinero también se destinará a las víctimas de la crisis de opioides o sus sobrevivientes.

La aportación de la familia será mayor que los 6,000 millones de dólares acordados en la versión anterior. La Corte Suprema bloqueó el acuerdo el año pasado porque protegía a los miembros de la acaudalada familia contra demandas civiles relacionadas con el medicamente OxyContin, aunque los Sackler no estaban en bancarrota. El nuevo acuerdo protege a la familia solo contra demandas de entidades que acepten el acuerdo.

Se han realizado mediaciones en busca de un nuevo acuerdo desde que se emitió el fallo de la corte. Si no se alcanza un convenio, ello podría abrir las puertas a demandas contra miembros de la familia Sackler.

El nuevo acuerdo podría cerrar un capítulo de una larga saga legal sobre el impacto de la crisis de opioides que, según algunos expertos, comenzó tras la llegada al mercado del exitoso analgésico OxyContin en 1996. Desde entonces, los opioides se han vinculado a cientos de miles de muertes en Estados Unidos. El período más mortal surgió a partir de 2020, cuando se descubrió que el fentanilo ilícito ha contribuido a causar más de 70,000 muertes anuales.

Los miembros de la familia Sackler han sido catalogados como villanos y su nombre ha sido eliminado de galerías de arte y universidades de todo el mundo debido a su papel en la compañía. Ellos han negado continuamente las acusaciones de haber cometido cualquier acto ilícito.

Se ha calculado que, colectivamente, los miembros de la familia poseen un patrimonio neto miles de millones de dólares mayor que lo que aportarían según el acuerdo, pero gran parte de su riqueza se encuentra en cuentas en el extranjero y podría ser imposible acceder a ella a través de demandas.

Purdue buscó protección por quiebra en 2019 mientras enfrentaba miles de demandas por la crisis de opioides. Una de las acusaciones es que la compañía enviaba un mensaje a los médicos diciendo que el riesgo de adicción al potente analgésico era bajo.

En una presentación de octubre de 2024, una rama de la familia prometió defenderse en cualquier caso al que se permita avanzar, diciendo que la teoría legal que fundamenta las demandas, según la cual Purdue y los miembros de la familia Sackler crearon un “perjuicio público”, “carece completamente de méritos”.