El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois acusándolos de dificultar las labores de las autoridades de migración.

La demanda, presentada en una corte federal en Illinois, pide a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales las disposiciones que existen a nivel estatal y local para proteger a la población indocumentada de la deportación.

La acción de este jueves es la primera que la Administración del presidente, Donald Trump, toma en contra de una gobierno local, después de haber advertido que iría tras las alcaldías y estados que no colaboren con sus políticas de mano dura contra los más de 11 millones de personas que viven en el país sin un estatus legal.

En concreto, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.

Este tipo de directrices -conocidas como leyes de “ciudad santuario”, vigentes en varias de las principales urbes del país incluyendo Nueva York o Los Ángeles- han sido ampliamente criticadas por los políticos republicanos y por el actual mandatario.

Las normas, argumenta las demanda, “están diseñadas para interferir y de hecho interfieren y discriminan contra la potestad del Gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria” de EE.UU.

Los abogados del Gobierno insistieron en que “muchos” de los migrantes indocumentados que están en EE.UU. presentan una “amenaza contra la seguridad nacional”.

“Algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro (...) en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes”, expone el documento.

El Ejecutivo de Trump ha calificado a las personas indocumentadas como “criminales” y ha promocionado una narrativa que ha sido tildada por activistas como “xenófoba”.

Las medidas de los gobiernos “santuario” han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.

Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.

Por otro lado, cruzar la frontera sin inspección -codificado como ‘ingreso indebido’- o intentar entrar en Estados Unidos después de haber sido deportado o expulsado sí está tipificado en la legislación penal: el primero como un delito menor y el segundo como un delito grave.

Múltiples estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de los 60, han encontrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados por un crimen que las personas nacidas en EE.UU.