El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es la entidad responsable de ejecutar arrestos y gestionar procesos de deportación de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin cumplir con los requisitos legales. Para identificar a los extranjeros que deben arrestar, la agencia cuenta con un modus operandi particular.

Como parte del plan de control migratorio, el ICE opera a nivel nacional con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El proceso de identificación y arresto de inmigrantes ilegales por parte de ICE comienza con la recopilación de información. Según un informe compartide por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), una organización especializada en temas migratorios, el servicio utiliza una combinación de bases de datos, colaboración con autoridades locales y operaciones específicas para localizar a individuos sujetos a deportación.

Además, algunos inmigrantes pueden ser identificados cuando se presentan voluntariamente a oficinas de ICE para reportes programados.

Transferencias de custodia desde autoridades locales

La mayoría de los arrestos realizados por la agencia no ocurren en operativos públicos, sino a través de transferencias de custodia desde departamentos de policía o cárceles locales. Cuando una persona es detenida por autoridades locales, sus huellas dactilares son cotejadas con bases de datos federales, que incluyen las de inmigración.

Si se detecta que el individuo tiene una orden de deportación pendiente o está en Estados Unidos sin autorización, el ICE puede solicitar su detención por hasta 48 horas adicionales para iniciar el proceso de deportación.

Este sistema, conocido como “arrestos bajo custodia”, es la principal fuente de detenciones para ICE. Según datos del MPI, estas detenciones representan la mayoría de los casos, ya que son más eficientes y requieren menos recursos que las operaciones en comunidades o lugares de trabajo.

El servicio también realiza arrestos en zonas públicas, hogares o lugares de trabajo. Estas operaciones, conocidas como “arrestos fuera de custodia”, suelen generar mayor atención mediática y controversia. Para llevarlas a cabo, los agentes de ICE utilizan bases de datos que incluyen registros comerciales, información de vehículos motorizados y servicios públicos, entre otros.

En espacios públicos, como áreas comunes de edificios, la agencia no necesita una orden judicial para realizar arrestos. Sin embargo, en lugares privados, como hogares o escuelas, los agentes deben obtener el consentimiento del propietario o una orden judicial firmada por un juez federal.

Otra estrategia clave es la identificación de personas no ciudadanas que cumplen condenas en cárceles locales, estatales o federales. Los agentes realizan entrevistas a estos individuos para determinar si son sujetos de deportación.

Si se confirma su estatus migratorio irregular, el ICE puede tomar custodia del individuo una vez que cumpla su condena y proceder con la expulsión de Estados Unidos.

Cuando una persona es arrestada por una agencia local, sus huellas dactilares son verificadas en bases de datos de seguridad nacional. Si la información indica que hay violaciones migratorias, el ICE evalúa si se justifica la detención y posible deportación del individuo. Este proceso puede incluir:

El ICE puede deportar a personas no ciudadanas en diversas situaciones, como por ejemplo:

Una vez que el ICE arresta a una persona no ciudadana, inicia el proceso de deportación. Este puede incluir una audiencia ante un tribunal de inmigración, donde el individuo tiene derecho a impugnar su expulsión.

Sin embargo, los datos recopilados por MPI marcan que en octubre de 2024 se contabilizaron más de 3,6 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración, lo que significa que los tiempos de espera pueden extenderse por años.

Durante este proceso, las personas pueden ser llevadas a centros del ICE, inscritas en programas de monitoreo o liberadas bajo supervisión. A principios de 2025, según MPI, la agencia contaba con capacidad para detener a 41,500 inmigrantes indocumentados, un número insuficiente para la demanda actual.