Russell Vought, el nominado por el presidente electo Donald Trump para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, rechazó el miércoles comprometerse plenamente a distribuir los fondos aprobados por el Congreso, específicamente la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania.

Vought enfrentó preguntas en su audiencia de confirmación sobre su periodo como director de la Oficina de Administración y Presupuesto durante el primer mandato de Trump. Señaló que actuará de acuerdo a la ley, incluso mientras enfatizaba el deseo de Trump de anular la Ley de Control del Presupuesto y de Embargos de 1974 que requiere la aprobación del Congreso para rescindir el gasto.

El senador Gary Peters, lo acusó de retener $214 millones en ayuda militar para Ucrania en 2019, un evento que condujo al primer juicio político de Trump.

“Siempre me comprometeré a cumplir con la ley”, dijo Vought, una respuesta que no dejó satisfecho a Peters.

A medida que continuó la audiencia, la respuesta de Vought cambió ligeramente cuando el senador Richard Blumenthal le preguntó si aprobaría la distribución de $3,800 millones en ayuda para Ucrania para su guerra en curso contra Rusia.

“No voy a adelantarme a la respuesta política del gobierno entrante”, señaló Vought, quien en 2021 fundó el Center for Renewing America, un centro de análisis que describe su misión como “renovar un consenso de Estados Unidos como nación al amparo de Dios”.

Blumenthal respondió: “Estoy asombrado e indignado de que alguien en esta posición responsable diría, en efecto, que el presidente está por encima de la ley”.

Sin embargo, en respuesta a preguntas de legisladores republicanos, Vought anticipó posibles propuestas presupuestarias al sugerir que serían necesarios recortes de gastos para abordar los persistentes déficits presupuestarios que han elevado la deuda pública nacional por encima de los $28 billones.

Vought, un arquitecto del Proyecto 2025, dijo que la deuda dejaría a las futuras generaciones más pobres a medida que más y más dólares de los contribuyentes se destinen al pago de la deuda.

“El presidente se postuló sobre la cuestión de la responsabilidad fiscal, tratando con nuestra situación de inflación”, comentó. Añadió que los programas sociales discrecionales podrían ser objeto de recortes y que se podría ahorrar dinero si más personas tuvieran empleos.

En junio, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un organismo fiscalizador, evaluó los aumentos de la deuda durante las presidencias de Trump y del presidente Joe Biden. El análisis encontró que las políticas de Trump habían aumentado la deuda en $8.4 billones, mientras que las políticas de Biden incrementaron la deuda en $4.3 billones. Gran parte de la deuda adicional fue consecuencia de la respuesta a la pandemia de coronavirus de 2020.