Empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional están pidiendo a un juez federal el jueves que mantenga bloqueada una iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump destinada a retirar a casi todos los empleados en el extranjero de sus puestos de trabajo.

El juez federal de distrito Carl Nichols, nominado por Trump, le dio al gobierno y al aliado multimillonario Elon Musk un revés la semana pasada al detener temporalmente los planes que habrían puesto a miles de trabajadores en licencia y dado a aquellos en el extranjero sólo 30 días para regresar a los Estados Unidos a expensas del gobierno.

La orden de Nichols estaba programada para expirar al final del día.

Dos asociaciones que representan a empleados federales quieren que él la continúe, así como suspender la congelación de Trump sobre casi toda la asistencia exterior. La pausa del presidente ha cerrado clínicas, entregas de agua de emergencia y casi todos los demás de los miles de programas de ayuda y desarrollo financiados por Estados Unidos en todo el mundo, dicen los trabajadores de USAID y grupos humanitarios.

Mientras el gobierno y la iniciativa de reducción de costos de Musk, el llamado Departamento de Eficiencia del Gobierno, han apuntado a otras agencias, se han movido de manera más destructiva contra USAID, afirmando sin evidencia que su trabajo es derrochador y no está alineado con la agenda de Trump.

En un documento judicial, el subdirector de USAID, Pete Marocco, argumentó que la “insubordinación” hacía imposible que la nueva administración llevara a cabo una revisión cercana de los programas de ayuda sin antes retirar a casi todo el personal de USAID de sus puestos y detener el trabajo de ayuda y desarrollo. No proporcionó evidencia para su afirmación.

Los empleados de USAID, en documentos judiciales, han negado ser insubordinados. Dicen que estaban haciendo todo lo posible para llevar a cabo lo que describen como órdenes vagas y confusas, algunas de las cuales se decía que provenían de un asociado de Musk y otros externos.

Los partidarios de la agencia dijeron a senadores demócratas el miércoles que el cierre —junto con otros pasos de la administración, incluida la revocación del contrato de arrendamiento de USAID en su sede de Washington— se trataba realmente de erradicar USAID antes de que los legisladores o los tribunales pudieran detenerlo.

Los grupos de empleados, legisladores demócratas y otros argumentan que sin la aprobación del Congreso, Trump carece del poder para cerrar USAID o poner fin a sus programas. Su equipo dice que el poder de los tribunales o de los legisladores para interponerse es limitado, en el mejor de los casos.

“Los poderes del presidente en el ámbito de los asuntos exteriores son generalmente vastos y no revisables”, dijeron los abogados del gobierno en documentos judiciales.