Washington — El fiscal especial Jack Smith presentó el martes una nueva imputación contra Donald Trump por sus intentos de anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, la cual mantiene los mismos cargos penales pero acota las acusaciones en su contra luego de que una opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos le otorgó amplia inmunidad a los expresidentes.

La nueva imputación elimina del acta acusatoria una sección que se refería a las interacciones de Trump con el Departamento de Justicia, una conducta por la cual Trump goza de inmunidad absoluta, de acuerdo con la opinión del Tribunal Supremo aprobada el mes pasado.

La nueva causa penal fue presentada tres días antes de la fecha límite para que los fiscales y abogados defensores le informaran al juez del caso cómo querían proceder tras la opinión expresada por el máximo foro, según la cual los expresidentes gozan de inmunidad judicial por actividades oficiales durante su permanencia en la Casa Blanca.

Las dos partes volverán a la corte para una audiencia la próxima semana, la primera comparecencia de este tipo en meses, dado que el caso había estado paralizado desde diciembre mientras la apelación de Trump pasaba por el sistema judicial.

En una declaración en su plataforma Truth Social, Trump calificó la nueva acusación como “un acto de desesperación” y un “intento de resucitar una cacería de brujas ‘muerta’”. Afirmó que el nuevo caso tiene “todos los problemas de la antigua acusación, y debe ser desestimado inmediatamente”.

La fiscalía especial dijo que la imputación actualizada, presentada en una corte federal en Washington, fue emitida por un jurado investigador que no había conocido previamente las pruebas en el caso. Explicó en un comunicado que la acusación “refleja los esfuerzos del gobierno para respetar y aplicar las sentencias del Tribunal Supremo y las instrucciones de remisión”.

La principal revisión en la causa penal actualizada tiene que ver con las interacciones de Trump con el Departamento de Justicia.

La versión original incluía acusaciones de que Trump trató de valerse de dicha dependencia gubernamental para tratar de anular su derrota electoral, incluso mediante la realización de investigaciones falsas e informando a los estados — incorrectamente— que se había detectado un fraude significativo.

Detallaba, además, cómo Jeffrey Clark, un alto funcionario del Departamento de Justicia de Trump, quería enviar una carta a los funcionarios electos de ciertos estados afirmando falsamente que el departamento había “identificado preocupaciones significativas que podrían haber impactado en el resultado de las elecciones” y había pedido a altos funcionarios del departamento que la firmaran, pero se negaron.

El apoyo de Clark hizo que Trump abiertamente contemplara la posibilidad de nombrarlo secretario de Justicia interino en sustitución de Jeffrey Rosen, quién ostentó el cargo durante las últimas semanas del mandato de Trump. El entonces presidente dio marcha atrás y abandonó la idea “cuando le dijeron que dicha medida provocaría dimisiones masivas en el Departamento de Justicia”, de acuerdo con la versión original de la causa penal. Rosen fungió como secretario de Justicia interino hasta el final del mandato de Trump.

El nuevo caso ya no menciona a Clark como coacusado. Los coacusados de Trump no fueron nombrados en ninguna de las acusaciones, pero han sido identificados a través de expedientes públicos y otros medios.

En su dictamen, el Tribunal Supremo sostuvo que las interacciones de un presidente con el Departamento de Justicia constituyen actos oficiales por los que tiene derecho a la inmunidad, lo que en la práctica elimina esas acusaciones del proceso.