Washington — Varios altos funcionarios de la fiscalía federal de Washington han sido degradados a cargos en los que se manejan delitos menores u otros asuntos de bajo nivel, el movimiento más reciente del fiscal federal designado por el presidente Donald Trump para reestructurar la oficina que supervisó el enjuiciamiento de los involucrados en el ataque al Capitolio de Estados Unidos, indicaron el viernes tres personas al tanto del asunto.

Los cambios ordenados por el fiscal federal interino Ed Martin para reasignar al menos a siete de los fiscales más experimentados y de mayor rango han dejado perplejos a los abogados de la fiscalía, que ya había sido sacudida por los despidos de un gran número de abogados que manejaron los casos del ataque del 6 de enero de 2021. Entre los que están siendo reasignados se encuentran varios fiscales que manejaron o supervisaron casos políticamente delicados relacionados con los disturbios en el Capitolio y con Peter Navarro y Steve Bannon, aliados de Trump.

Los fiscales fueron informados en un correo electrónico que estaban siendo reasignados para trabajar en casos de delitos menores o trasladados a la Sección de Evaluación Temprana de Casos, que evalúa nuevos casos y maneja los procedimientos judiciales iniciales, como las comparecencias en el Tribunal Superior.

“Seré claro: este cambio no es temporal”, les dijo Martin a los abogados que están siendo reasignados a casos de delitos menores, según un correo electrónico obtenido por The Associated Press. Martin señaló que el área de “delitos menores realiza trabajo importante y necesita apoyo”.

Un portavoz de la fiscalía federal en el Distrito de Columbia no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Por el momento no estaba claro quién reemplazaría a los supervisores que están siendo reasignados.

Entre los degradados se encuentra Greg Rosen, quien era jefe de la sección del asalto al Capitolio, que procesó los casos derivados de los disturbios del 6 de enero, indicaron tres personas al tanto del asunto. Otros incluyen a dos abogados que ayudaron a asegurar declaraciones de culpabilidad por conspiración sediciosa contra el fundador del grupo paramilitar Oath Keepers, Stewart Rhodes, y contra el ex presidente nacional de la organización de ultraderecha Proud Boys, Enrique Tarrio. Las personas hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizadas a declarar sobre los movimientos de personal.

Otro supervisor incluido en los cambios fue John Crabb, un veterano de la oficina que a lo largo de los años participó en muchos casos de alto perfil, incluida la acusación derivada del ataque al consulado estadounidense en la ciudad libia de Bengasi y, más recientemente, casos contra Navarro y Bannon.

También fue degradada Elizabeth Aloi, jefa de la unidad de corrupción pública y derechos civiles, quien procesó a Navarro por cargos de desacato al Congreso, por negarse a cooperar con una investigación legislativa sobre el ataque del 6 de enero.

Martin, un activista conservador que repitió las falsas afirmaciones de Trump de que le habían cometido un fraude electoral en 2020, ha modificado drásticamente la fiscalía desde que fue nombrado fiscal federal interino el mes pasado. Ha dicho que los fiscales federales son los “abogados del presidente”, y obligó a renunciar a la jefa de la división penal de la oficina tras una disputa sobre una directriz que le ordenaba examinar la adjudicación de un contrato gubernamental durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Trump anunció este mes que estaba nominando a Martin para el puesto, que aún requiere ser confirmado por el Senado. El mandatario afirmó que Martin “ha estado haciendo un gran trabajo como fiscal federal interino, luchando incansablemente por restablecer el orden público, y hacer que la capital de nuestra nación sea segura y hermosa nuevamente”.