Washington - El gobierno de Estados Unidos solicitó el viernes a la Corte Suprema permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador con fundamento en una ley del siglo XVIII, mientras continúa una batalla legal.

La apelación de emergencia es presentada luego del rechazo a la petición del gobierno republicano por parte de la corte federal de apelaciones en Washington. Por una votación de 2-1, un panel de jueces de apelación mantuvo en vigor una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de los migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que las cortes federales no deberían interferir con negociaciones diplomáticas delicadas. También afirmó que los migrantes deberían presentar su caso en un tribunal federal en Texas, donde están detenidos.

La orden que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, presidente de la corte federal de Washington.

El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclama presidencial que cataloga a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.

“Aquí, las órdenes de la corte de distrito han rechazado los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y se corre el riesgo de que tengan efectos debilitantes para negociaciones extranjeras delicadas”, escribió la procuradora general interina Sarah Harris en el documento judicial.

Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron la demanda en nombre de cinco ciudadanos venezolanos que estaban detenidos en Texas, horas después que la proclama se hiciera pública.

El tribunal fijó un plazo hasta el martes para una respuesta de la ACLU.

“Instaremos a la Corte Suprema a preservar el statu quo para dar tiempo a las cortes de escuchar este caso, de modo que más personas no sean enviadas a una prisión extranjera notoria sin ningún proceso, basado en un uso sin precedentes e ilegal de una autoridad de tiempos de guerra”, dijo Lee Gelernt, el abogado principal que representa a los migrantes.

El caso se ha convertido en un punto de fricción en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y las cortes federales.

Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no ocurrió. Desde entonces, el juez ha prometido determinar si el gobierno desafió su orden de dar la vuelta a los aviones. El gobierno ha invocado un “privilegio de secretos de Estado” y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.

Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o un juez federal.

Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de pandillas. Su fallo establece que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar”.

La suspensión temporal de las deportaciones que Boasberg impuso está programada para expirar el sábado, pero la ACLU ha solicitado una extensión hasta el 12 de abril y planea solicitar una pausa más duradera en las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, conocida como interdicto preliminar, mientras continúa la demanda.