Dos extrabajadoras electorales de Georgia ganaron un juicio por difamación en su contra por $148 millones
Dos extrabajadoras electorales de Georgia ganaron un juicio por difamación en su contra por $148 millones
1 de noviembre de 2024 - 9:22 PM
Se esperaba la llegada del representante de una empresa de mudanzas y abogados el jueves para acceder al apartamento de Rudy Giuliani en Manhattan, debido a que el exalcalde de Ciudad de Nueva York no entregó diversos bienes a dos extrabajadoras electorales de Georgia que ganaron un juicio por difamación en su contra por $148 millones.
Ambas partes intercambiaron acusaciones esta semana, mientras vencía el martes el plazo para que Giuliani entregara los bienes sin que ninguno de éstos cambiara de manos.
El juez del distrito Lewis Liman ordenó a Giuliani la semana pasada que entregara a las trabajadoras electorales, Ruby Freeman y su hija, Wandrea “Shaye” Moss, muchas de sus posesiones más preciadas. Entre ellas: su apartamento de 5 millones de dólares en el Upper East Side de Manhattan, un Mercedes de 1980 que alguna vez fue propiedad de la estrella de cine Lauren Bacall, y otros objetos varios, desde su televisor y una camisa firmada por la leyenda de los Yankees de Nueva York, Joe DiMaggio, hasta 26 relojes de lujo.
Se esperaba que el representante de la empresa de mudanzas y los abogados de Freeman y Moss tuvieran acceso al apartamento de Giuliani para ver qué propiedades había allí y calcular el costo de trasladar los artículos nombrados en la orden de Liman, según un documento judicial presentado la noche del miércoles por Aaron Nathan, un abogado de las trabajadoras electorales.
En el documento, Nathan dijo que había hablado con los abogados de Giuliani pero que no estaban listos para entregar ningún artículo y no podían “responder ni siquiera a preguntas básicas” sobre la ubicación de los activos.
El abogado de Giuliani, Kenneth Caruso, dijo en una presentación judicial el martes por la noche que su cliente estaba dispuesto a entregar los activos, pero los abogados de Freeman y Moss no habían dado instrucciones sobre cómo hacerlo.
Nathan se negó a comentar el jueves. Ese mismo día, The Associated Press dejó mensajes telefónicos y por correo electrónico a un representante y abogados de Giuliani.
Mientras tanto, Liman ordenó el jueves a ambas partes que presentaran antes del lunes un informe de situación sobre cualquier intercambio de propiedades. Dijo que celebraría una conferencia sobre el estado de la transferencia de bienes el 7 de noviembre si los activos no se entregaban.
El fondo de defensa legal de Giuliani envió correos electrónicos el jueves pidiendo donaciones mientras lucha contra los “planes del Estado Profundo para arruinarme completamente”.
“Quieren mi casa, mis pertenencias, incluso todos los recuerdos nostálgicos que he coleccionado en mis 80 años de vida”, decía el correo electrónico.
Los abogados de Giuliani argumentaron que no se debía permitir que Freeman y Moss obtuvieran y vendieran las pertenencias de su cliente mientras está pendiente su apelación del juicio por $148 millones. Pero Liman falló en su contra la semana pasada y estableció el plazo para el martes. La apelación de Giuliani está actualmente ante un tribunal federal de apelaciones en Washington.
Ted Goodman, portavoz de Giuliani, dijo en un comunicado reciente que “el alcalde Giuliani está siendo castigado injustamente por activistas políticos partidistas que tratan de ponerlo como ejemplo”.
También se litiga si Giuliani debe entregar su condominio de $3 millones en Palm Beach, Florida que, afirma, es su residencia principal, además de varios anillos de la Serie Mundial de los Yankees que recibió cuando era alcalde.
Al impulsar las afirmaciones infundadas de Donald Trump de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas, Giuliani acusó falsamente a Freeman y Moss de fraude electoral, diciendo que introdujeron boletas electorales en maletas, contaron papeletas varias veces y manipularon las máquinas de votación.
Freeman y Moss demandaron por difamación y dijeron que las falsas acusaciones las llevaron a sufrir amenazas de muerte, las cuales les hicieron temer por sus vidas. Un jurado en Washington les otorgó 148 millones de dólares el año pasado.
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