Un juez pospuso el martes una decisión clave en el caso en que se acusa al presidente electo Donald Trump de pagar dinero a cambio de suprimir noticias desfavorables, mientras sus abogados argumentan que el caso debe ser desestimado el caso para que Trump pueda gobernar el país.

El juez de Nueva York Juan M. Merchan iba a decidir el martes sobre la solicitud anterior de desechar la condena de Trump por una razón diferente — debido a un fallo del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial. En cambio, Merchan le dijo a los abogados de Trump que detendría los procedimientos y retrasaría la decisión hasta al menos el 19 de noviembre para que los fiscales puedan dar su opinión sobre qué hacer a la luz de la victoria electoral del expresidente la semana pasada.

Los abogados de Trump y los fiscales habían acordado en días recientes el aplazamiento de una semana, según correos electrónicos presentados en el tribunal el martes.

Debido a las “circunstancias sin precedentes”, los fiscales necesitan considerar cómo equilibrar los “intereses encontrados” del veredicto del jurado y la presidencia, escribió el fiscal Matthew Colangelo.

Por su parte, el abogado de Trump, Emil Bove, argumentó que desechar el caso es “necesario para evitar impedimentos inconstitucionales a la capacidad del presidente Trump para gobernar”.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, celebró el retraso y dijo que la victoria del presidente electo deja “abundantemente claro que los estadounidenses quieren un fin inmediato a la politización de nuestro sistema de justicia, incluido este caso, que nunca debería haberse presentado”.

Los fiscales declinaron hacer comentarios.

Un jurado condenó a Trump en mayo por falsificar registros comerciales relacionados con un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. El pago fue para comprar su silencio sobre afirmaciones de que tuvo relaciones sexuales con Trump.

Trump dice que no tuvieron relaciones sexuales, niega cualquier acto ilícito y sostiene que la acusación fue una táctica política destinada a dañar su última campaña. Trump es republicano. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina llevó el caso, es demócrata, al igual que Merchan.

Poco más de un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por acciones que tomaron en el curso de gobernar el país, y los fiscales no pueden citar esas acciones ni siquiera para reforzar un caso centrado en conducta puramente personal.

Los abogados de Trump citaron ese fallo para argumentar que el jurado recibió algunas pruebas que no debería haber tenido, como declaraciones financieras presidenciales de Trump y testimonios de algunos ayudantes de la Casa Blanca.

Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era solo “una fracción” de su caso.

La condena criminal de Trump fue la primera para cualquier expresidente. Dejó al hombre de 78 años enfrentando la posibilidad de una multa, libertad condicional o hasta cuatro años de prisión.

El caso se centró en cómo Trump contabilizó el reembolso a su abogado personal por el pago a Daniels.

El abogado, Michael Cohen, pagó el dinero. Luego lo recuperó a través de una serie de pagos que la compañía de Trump registró como gastos legales. Trump, ya en la Casa Blanca, firmó la mayoría de los cheques él mismo.

Los fiscales dijeron que la designación tenía la intención de ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.

Trump dijo que Cohen fue legítimamente pagado por servicios legales, y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.

Trump era un ciudadano privado — haciendo campaña para presidente, pero ni elegido ni juramentado — cuando Cohen pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando se reembolsó a Cohen, y Cohen testificó que discutieron el arreglo de reembolso en el Despacho Oval.

Trump ha estado luchando durante meses para anular el veredicto. Mientras instaba a Merchan a anular la condena, el presidente electo también ha estado tratando de trasladar el caso a un tribunal federal. Antes de las elecciones, un juez federal negó el traslado, pero Trump ha apelado.

Trump enfrenta otros tres procesamientos no relacionados en varias jurisdicciones.

Pero el fiscal Jack Smith ha estado evaluando cómo concluir tanto el caso de interferencia en las elecciones de 2020 como el caso separado de documentos clasificados contra Trump antes de que asuma el cargo, una persona familiarizada con el asunto le dijo a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el asunto públicamente. La política de larga data del Departamento de Justicia dice que los presidentes en funciones no pueden ser procesados.

Mientras tanto, un caso de interferencia electoral en Georgia contra Trump está en gran parte en espera mientras Trump y otros acusados apelan una decisión del juez que permite que la fiscal principal en ese caso, Fani Willis, continúe procesándolo.