Greenbelt, Maryland — Un juez federal emitió el lunes una orden que prohíbe que los agentes de inmigración realicen operativos en lugares de culto para los cuáqueros y algunos otros grupos religiosos.

El juez de distrito Theodore Chang determinó que la medida del gobierno del presidente Donald Trump podría violar la libertad religiosa de estos grupos, por lo que deberá permanecer bloqueada mientras se lleva a cabo el proceso de impugnación.

La orden preliminar de restricción del juez con sede en Maryland aplica únicamente a los demandantes, entre los que también se incluye a una red de iglesias bautistas con sede en Georgia y un templo sij en California.

Los grupos interpusieron la demanda después de que el gobierno federal dejó de lado las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), las cuales limitaban los lugares en los que se podían llevar a cabo las detenciones de migrantes, en momentos en que Trump busca cumplir con sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones a gran escala.

El cambio en la política indica que los agentes de campo pueden llevar a cabo operativos con “sentido común” y “discreción” en lugares de culto sin la aprobación de un supervisor.

Los abogados de la parte demandante argumentan que la nueva directiva del DHS se aparta de una política que el gobierno mantuvo durante 30 años en contra de los operativos de inmigración en ”áreas protegidas” o “lugares sensibles”.

Cinco congregaciones cuáqueras de Maryland, Massachusetts, Pensilvania y Virginia interpusieron la denuncia en contra del DHS y su titular, Kristi Noem, el pasado 27 de enero, menos de una semana después de que se diera a conocer el cambio en la política.

Muchos inmigrantes tienen miedo de asistir a servicios religiosos mientras el gobierno aplica la nueva regla, dijeron los abogados de las congregaciones en un documento judicial.

“Es un miedo que atraviesa la gente en todo el país”, dijo el abogado de los demandantes, Bradley Girard, durante una audiencia hace unas semanas. “La gente no se presenta, y como resultado de ello los demandantes están sufriendo”.

Los abogados del gobierno afirman que la parte demandante pide al tribunal que interfiera en las actividades de seguridad basándose en meras especulaciones.

“Los demandantes no han proporcionado evidencia que indique que alguna de sus organizaciones religiosas se haya visto afectada”, dijo la abogada del Departamento de Justicia, Kristina Wolfe, al juez, quien fue designado al banco por el presidente Barack Obama.

Más de una veintena de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses también han presentado una demanda similar en el estado de Washington.

Los demandantes en el caso de Maryland son representados por la Fundación Democracy Forward, cuyos abogados pidieron una orden del juez para bloquear la política del DHS a nivel nacional.

“La nueva política del DHS le otorga la autoridad para entrar en cualquier lugar de culto en todo el país, sin importar sus creencias religiosas”, escribieron los abogados.

Los abogados del gobierno aseguran que durante años se han permitido operativos de inmigración en lugares sensibles, incluidos los lugares de culto. El único cambio en la política es que ya no se requiere la aprobación de un supervisor, añadieron.