Seattle - Un juez federal bloqueó temporalmente el jueves la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres.

El juez federal John C. Coughenour falló en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que argumentan que la 14ª Enmienda y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han cimentado la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El caso es una de las cinco demandas presentadas por 22 estados y varios grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en todo el país. Las demandas incluyen testimonios personales de fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento, y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus hijos no se conviertan en ciudadanos estadounidenses.

Firmada por Trump el día de la toma de posesión, la orden está programada para entrar en vigor el 19 de febrero. Podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas. En 2022, hubo unos 255,000 nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían en el país ilegalmente y unos 153,000 nacimientos de dos de esos padres, según la demanda de cuatro estados presentada en Seattle.

Estados Unidos es uno de los 30 países en los que se aplica el derecho de ciudadanía por nacimiento, el principio de jus soli o “derecho de suelo”. La mayoría se encuentran en el continente americano, y entre ellos figuran Canadá y México.

Las demandas argumentan que la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a las personas nacidas y naturalizadas en el país, y los estados llevan un siglo interpretando la enmienda en ese sentido.

Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

La orden de Trump afirma que los hijos de personas que no son ciudadanos americanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, y ordena a las agencias federales que no reconozcan la ciudadanía a los niños que no tengan al menos un progenitor que sea ciudadano.

En 1898 se produjo un caso clave relacionado con la ciudadanía por derecho de nacimiento. El Tribunal Supremo declaró que Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos nacido en San Francisco, era ciudadano estadounidense por haber nacido en el país. Tras un viaje al extranjero, el gobierno federal le denegó la entrada alegando que no era ciudadano en virtud de la Ley de Exclusión China.

Pero algunos defensores de las restricciones a la inmigración han argumentado que ese caso se aplicaba claramente a los hijos de padres inmigrantes legales. Dicen que está menos claro si se aplica a los niños nacidos de padres que viven ilegalmente en el país.

La orden ejecutiva de Trump llevó a los fiscales generales a compartir sus conexiones personales con la ciudadanía por derecho de nacimiento. El fiscal general de Connecticut, William Tong, por ejemplo, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chino-estadounidense elegido en el país, dijo que la demanda era personal para él.

“No existe un debate jurídico legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un grave daño ahora mismo a familias estadounidenses como la mía”, dijo Tong esta semana.

Una de las demandas encaminadas a bloquear la orden ejecutiva incluye el caso de una mujer embarazada, identificada como “Carmen”, que no es ciudadana pero ha vivido en Estados Unidos durante más de 15 años y tiene una solicitud de visado pendiente que podría conducir a un estatus de residencia permanente.

“Despojar a los niños del ‘inestimable tesoro’ de la ciudadanía es un grave perjuicio”, dice la demanda. “Les niega la plena pertenencia a la sociedad estadounidense a la que tienen derecho”.