McAllen, Texas — Un juez de Texas emitió el martes un fallo contra el secretario de Justicia estatal, que pretendía cerrar un albergue para inmigrantes en El Paso debido a que, en su opinión, fomenta la inmigración no autorizada.

El juez Francisco X. Dominguez, de El Paso, determinó que el intento del procurador estatal, Ken Paxton, de aplicar una orden judicial de presentación de los registros de los inmigrantes que reciben atención en el refugio Annunciation House, viola los derechos constitucionales del albergue. La decisión impide a Paxton revisar los registros y protege al albergue de lo que Dominguez calificó como “acoso y extralimitación” por parte de la oficina de Paxton.

Se espera que el estado de Texas apele la decisión.

Dominguez escribió que Paxton no identificó qué leyes creía que se estaban violando al solicitar los documentos.

“El expediente ante este tribunal deja claro que el uso por parte del secretario de Justicia Texas de la solicitud para examinar documentos de Annunciation House fue un pretexto para justificar su acoso a los empleados de Annunciation House y a las personas que buscaban refugio”, escribió.

Funcionarios estatales visitaron Annunciation House a principios de febrero y exigieron acceder inmediatamente a registros de los migrantes que reciben servicios en el albergue desde 2022, entre ellos, documentos médicos y de inmigración. Las autoridades de Annunciation House, que supervisa una red de albergues, dijeron que estaban dispuestas a cumplir la solicitud, pero necesitaban tiempo para determinar lo que podían compartir de forma legal sin violar los derechos constitucionales de sus clientes.

Paxton afirmó que, al dar refugio a inmigrantes, independientemente de su condición legal, Annunciation House facilitaba la inmigración ilegal, el tráfico de personas y operaba una casa de seguridad.

No se permitió la entrada de los investigadores que buscaban acceder a los registros al día siguiente de que solicitaron ingresar. Jerry Wesevich, abogado que representa a Annunciation House, dijo que, según la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, las corporaciones están protegidas contra búsquedas e incautaciones injustificadas por parte del gobierno.