Nueva York - En un giro extraordinario, un juez fijó el viernes la sentencia del presidente electo Donald Trump en su caso de pago de dinero por silencio para el 10 de enero, poco más de una semana antes de que regrese a la Casa Blanca, pero indicó que no será encarcelado.

La decisión del juez Juan M. Merchan, no obstante, encamina a Trump a convertirse en el primer presidente en asumir el cargo condenado por delitos graves.

Merchan, quien presidió el juicio de Trump, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al exmandatario y futuro presidente a lo que se conoce como una descarga condicional, en la que el caso se desestima si el acusado evita ser arrestado nuevamente.

Merchan rechazó el intento de Trump de desestimar el veredicto y desechar el caso bajo el argumento de inmunidad presidencial y debido a su inminente regreso a la Casa Blanca. El juez dijo que no encontró “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que era “imperativo” que lo hiciera antes de su toma de posesión el 20 de enero.

“Solo al traer una conclusión definitiva a este asunto se servirán los intereses de la justicia”, escribió Merchan.

Trump fue declarado culpable en mayo de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Los cargos involucraban un supuesto esquema para ocultar un pago de dinero por silencio a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels (Stephanie Clifford) en las últimas semanas de la primera campaña presidencial de Trump en 2016. El pago se realizó para evitar que Daniels hiciera públicas afirmaciones de que había tenido relaciones sexuales con Trump, quien está casado con Melania Trump. Trump se sostiene en que la historia de Daniels es falsa y que no hizo nada malo.

Tras Trump ganar las elecciones del 5 de noviembre de 2025, Merchan detuvo los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran considerar el futuro del caso.

Los abogados de Trump instaron a Merchan a desestimar el caso. Dijeron que, de lo contrario, supondría “disrupciones” inconstitucionales para la capacidad del presidente entrante de dirigir el país.

Los fiscales reconocieron que debería haber cierta consideración por su próxima presidencia, pero insistieron en que la condena debería mantenerse.

Las partes propusieron varias opciones, como congelar el caso durante su mandato o garantizarle una sentencia sin cárcel. También sugirieron cerrar el caso mientras se anotaba formalmente tanto su condena como su apelación pendiente, una idea novedosa basada en lo que hacen algunos tribunales estatales cuando los acusados fallecen mientras apelan sus casos.

Trump asumirá el cargo el 20 de enero como el primer expresidente condenado por un delito y el primer criminal condenado en ser elegido para la presidencia.

Su condena lo dejó enfrentando la posibilidad de castigos que van desde una multa o libertad condicional hasta un máximo de cuatro años en prisión.

El caso se centró en cómo Trump justificó el reembolso a su abogado personal por el pago a Daniels.

El abogado, Michael Cohen, adelantó el dinero. Más tarde lo recuperó a través de una serie de pagos que la empresa de Trump registró como gastos legales. Trump, que ya estaba en la Casa Blanca, firmó la mayoría de los cheques él mismo.

Los fiscales dijeron que esta designación tenía la intención de ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones desfavorables sobre el republicano durante su primera campaña.

Trump afirmó que Cohen fue pagado legítimamente por servicios legales y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.

Trump era un ciudadano privado, aunque en campaña para presidente, cuando Cohen pagó a Daniels en octubre de 2016. Ya era presidente cuando Cohen fue reembolsado, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de reembolso en la Oficina Oval.

Trump, un republicano, ha calificado el veredicto como el resultado “amañado y vergonzoso” de una “cacería de brujas” llevada a cabo por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata.

Antes de la elección de noviembre, los abogados de Trump intentaron revertir su condena por otra razón: una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en julio que otorgó a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesos penales. Esa solicitud seguía pendiente cuando las elecciones plantearon nuevos problemas.

Mientras instaban a Merchan a anular la condena, Trump también buscó trasladar el caso a un tribunal federal, donde también podría argumentar inmunidad. Un juez federal rechazó repetidamente esta solicitud, pero Trump apeló.

El caso de pago de dinero por silencio fue el único de las cuatro acusaciones penales de Trump que llegó a juicio.

Desde las elecciones, el fiscal especial Jack Smith cerró sus dos casos federales. Uno estaba relacionado con los esfuerzos de Trump para revertir su derrota en las elecciones de 2020; el otro alegaba que almacenó documentos clasificados en su finca Mar-a-Lago.

Un caso separado a nivel estatal sobre interferencia electoral en Georgia está en gran medida en pausa.