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25 de febrero de 2025 - 9:25 PM
Un juez federal se negó el lunes a ordenar de momento a la Casa Blanca que restablezca el acceso de The Associated Press a los eventos del presidente de Estados Unidos, diciendo que la agencia de noticias no había demostrado haber sufrido un daño irreparable. Sin embargo, instó al gobierno a reconsiderar la prohibición que implementó hace dos semanas, señalando que la jurisprudencia “es uniformemente inútil para la Casa Blanca”.
La decisión del juez federal de distrito Trevor N. McFadden, sin embargo, es sólo temporal. Les dijo a los abogados del gobierno del presidente Donald Trump y de la AP que el asunto requería más análisis antes de emitir un fallo.
McFadden indicó que la AP no había demostrado haber sufrido un daño que requiriera de una orden de restricción inmediata. Pero advirtió a la Casa Blanca que la ley no estaba de su lado en lo referente a prohibirle a la AP referirse al Golfo de México, y no simplemente “Golfo de Estados Unidos” como lo decretó Trump en una orden ejecutiva.
“Parece una clara discriminación por punto de vista”, dijo McFadden a Brian Hudak, un abogado del gobierno.
Al no haber un fallo, la Casa Blanca es libre de seguir restringiendo el acceso de la AP al Despacho Oval y otros lugares. El caso promete extenderse al menos hasta el 20 de marzo, fecha en la que se programó una audiencia adicional.
La portavoz de la AP, Lauren Easton, comentó después de la audiencia: “Estamos a la espera de nuestra próxima audiencia el 20 de marzo, donde continuaremos defendiendo el derecho de la prensa y del público a expresarse libremente, sin represalias del gobierno. Esta es una libertad fundamental de Estados Unidos”.
En tanto, la Casa Blanca desplegó mensajes de “Golfo de Estados Unidos” y “Victoria” en un par de monitores de la sala de prensa.
Hudak señaló que sólo por el hecho de que un reportero y un fotógrafo de la AP hayan tenido un lugar durante mucho tiempo dentro del grupo de prensa de la Casa Blanca no significa que la agencia tenga derecho perpetuo a ello.
“No se trata sólo de un acceso especial. Es un acceso extraespecial”, destacó Hudak, señalando que los periodistas de la AP mantienen acceso a la Casa Blanca y publican noticias de eventos, incluso cuando sus periodistas no están presentes en la sala donde ocurren. “El presidente puede elegir con quién hablar”.
Charles Tobin, un abogado que representa a la AP, dijo que no se trata de si Trump tenía que hablar con los reporteros de la agencia, sino que excluir a la agencia era un “problema constitucional”.
“No argumentamos que el presidente de Estados Unidos tenga que responder a las preguntas de The Associated Press”, declaró Tobin. “El asunto es que una vez que permite la entrada del grupo de prensa, no puede decir: ‘No me caes bien. Eres noticias falsas. Vete de aquí’”.
La Casa Blanca emitió un comunicado en el que declaró una victoria en el caso, señalando: “Defendemos nuestra decisión de hacer rendir cuentas a las noticias falsas por sus mentiras”.
McFadden, quien fue nominado por Trump, interrogó intensamente a las dos partes.
Al hablar sobre la composición del “grupo de prensa” que es elegido por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuestionó por qué el gobierno estaba obligado a acatar esas selecciones. “Se siente un poco extraño que la Casa Blanca esté de alguna manera obligada por las decisiones que toma esta organización”.
Más tarde, durante un intercambio con Hudak, subrayó: “La Casa Blanca ha aceptado que la asociación de corresponsales sea el árbitro aquí, y sólo ha discriminado a una organización. Eso parece problemático”.
Este mes, el gobierno de Trump le comenzó a prohibir a la AP el acceso al Despacho Oval, el avión presidencial y otras áreas que han estado abiertas a la agencia durante un siglo al formar parte del grupo de prensa de la Casa Blanca.
La disputa surge de la negativa de la AP a cambiar su estilo al referirse al Golfo de México porque su audiencia es global y ese cuerpo de agua no está únicamente en territorio de Estados Unidos. Sin embargo, también reconoce el hecho de que Trump le cambió el nombre.
La AP incluyó en su demanda a tres funcionarios de Trump: la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susan Wiles; el jefe de despacho adjunto, Taylor Budowich, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. La agencia, un medio de noticias sin fines de lucro en operación desde 1846, dijo que la maniobra de la Casa Blanca es un “ataque selectivo” dirigido a la misma base de la Primera Enmienda.
Budowich asistió al tribunal y se sentó en la mesa de la parte demandada. El corresponsal principal de la AP en la Casa Blanca, Zeke Miller, acompañó a los abogados de la parte demandante; la directora ejecutiva de la agencia, Julie Pace, estuvo en la primera fila de espectadores.
Decenas de medios noticiosos firmaron una carta la semana pasada en la que se hacía un llamado a la Casa Blanca a revertir su política. Entre los firmantes aparecen medios afines a Trump como Fox News Channel y Newsmax.
Trump ha calificado a la AP como una organización de “lunáticos radicales de izquierda” y dijo: “Vamos a mantenerlos fuera hasta que estén de acuerdo en que es el Golfo de Estados Unidos”.
En un correo electrónico a la AP, Wiles dijo que la organización de noticias fue excluida porque su influyente manual de estilo es utilizado como estándar por muchos periodistas, académicos y estudiantes en todo el país, según la demanda. Añadió que el gobierno tenía la esperanza de que se reflejara el cambio de nombre en el Manual de Estilo de la AP “en lo que concierne a las audiencias estadounidenses”.
Al igual que audiencias de Estados Unidos, el Manual de Estilo de la AP también es utilizado por audiencias internacionales. La AP ha dicho que se ofreció su recomendación para promover la claridad, y aunque se seguirá utilizando el nombre de Golfo de México, los periodistas también deberían señalar las acciones de Trump para cambiar el nombre.
El Manual de Estilo de la AP reconoce una orden ejecutiva de Trump en la que se le volvió a dar el nombre de Monte McKinley a la cumbre más alta de Estados Unidos, conocida previamente como Denali. Trump tiene la autoridad para hacerlo porque toda la montaña está dentro del país que gobierna, ha dicho la AP.
No es el primer caso de este tipo, ni siquiera el primero que involucra a Trump. Durante su primer mandato se le revocaron las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca al reportero de CNN Jim Acosta. Después de que CNN interpuso una demanda, otro juez federal nombrado por Trump falló a favor de restaurar el acceso de Acosta.
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