Una jueza federal dijo el martes que ordenará declaraciones juradas de funcionarios del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para determinar si cumplieron con sus órdenes de facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a una notoria prisión en El Salvador.

La jueza federal de distrito, Paula Xinis, en Maryland, emitió su orden después de que funcionarios del gobierno federal rechazaron en repetidas ocasiones traer de vuelta a Ábrego García, diciendo que desafiaron una orden “clara” de la Corte Suprema.

Xinis también desestimó las declaraciones del lunes de funcionarios de la Casa Blanca y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de que no podían traer de vuelta a Ábrego García y señaló que se trataban de “dos barcos muy desorientados cruzándose en la noche”.

“La Corte Suprema ha hablado”, dijo Xinis y añadió que lo que se dijo en el Despacho Oval el lunes “no fue ante un tribunal”.

La audiencia se produjo un día después de que asesores de la Casa Blanca repitieron la afirmación de que carecen de la autoridad para traer de vuelta al salvadoreño de su país natal. El presidente de El Salvador también dijo el lunes que no devolvería a Ábrego García, comparándolo con introducir de contrabando “a un terrorista en Estados Unidos”.

La deportación de Ábrego García se ha convertido en un punto de conflicto a nivel nacional mientras Trump sigue adelante con las promesas de campaña de deportaciones masivas, incluyendo a una notoria prisión en El Salvador.

Una abogada de Ábrego García dijo que los procedimientos por desacato podrían ser el siguiente paso lógico después de dos semanas de descubrimiento. “Esto sigue siendo una victoria, y esto sigue siendo un progreso”, dijo Rina Ghandi. “Sin embargo, aún no hemos terminado”.

La esposa de Ábrego García, Jennifer Vasquez Sura, dijo poco antes de la audiencia del martes que él estaba trabajando arduamente para lograr el sueño estadounidense para su familia.

“Ese sueño se hizo añicos el 12 de marzo cuando fue secuestrado y desaparecido por el gobierno de Estados Unidos frente a nuestro hijo de 5 años”, señaló. “Hoy es el día 34 después de su desaparición... No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo con vida”.

Ábrego García, de 29 años, llevaba viviendo en Estados Unidos aproximadamente 14 años, durante los cuales trabajó en construcción, se casó y estaba criando a tres hijos con discapacidades, según los registros judiciales.

Un juez de inmigración de Estados Unidos había protegido a Ábrego García de la deportación a El Salvador en 2019, dictaminando que probablemente enfrentaría persecución allí por parte de pandillas locales que habían aterrorizado a su familia. También se le otorgó un permiso federal para trabajar en Estados Unidos, donde era trabajador metalúrgico y miembro de un sindicato, según los abogados de Ábrego García.

Pero el gobierno de Trump expulsó a Ábrego García a El Salvador el mes pasado de todos modos. Los funcionarios del gobierno señalaron más tarde que se debía a “un error administrativo” pero insistieron en que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13 en Estados Unidos.

Ábrego García nunca fue acusado de un delito y ha negado las acusaciones, que incluyen ser miembro de la MS-13 en Long Island, Nueva York, donde nunca ha vivido.

A principios del mes, Xinis ordenó al gobierno de Trump que trajera de vuelta a Ábrego García. Y la Corte Suprema federal acordó el jueves que el gobierno debe “facilitar” la liberación de Ábrego García.

Pero la Casa Blanca se ha resistido a intentar negociar su regreso, argumentando que los tribunales no pueden interferir en los poderes diplomáticos del presidente.

Xinis ordenó a Estados Unidos el viernes proporcionar actualizaciones diarias sobre los planes para devolver a Ábrego García. El gobierno de Trump respondió el sábado que estaba vivo en la prisión de El Salvador. Pero solo ha reafirmado su decisión de no decirle a un tribunal federal si tiene algún plan para repatriar a Ábrego García.

En su declaración ante la jueza el lunes, el gobierno de Trump repitió lo dicho por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo contrabandear a un terrorista hacia Estados Unidos?”, dijo Bukele el lunes durante su visita a la Casa Blanca. “No tengo la autoridad para devolverlo a Estados Unidos”.

En una declaración ante el tribunal federal el martes, los abogados de Ábrego García mencionaron la orden del jueves de la Corte Suprema para facilitar su regreso.

“Para dar algún significado a la orden de la Corte Suprema, al menos se debería requerir al gobierno que solicite la liberación de Ábrego García”, escribieron los abogados. “Hasta la fecha, el gobierno no lo ha hecho”.

Los abogados también rechazaron la idea de que Estados Unidos carece de la autoridad para recuperarlo. Señalaron que Estados Unidos está pagando a El Salvador para mantener prisioneros, incluido Ábrego García, y “puede ejercer esos mismos derechos contractuales para solicitar su liberación”.

Bukele llegó a un acuerdo según el cual Estados Unidos pagará alrededor de 6 millones de dólares para que El Salvador encarcele a inmigrantes venezolanos durante un año. Trump ha dicho abiertamente que también favorecería que El Salvador tomara la custodia de ciudadanos estadounidenses que han cometido crímenes violentos, lo cual probablemente es ilegal.