Washington — Un jurado en Estados Unidos falló a favor de tres hombres iraquíes que sufrieron abusos en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, y ordenó a CACI, una empresa privada contratada por el Gobierno de Estados Unidos para realizar interrogatorios, a entregarles $42 millones en compensación por daños.

La decisión pone fin a un juicio histórico, ya que representó la primera vez que la Justicia estadounidense escuchó los testimonios de algunas de las víctimas de la llamada “guerra contra el terror”.

El jurado determinó que la empresa CACI era responsable de haber conspirado y ser cómplice de la tortura en 2003 y 2004 de los tres hombres: Suhail Al Shimari, un profesor de colegio, Asa’ad Zuba’e, un vendedor, y Salah Al-Ejaili, un periodista.

El fallo ordena a CACI a pagar $3 millones a cada uno de ellos por “daños compensatorios” y otros $11 millones por “daños punitivos”, según indicó en un comunicado Center for Constitutional Rights, la organización que representó a las víctimas durante el juicio.

Al-Ejaili, quien dio su testimonio en persona detallando las torturas y los traumas que le infligieron, celebró la decisión del jurado como una “victoria” no solo para él sino para “todas las personas que han sido oprimidas”.

El fallo es “una advertencia contundente para cualquier empresa o contratista que practique distintas formas de tortura y abuso. Esas empresas ya no deberían sentirse exentas de responsabilidad en el futuro”, indicó el periodista, que trabajó para la cadena catarí Al Jazeera.

Un grupo de 17 soldados del Gobierno de Estados Unidos fueron despedidos después de que se dieran a conocer las torturas sufridas por los prisioneros en Abu Ghraib, a las afueras de Bagdad. De este grupo, 11 fueron condenados en una corte militar.

Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que el Gobierno estadounidense no ha ofrecido compensaciones económicas ni vías legales para obtener justicia a quienes aseguran haber sufrido torturas o abusos por parte de militares estadounidenses en Irak.

El fallo de este martes estipuló la organización que representó a las víctimas, representa una “excepcional medida de justicia para los sobrevivientes del régimen de tortura impuesto por el Gobierno de Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre”, al igual que abre la posibilidad legal de hacer rendir cuentas a las empresas privadas que fueron partícipes.

La demanda inicial se presentó en 2008 y no fue sino hasta abril del año pasado que se dio inicio al juicio en Alexandria, a las afueras de Washington D.C.

Después de alrededor de 20 intentos de CACI para que el caso se desestimara, en 2021 el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó sus recursos de apelación y devolvió el caso al tribunal de distrito correspondiente.