Donald Trump ya ha nombrado a tres magistrados del Tribunal Supremo. Durante su segundo mandato, podría tener la oportunidad de nombrar a dos más, lo cual significaría que el máximo foro judicial tendría una mayoría nombrada por Trump que podría fungir durante décadas.

El resultado decisivo evita que la corte tenga que intervenir en disputas electorales. También parece probable que cambie el tono de los casos que se presenten ante la corte, incluidos los relacionados con el aborto y la inmigración.

Los dos magistrados de mayor edad —Clarence Thomas, de 76 años, y Samuel Alito, de 74— podrían considerar retirarse a sabiendas de que Trump, un republicano, los remplazaría con magistrados que podrían tener tres décadas menos, lo cual aseguraría el dominio conservador en la corte hasta mediados de siglo, o más allá.

Trump tendría una larga lista de candidatos entre los más de 50 hombres y mujeres que nombró a las cortes de apelación federales, incluidos algunos exsecretarios de Thomas y Alito.

Si ambos hombres se retiraran, probablemente no lo harían al mismo tiempo para minimizar la interrupción en las labores del Tribunal Supremo. Los magistrados David Souter y John Paul Stevens se retiraron con un año de diferencia, durante los primeros dos años de la presidencia de Barack Obama.

Thomas ha dicho en más de una ocasión que no tiene intención de retirarse.

Pero Ed Whelan, un abogado conservador que fungió como secretario del magistrado Antonin Scalia, escribió en el blog Bench Memos de la revista National Review que Thomas se dará cuenta de que la mejor manera de asegurar su legado es dejar que lo reemplace un magistrado con ideas afines y retirarse antes de las elecciones legislativas de medio mandato.

Si Thomas permanece en el Tribunal Supremo hasta cerca de su 80mo cumpleaños, en junio de 2028, superará a William O. Douglas como el magistrado que ha ostentado el cargo por más tiempo. Douglas fungió como magistrado del Supremo durante más de 36 años.

No hay garantía de que los republicanos mantengan su mayoría en el Senado entonces, y Thomas ya vio lo que sucedió cuando una de sus colegas no se retiró cuando podría haberlo hecho, escribió Whelan. “Sería imprudente de su parte arriesgarse a repetir el error de Ruth Bader Ginsburg: mantenerse en el cargo sólo para morir y ser reemplazado por alguien con una filosofía judicial muy diferente”, advirtió Whelan.

Ginsburg murió en septiembre de 2020, menos de dos meses antes de la elección de Joe Biden como presidente. Trump nominó a Amy Coney Barrett para llenar la vacante y la mayoría republicana impulsó su nominación en el Senado antes de las elecciones.

Barrett, junto con los magistrados Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, quienes también fueron nombrados al Tribunal Supremo por Trump, sumaron fuerzas con Thomas y Alito para anular Roe vs. Wade y poner fin al derecho al aborto a nivel nacional.

Junto con el magistrado presidente John Roberts, los conservadores también han ampliado el derecho a la portación de armas, han puesto fin a las políticas de acción afirmativa en las admisiones universitarias (políticas para garantizar la igualdad de oportunidades sin distinción de raza, sexo, religión u orientación sexual), han restringido los esfuerzos del gobierno de Biden para enfrentar el cambio climático y han debilitado a los reguladores federales al anular una decisión que había estado en vigor durante 40 años y había sido atacada por intereses empresariales y conservadores.

El histórico fallo de la corte no marcó el fin de su involucramiento en el tema del aborto; este año, los magistrados también consideraron casos relacionados con el aborto de emergencia en estados con prohibiciones y casos relacionados con el acceso al aborto con medicamentos.

Es previsible que el próximo gobierno elimine las directrices del gobierno de Biden que estipulan que los médicos deben proporcionar abortos de emergencia en caso de que sea necesario para proteger la vida o la salud de una mujer, incluso en estados donde el aborto está prohibido. Esto pondría fin a un caso de Idaho que los jueces enviaron de vuelta a los tribunales inferiores durante el verano.

El acceso a la pastilla abortiva de mifepristona también enfrentará un nuevo desafío en los tribunales inferiores. Esa demanda podría enfrentar dificultades en los tribunales inferiores luego de que la Corte Suprema permitiera el acceso al medicamento este año, pero quienes se oponen al aborto han planteado otras formas en que una administración conservadora podría restringir el acceso a la pastilla. Esto incluye la aplicación de una ley del siglo XIX llamada Ley Comstock, que prohíbe el envío por correo de medicamentos que podrían usarse en abortos, aunque Trump no se ha pronunciado claramente sobre la mifepristona.

Casos migratorios relacionados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) implementado en la presidencia de Obama, también están llegando a los tribunales. Trump intentó poner fin a la DACA en su primer mandato, pero el máximo foro judicial lo impidió. Ahora, la corte de apelaciones, de mayoría conservadora, con sede en Nueva Orleans, está considerando si el DACA es legal.

Una de las primeras batallas de la era Trump que llegó al Supremo concernía una medida que le prohibía el ingreso al país a personas de algunos países de mayoría musulmana. Finalmente, los magistrados aprobaron el programa después de dos revisiones.

Durante su campaña, Trump dijo que volvería a implementar dicha restricción.