Legisladores estatales de Arizona (Estados Unidos) preparan una iniciativa que pretende facilitar las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados que puso en marcha la nueva Administración del presidente Donald Trump.

El legislador republicano y presidente del Senado estatal, Warren Petersen, presentará la ‘Ley ICE de AZ’, que en caso de ser aprobada obligaría a todos los departamentos de Policía en el estado y al Departamento de Correccionales del Estado de Arizona a firmar un acuerdo con el servicio de inmigración.

El acuerdo de cooperación con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo el polémico programa federal 287 (g), otorgaría funciones de agentes de migración a los departamentos policiales locales, incluyendo la identificación y detención de una persona sospechosa de ser un inmigrante indocumentado.

“Terminar con la crisis en la frontera requiere que todos cooperemos. Esta legislación permitirá que el Gobierno federal y estatal trabajen juntos para proteger a nuestros ciudadanos”, dijo Petersen en declaraciones enviadas a EFE.

La propuesta también busca otorgar fondos adicionales para que los departamentos de policía puedan implementar la ley estatal 314, aprobada en Arizona durante las pasadas elecciones de noviembre.

Esta ley permite a los departamentos policiales arrestar y encarcelar a migrantes que han cruzado la frontera de manera irregular.

La ley aún no entra en vigor debido a que Arizona espera el futuro legal de una ley similar aprobada en Texas que se encuentra en las cortes.

La Asociación Estatal de Alguaciles de Arizona ha solicitado por lo menos un fondo de $50 millones adicionales al Legislativo estatal para implementar esta nueva medida en caso de que entre en vigor.

El Partido Republicano mantuvo el control de la legislatura estatal de Arizona durante las pasadas elecciones, lo que les facilita el poder avanzar leyes en contra de la migración irregular.

Petersen dijo que espera que la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, no se oponga a este proyecto y “respete” la voluntad de los votantes firmando la legislación una vez que llegue a su escritorio.