Seattle - Un juez federal que ya cuestionó la constitucionalidad de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento del presidente Donald Trump escuchará argumentos el jueves sobre una suspensión más prolongada de la orden, que busca impedir que los niños nacidos de padres que no están legalmente en el país obtengan de forma automática la ciudadanía estadounidense.

El juez federal de distrito John Coughenour, en Seattle, ha programado una audiencia con abogados del gobierno de Trump, cuatro estados que demandaron para detener la orden y una organización de derechos de los inmigrantes, que la impugna en nombre de un grupo de futuros padres.

El trámite se celebraba al día siguiente de que una jueza federal de Maryland emitiera una suspensión a nivel nacional en un caso separado pero similar que involucra a grupos de derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos próximos a nacer podrían verse afectados.

A continuación, un vistazo más detallado a la situación actual de la orden sobre ciudadanía por derecho de nacimiento del presidente.

La orden ejecutiva del presidente busca terminar con la concesión automática de ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres que están en el país ilegalmente o que están aquí de manera temporal, pero legal, como aquellos con visas de estudiante o turista.

Por ahora, sin embargo, está en pausa. Hace dos semanas, Coughenour calificó la orden de “flagrantemente inconstitucional” y emitió una orden de restricción temporal de 14 días bloqueando su implementación. El miércoles, la jueza federal de distrito Deborah Boardman siguió con una orden judicial que la mantiene suspendida a largo plazo, hasta que se resuelvan los méritos del caso, a menos que el gobierno de Trump logre una apelación exitosa.

Cuando Boardman preguntó si el gobierno apelaría, un abogado del gobierno dijo que no tenía la autoridad para tomar esa decisión de inmediato.

El jueves, el tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento vuelve ante Coughenour, un juez nombrado por Ronald Reagan. Durante una vista el mes pasado, dijo que el caso destacaba en sus más de cuatro décadas como juez federal.

“No recuerdo otro caso donde la pregunta presentada fuera tan clara como esta”, le dijo a un abogado del Departamento de Justicia.

Está previsto que su orden temporal que bloquea la acción ejecutiva expire el jueves, cuando escuchará argumentos sobre si debe emitir una orden judicial similar a la dictada por la jueza en Maryland.

En total, 22 estados, así como otras organizaciones, han demandado para tratar de detener la acción ejecutiva.

El caso ante el juez de Seattle el jueves implica a cuatro estados: Arizona, Illinois, Oregon y Washington. También se ha consolidado con una demanda presentada por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste. Dieciocho estados, liderados por Iowa, han presentado un escrito apoyando la posición del gobierno de Trump en el caso.

Hay otra vista programada para el viernes en un tribunal de Massachusetts. Ese caso implica a un grupo diferente de 18 estados que se oponen a la orden, incluido Nueva Jersey, que es el demandante principal.

Las demandas giran en torno a la 14ta Enmienda a la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la infame decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

Los demandantes argumentan que la enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, son indiscutiblemente ciudadanos.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

“La Constitución no alberga una cláusula de ganancia inesperada que otorgue la ciudadanía estadounidense a... los hijos de aquellos que han eludido (o desafiado abiertamente) las leyes federales de inmigración”, argumentó el gobierno en respuesta a la demanda en Maryland.

Los abogados de los estados han argumentado que ciertamente lo hace, como se ha reconocido desde la adopción de la enmienda, notablemente en una decisión de 1898 de la Corte Suprema de EEUU, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; enemigos presentes en EEUU durante una ocupación hostil; aquellos nacidos en barcos extranjeros; y aquellos nacidos de miembros de tribus indígenas estadounidenses soberanas.

Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría están en América, y Canadá y México están entre ellos.