San José, Costa Rica - El secretario de Estado, Marco Rubio, hablará de la prioridad del gobierno de Donald Trump de aplicar mano dura contra la inmigración cuando se reúna con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, el martes, un día después de alcanzar un acuerdo inusual con el líder de El Salvador para aceptar a personas deportadas por Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluidos criminales estadounidenses.

Rubio se reunió con el personal de la embajada estadounidense en San José mientras el diplomático enfrenta agitación importante en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que han dejado a muchos en la agencia y el Departamento de Estado inquietos y temerosos por sus empleos.

Se espera que Rubio responda preguntas más tarde en una conferencia de prensa con Chaves sobre la agitación en USAID, así como sobre la oferta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de aceptar migrantes de todas las nacionalidades que sean deportados por Estados Unidos, así como ciudadanos estadounidenses violentos encarcelados en ese país.

“Podemos enviarlos, y él los pondrá en sus cárceles”, dijo Rubio el lunes sobre la oferta de Bukele de aceptar migrantes de todas las nacionalidades detenidos en Estados Unidos. “También ofreció hacer lo mismo con los criminales peligrosos actualmente bajo custodia y cumpliendo condena en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales”, agregó Rubio.

Bukele confirmó la oferta en una publicación en X: “Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario”. Agregó que su país solo aceptaría a “criminales convictos” y cobraría El Salvador una tarifa que “sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

El Departamento de Estado describe las cárceles superpobladas de El Salvador como “duras y peligrosas”. En su página web actual de información del país dice: “En muchas instalaciones, las provisiones para saneamiento, agua potable, ventilación, control de temperatura e iluminación son inadecuadas o inexistentes”.

El Salvador vive bajo un estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando las poderosas pandillas callejeras del país iniciaron una ola de asesinatos. Bukele respondió suspendiendo derechos fundamentales como el acceso a abogados, y las autoridades han arrestado a más de 83.000 personas con poco o ningún debido proceso.

En 2023, Bukele inauguró una mega prisión con capacidad para 40.000 pandilleros y se jactó de servir solo una comida por día. Los prisioneros allí no reciben visitas, y no hay programas que los preparen para la reinserción en la sociedad después de sus condenas ni talleres o programas educativos.

El Salvador, que alguna vez fue uno de los países más peligrosos del mundo, cerró el año pasado con un récord bajo de 114 homicidios, lo cual ha impulsado la popularidad de Bukele en el país de unos 6 millones de residentes.

La migración ha sido el tema principal para la gira de Rubio por cinco naciones de Centroamérica que incluye Guatemala y República Dominicana. Primero fue a Panamá y luego a El Salvador.

Mientras Rubio estaba fuera del país, los empleados de USAID recibieron instrucciones el lunes para que se mantuvieran fuera de la sede de la agencia en Washington después de que el multimillonario Elon Musk anunció que Trump había acordado con él cerrar la agencia.

Miles de empleados de USAID ya habían sido despedidos y se habían cerrado programas. Rubio dijo a los periodistas en San Salvador que ahora era el administrador interino de USAID, pero que había delegado esa autoridad para no estar al frente de las operaciones diarias de la agencia.

El cambio significa que USAID ya no es una agencia gubernamental independiente como lo había sido durante décadas, y será dirigida desde el Departamento de Estado por funcionarios de la dependencia, aunque su nuevo estatus seguramente será impugnado en los tribunales.

En una carta que Rubio envió a los legisladores y que fue obtenida por The Associated Press, dijo que el Departamento de Estado trabajaría con el Congreso “para reorganizar y absorber ciertas oficinas, misiones y departamentos de USAID”.

Agregó que los procesos en la agencia, que ha sido afectada por la congelación de Trump de toda la asistencia extranjera, no están bien coordinados y eso “socava la capacidad del presidente para llevar a cabo relaciones exteriores”.

En sus comentarios, Rubio enfatizó que algunos y quizás muchos programas de USAID continuarían en la nueva configuración, pero que el cambio era necesario porque la agencia ya no rendía cuentas al poder ejecutivo ni al Congreso.