Lewelyn Dixon, una residente permanente de 64 años que emigró de Filipinas a Estados Unidos hace cinco décadas, se encuentra detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas federal (ICE, por sus siglas en inglés).

Su caso ha generado una gran preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, dado que la acusada contaba con una tarjeta de residencia permanente (“green card”) y tenía todos sus papeles en regla.

El pasado viernes 28 de febrero, Dixon fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma al regresar de un viaje a su país natal. Posteriormente, el domingo 2 de marzo, fue trasladada al Centro de Procesamiento del ICE del noroeste.

Emily Cristobal, sobrina de Dixon, dialogó con la publicación Newsweek y comentó que su familia no recibió información detallada del ICE sobre las razones específicas de la detención, aunque si se le permitió visitarla en el centro, el cual es una instalación privada operada por GEO Group que alberga a más de 1,500 detenidos desde su apertura en 2004.

Además, remarcó que su tía contaba con su tarjeta de residencia en su poder.

El abogado de Dixon, Benjamín Osorio, indicó que la detención se debe a una condena por malversación de fondos en 2001, por la cual la mujer cumplió 30 días en un centro de reinserción y se vio obligada a pagar una multa de $6,400 dólares. En su momento, no se le impuso ningún tiempo de prisión.

Osorio señaló que, si bien Dixon ya viajó al extranjero anteriormente sin demasiados problemas, su reciente vuelo a Filipinas activó su estatus de “inadmisible”, término que volvió a utilizarse en los últimos meses en el país, lo que llevó a su detención actual.

Dixon se encuentra en uno de los centros de detención del ICE.

Existen implicaciones legales para residentes permanentes con antecedentes penales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) señaló que los residentes permanentes legales titulares de una “green card” tienen derecho a vivir y trabajar en el país indefinidamente. Sin embargo, ciertas condenas penales pueden poner en riesgo su estatus migratorio. Esto incluye delitos como malversación de fondos, considerado como un acto de “bajeza moral”.

Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump intensificó notoriamente las políticas de control migratorio, con un claro enfoque puesto en la deportación de individuos con antecedentes penales.

Aunque la prioridad declarada es remover a quienes representan una amenaza para la seguridad pública, casos como el de Dixon, una mujer de 64 años con una condena no violenta de hace más de dos décadas, ponen en duda estas prácticas.

Newsweek destacó que la detención de Dixon generó gran inquietud tanto entre la comunidad migrante como entre los miembros de organismos defensores de los derechos humanos. La representante estatal de Hawái, Tina Nakada Grandinetti, puso al caso como ejemplo para impulsar un proyecto de ley que proporcionaría representación legal a individuos en procesos de inmigración.

Grandinetti enfatizó que lo ocurrido con Dixon “no es algo único” y aseguró que refleja un “ataque más amplio hacia los inmigrantes”. La audiencia más cercana programada para Dixon está fijada para el próximo jueves 17 de julio a las 2:30 p.m., aunque Osorio buscará adelantar la fecha.