Una jueza federal ordenó el miércoles una segunda pausa a nivel nacional sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para cualquier persona nacida en los Estados Unidos de alguien en el país ilegalmente, llamando a la ciudadanía el “derecho más preciado”.

La jueza de distrito Deborah Boardman dijo que ningún tribunal del país ha respaldado la interpretación de la Decimocuarta Enmienda por parte de la administración Trump.

“Este tribunal no será el primero”, dijo.

Agregó además que “la ciudadanía es un derecho muy preciado, expresamente otorgado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”.

Boardman dijo que la ciudadanía es una “preocupación nacional que exige una política uniforme”, y añadió que “sólo un mandato judicial a nivel nacional proporcionará un alivio completo a los demandantes”.

Tras leer su fallo desde el banquillo, la juez preguntó a un abogado del gobierno si recurrirían su decisión. El abogado dijo que no tenía autoridad para pronunciarse inmediatamente sobre esa cuestión.

La orden de Trump de la semana de inauguración ya había estado en suspenso temporal a nivel nacional debido a una demanda separada presentada por cuatro estados en el estado de Washington, donde un juez calificó la orden de “inconstitucional”. En total, 22 estados, así como otras organizaciones, han demandado para tratar de detener la acción ejecutiva.

Boardman, nombrada por el expresidente Joe Biden, accedió a la medida cautelar tras una vista en el tribunal federal de Greenbelt (Maryland). Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, y un puñado de mujeres embarazadas presentaron la demanda ante Boardman.

En el centro de las demandas está la decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil y la sentencia Dred Scott del Tribunal Supremo, que determinó que Scott, un esclavo, no era ciudadano.

“El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento es un fundamento de nuestra democracia nacional, está entretejido en todas las leyes de nuestra nación y ha dado forma a un sentido compartido de pertenencia nacional para generación tras generación de ciudadanos”, argumentaron los demandantes.

La administración Trump asegura que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

“La Constitución no alberga una cláusula inesperada que conceda la ciudadanía estadounidense a, entre otros: los hijos de quienes han eludido (o directamente desafiado) las leyes federales de inmigración”, argumentó el Gobierno en respuesta a la demanda.

La enmienda se añadió tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y a los afroamericanos libres. Establece lo siguiente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.

Además de los 22 estados con fiscales generales demócratas que pretenden detener la orden, 18 fiscales generales republicanos anunciaron esta semana que pretenden defender la orden del presidente uniéndose a una de las demandas federales presentadas en New Hampshire.

Estados Unidos es uno de los 30 países en los que se aplica el derecho de ciudadanía por nacimiento, el principio de “derecho del suelo”. La mayoría están en América, y Canadá y México se encuentran entre ellos.

Durante su primera semana en el cargo, Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración y emitió edictos para llevar a cabo promesas de deportaciones masivas y seguridad fronteriza.

Algunas acciones se sintieron de inmediato. Otras enfrentan desafíos legales. Otras órdenes, si es que se llevan a cabo, pueden tardar años en cumplirse, pero han provocado temor en las comunidades de inmigrantes.

Que Trump pueda promulgar su agenda podría depender del dinero. Se espera que el Congreso considere pronto el apoyo financiero. Trump puede usar poderes de emergencia para recurrir al Departamento de Defensa, como lo hizo para un muro fronterizo durante su primer mandato.