El hombre armado que asesinó a 23 personas en un ataque racista contra compradores de origen hispano en un Walmart de El Paso, cerca de la frontera entre Texas y México, en 2019, evitaría la pena de muerte gracias a un acuerdo de culpabilidad dado a conocer el miércoles, el cual pone un abrupto fin a los años de esfuerzos de la fiscalía para que el acusado fuera ejecutado mediante una inyección letal.

El fiscal de distrito del condado de El Paso, James Montoya, señaló que su decisión en el proceso legal contra Patrick Crusius por una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos se vio impulsada por los familiares de las víctimas que querían dejar el caso atrás.

“En el peor de los casos, podía ver que esto no fuera a juicio hasta 2028 si seguíamos buscando la pena de muerte”, dijo.

Pero Montoya también admitió que no todas las familias estaban de acuerdo con la decisión de su oficina, la cual se había comprometido durante la gestión anterior a llevar el caso a juicio y buscar la pena de muerte.

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, Montoya dijo que Crusius recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Crusius, de 26 años, ya había sido condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas a nivel federal después de declararse culpable en 2023 de cargos por crímenes de odio.

Mark Stevens, un abogado de Crusius, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, los fiscales federales también retiraron la pena de muerte, pero no explicaron por qué. Además del caso federal, Crusius también fue acusado en un tribunal estatal de asesinato punible con la muerte.

Montoya dijo que está a favor de la pena de muerte y cree que Crusius la merece. Pero mencionó que se reunió con los familiares de las víctimas y había un deseo predominante de concluir con el proceso, aunque algunos familiares estaban dispuestos a esperar el tiempo que fuera necesario para una sentencia de muerte.

“Simplemente me alegra que esto haya terminado”, dijo Elise Hoffmann-Taus, cuyo padre, Alexander Hoffmann, fue una de las víctimas. “Este es el resultado que quería”.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, también aseguró que Crusius merecía morir.

“He oído sobre esto. Para ser sinceros, creo que el tipo merece la pena de muerte”, comentó Abbott el martes. “La pena capital es para tiroteos como estos”.

Montoya, un demócrata, asumió el cargo en enero después de derrotar a un republicano que fue designado por Abbott.

Crusius, de raza blanca, tenía 21 años y había abandonado sus estudios en un colegio comunitario cuando, según la policía, condujo más de 700 millas desde su casa cerca de Dallas hasta El Paso.

Momentos después de publicar un manifiesto racista en internet en el que advertía de una “invasión” hispana en el estado, abrió fuego con un fusil de asalto estilo AK dentro y fuera de la tienda.

Antes del tiroteo, Crusius parece haberse visto envuelto por el debate sobre la inmigración, con publicaciones en internet en las que expresaba su apoyo a la construcción del muro fronterizo y otros mensajes que alababan las políticas fronterizas de línea dura del presidente Donald Trump, quien se encontraba en ese momento en su primer mandato. Fue más allá en la diatriba que publicó antes del ataque, diciendo que los hispanos iban a apoderarse del gobierno y la economía.

En los años posteriores al tiroteo, los republicanos se han referido a los migrantes que cruzan la frontera sur como una “invasión” y han desestimado las críticas de que tal discurso alimenta las opiniones y la violencia antiinmigrante.

En el caso del gobierno federal, Crusius recibió una cadena perpetua por cada uno de los 90 cargos en su contra, la mitad de los cuales fueron clasificados como crímenes de odio. El entonces secretario de Justicia Merrick Garland afirmó después de la sentencia que “nadie en este país debería tener que vivir con miedo a la violencia alimentada por el odio”.

Uno de sus abogados le dijo al juez antes de la sentencia que su cliente tenía el “cerebro descompuesto” y que sus ideas estaban “al margen de la realidad”.

Los fiscales federales no explicaron formalmente su decisión de no buscar la pena de muerte, pero reconocieron que Crusius sufría de trastorno esquizoafectivo, el cual puede estar marcado por alucinaciones, delirios y cambios de humor.

Las edades de las personas asesinadas oscilaban entre un deportista de escuela secundaria de 15 años hasta varios abuelos. Entre las víctimas había inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, profesores, comerciantes, incluido un exobrero metalúrgico, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera para ir de compras.

En 2023, Crusius acordó pagar más de $5 millones a sus víctimas. Los registros judiciales mostraron que sus abogados y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo sobre el monto de la compensación, el cual fue aprobado posteriormente por un juez federal de distrito. No había indicios de que tuviera activos significativos.