El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, accedió el lunes a pausar un plazo de medianoche para que el gobierno del presidente Donald Trump devuelva a Estados Unidos a un inmigrante radicado en Maryland que fue deportado por error a una notoria prisión en El Salvador.

La orden temporal se da horas después de una apelación de emergencia del Departamento de Justicia ante la Corte Suprema, argumentando que la jueza federal de distrito Paula Xinis excedió su autoridad cuando ordenó que Kilmar Ábrego García sea devuelto a Estados Unidos.

El gobierno estadounidense admitió que Ábrego García no debería haber sido enviado a El Salvador porque un juez de inmigración determinó que probablemente enfrentará persecución por parte de pandillas locales.

Sin embargo, el gobierno argumentó ya no está bajo custodia de Estados Unidos y por ello no tiene forma de llevarlo de vuelta.

Xinis dio al gobierno estadounidense hasta justo antes de la medianoche para “facilitar y efectuar” el regreso de Ábrego García.

“La orden judicial de la corte de distrito—que requiere la liberación de Ábrego García de la custodia de un soberano extranjero y su regreso a Estados Unidos antes de la medianoche del lunes—es manifiestamente ilegal”, escribió el procurador general D. John Sauer en documentos judiciales, calificando la orden como una en “un diluvio de órdenes judiciales ilegales” que los jueces han emitido para frenar la agenda de Trump.

La apelación del Departamento de Justicia fue dirigida a Roberts porque él maneja las apelaciones de Maryland.

El gobierno de Trump está solicitando por separado a la Corte Suprema que permita al presidente reanudar las deportaciones de inmigrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a la misma prisión salvadoreña bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

La corte federal de apelaciones en Richmond, Virginia, negó la solicitud del gobierno para una suspensión.

“No hay duda de que el gobierno cometió un error aquí”, escribió el juez J. Harvie Wilkinson en una breve opinión que acompaña la denegación unánime.

La Casa Blanca ha descrito la deportación de Ábrego García como un “error administrativo” pero también lo ha presentado como un miembro de la pandilla MS-13. Los abogados de Ábrego García dijeron que no hay evidencia de que él fuera miembro de MS-13.

“El poder ejecutivo no puede aprehender a individuos de las calles, depositarlos en prisiones extranjeras en violación de órdenes judiciales, y luego invocar la separación de poderes para proteger sus medidas ilegales del escrutinio judicial”, escribieron los abogados de Ábrego García en una respuesta presentada momentos después que Roberts emitiera su pausa temporal.

Xinis escribió que la decisión de arrestarlo y enviarlo a El Salvador parece ser “totalmente ilegal”, explicando que hay poca o ninguna evidencia que respalde una acusación “vaga y no corroborada” de que Ábrego García fue alguna vez miembro de MS-13.

Ábrego García, un ciudadano salvadoreño de 29 años que nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito, fue detenido por agentes de inmigración y deportado el mes pasado.

Tenía un permiso del Departamento de Seguridad Nacional para trabajar legalmente en Estados Unidos y era aprendiz de hojalatero buscando obtener una licencia de oficial, dijo su abogado. Su esposa es ciudadana estadounidense.

En 2019, un juez de inmigración prohibió a Estados Unidos deportar a Ábrego García a El Salvador.

Un abogado del Departamento de Justicia admitió en una audiencia judicial que Ábrego García no debería haber sido deportado. La secretaria de Justicia Pam Bondi luego removió del caso al abogado, Erez Reuveni, y lo puso bajo licencia.