Los votantes de Arizona han aprobado permitir que la policía local arreste a migrantes sospechosos de haber entrado de forma ilegal al estado desde México, una autoridad que invadiría el poder del gobierno federal sobre la aplicación de la ley de inmigración, pero que no entraría en vigor de inmediato, si es que alguna vez ocurre.

Con la aprobación de la Propuesta 314, Arizona se convierte en el último estado en poner a prueba los límites de lo que pueden hacer las autoridades locales para frenar la inmigración ilegal. En el último año, legisladores republicanos en Texas, Iowa y Oklahoma han aprobado leyes de inmigración. En todos los casos, los tribunales federales han suspendido los esfuerzos de los estados para cumplirlas.

Arizona, el único estado indeciso en la batalla presidencial en la frontera con México, no es ajeno a la amarga división sobre política migratoria. Desde principios de los años 2000, la frustración por la aplicación federal de la ley en la frontera ha inspirado un movimiento para involucrar a los departamentos de policía locales en la aplicación de la ley de inmigración, que tradicionalmente recaía en el gobierno federal.

La legislatura estatal aprobó una prohibición de contrabando de personas en 2005 que permitió al entonces jefe de la policía del condado de Maricopa, Joe Arpaio, realizar redadas de inmigración; impedir en 2007 que las empresas contratasen a sabiendas a personas que no tenían la documentación apropiada, y una ley de inmigración emblemática de 2010 que requería que la policía, al velar por el aplicación de otras leyes, preguntase por el estatus legal de personas sospechosas de estar en el país sin autorización.

A los votantes de Arizona se les ha pedido decidir sobre cuestiones migratorias con anterioridad. En 2004 aprobaron una ley que negaba algunos beneficios gubernamentales a las personas sin documentación legal, y en 2006 otra que declaraba el inglés como el idioma oficial del estado. También rechazaron una propuesta de 2008 que habría revisado a favor de las empresas la norma estatal que les prohíbe contratar a personas que están en el país sin autorización.

Los legisladores republicanos dicen que la propuesta era necesaria para ayudar a asegurar la frontera, ya que culpan al gobierno de Biden de un aumento sin precedentes de la inmigración ilegal. Los niveles récord de cruces ilegales han disminuido en los últimos meses tras las medidas adoptadas por la Casa Blanca para endurecer las restricciones de asilo.

Los contrarios a la Propuesta 314 alegan que afectaría a la economía y la reputación de Arizona, además de llevar a la discriminación racial de los latinos. Ese fue un problema que ya tuvo la población latina cuando Arpaio dirigía a la policía de Maricopa. En 2013, un juez federal dictaminó que los latinos habían sido objeto de discriminación racial en las patrullas de tráfico de Arpaio que tenían como objetivo a los migrantes, lo que derivó en una revisión de la agencia, ordenada por el tribunal, que se espera que cueste a los contribuyentes 314 millones de dólares en costos legales y de cumplimiento para mediados del verano de 2025.

Kelli Hykes, que trabaja en política sanitaria y es voluntaria de la campaña de Greg Whitten, el candidato demócrata en la carrera por el 8vo Distrito Congresional de Arizona, dijo que ha pensado cuidadosamente cómo votar sobre la medida de inmigración, pero no quiso compartir su decisión.

“Es muy divisivo, hay personas en mi familia que van a votar de una manera y yo de otra”, dijo Hykes.

La Propuesta 314 convertiría en un delito estatal que las personas entren ilegalmente en Arizona desde México más allá de los puertos de entrada oficiales, permitiendo que los agentes de la policía local y estatal los arresten y que jueces estatales puedan ordenar su deportación. Aquellos que hagan cumplir la ley estarían amparados contra demandas civiles.

Pero estas disposiciones no se aplicarían de inmediato. Un infractor no podría ser procesado hasta que una ley similar en Texas u otro estado haya estado en vigor durante 60 días consecutivos.

Los legisladores republicanos de Arizona que votaron para incluir la medida en la boleta se referían al Proyecto de Ley 4 del Senado de Texas. El texto, firmado en diciembre por el gobernador de Texas, Greg Abbott, permitiría a las autoridades locales y estatales detengan a personas acusadas de ingresar ilegalmente a Texas desde México.

Un tribunal de apelaciones federal lo suspendió en marzo. El mes siguiente, un panel de jueces federales escuchó a un abogado de Texas que defendió la ley y a abogados del Departamento de Justicia que alegaron que invadía la autoridad del gobierno federal sobre la aplicación de la ley migratoria. El panel aún no ha hecho pública su decisión.

Otras disposiciones de la Propuesta 314 no dependen de leyes similares fuera de Arizona. Si los votantes aprueban la medida, la venta de fentanilo que resulte en la muerte de una persona se convertiría de inmediato en un delito grave, punible con hasta 10 años de prisión, y sería delito que las personas sin la ciudadanía presenten documentación falsa para solicitar empleo o intentar recibir beneficios de programas locales, estatales y federales.