Washington - Donald Trump dijo que no sería un dictador, “excepto por el Día 1″. Según sus propias declaraciones, tiene mucho que hacer en ese primer día en la Casa Blanca.

Su lista incluye iniciar la deportación masiva de migrantes, revertir las políticas de la administración del presidente Joe Biden sobre educación, remodelar el gobierno federal despidiendo potencialmente a miles de burócratas que —según él— trabajan secretamente en su contra, e indultar a las personas que fueron arrestadas por participar en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 en protesta porque Trump no ganó las elecciones pasadas.

“Quiero cerrar la frontera, y quiero perforar, perforar, perforar”, dijo sobre sus planes para el Día 1.

Cuando asumió el cargo en 2017, también tenía una larga lista, incluyendo renegociar inmediatamente acuerdos comerciales, deportar migrantes y establecer medidas para erradicar la corrupción gubernamental. Esas cosas no sucedieron todas de una vez.

Aquí hay un vistazo a lo que Trump ha dicho que hará en su segundo mandato y si puede hacerlo en el momento en que entre a la Casa Blanca:

Trump ha dicho que “a los dos segundos” de asumir el cargo despedirá a Jack Smith, el fiscal especial que lleva dos casos federales contra él. Smith ya está evaluando cómo concluir los casos debido a la política de larga data del Departamento de Justicia que dice que los presidentes en funciones no pueden ser procesados.

Smith acusó a Trump el año pasado de conspirar para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y de retener ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Trump no puede indultarse a sí mismo en lo que respecta a su condena estatal en Nueva York en un caso donde fue hallado culpable de pagar para suprimir denuncias en su contra, pero podría aprovechar su estatus como presidente electo en un esfuerzo por dejar de lado o expurgar su condena por delito grave y evitar una posible sentencia de prisión.

Un caso penal en Georgia, donde Trump fue acusado de interferencia electoral, probablemente sea el único que quede en pie. Probablemente se posponga al menos hasta 2029, al final de su mandato presidencial. El fiscal de Georgia en el caso acaba de ser reelegido.

Más de 1,500 personas han sido acusadas desde que una turba de partidarios de Trump, incitada por el presidente saliente, atacó el Capitolio hace casi cuatro años.

Trump lanzó su campaña general en marzo no solo tratando de reescribir la historia de ese disturbio, sino posicionando el asalto violento y el intento fallido de revertir las elecciones de 2020 como una piedra angular de su oferta para regresar a la Casa Blanca. Como parte de eso, ha llamado a los alborotadores “patriotas increíbles” y prometió ayudarles “el primer día que lleguemos al cargo”.

Como presidente, Trump puede indultar a cualquier condenado en un tribunal federal, en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia o en un consejo de guerra militar. Puede frenar los procesos judiciales de los alborotadores solicitándoselo al procurador general.

“Estoy inclinado a perdonar a muchos de ellos”, dijo Trump en sus redes sociales en marzo al anunciar la promesa. “No puedo decir que todos porque un par de ellos probablemente se salieron de control”.

Trump podría comenzar el proceso de despojar a decenas de miles de empleados de carrera de sus protecciones del servicio civil, para que puedan ser despedidos más fácilmente.

Quiere hacer dos cosas: reducir drásticamente la fuerza laboral federal, que él considera un drenaje innecesario, y “aniquilar totalmente el “Estado profundo”, según él, enemigos que están escondidos en trabajos gubernamentales.

Dentro del gobierno, hay cientos de profesionales nombrados políticamente que van y vienen con las administraciones. También hay decenas de miles de funcionarios de “carrera”, que trabajan con presidentes demócratas y republicanos. Se considera que son trabajadores apolíticos cuya experiencia ayuda a mantener el funcionamiento del gobierno, particularmente entre transiciones.

Trump quiere la capacidad de convertir a algunas de esas personas de carrera en trabajos políticos, haciéndolos más fáciles de despedir y reemplazar con leales. Intentaría lograr eso reviviendo una orden ejecutiva de 2020 conocida como “Horario F”. La idea detrás de la orden era despojar a los trabajadores federales de las protecciones laborales y crear una nueva clase de empleados políticos. Podría afectar a aproximadamente 50,000 de los 2.2 millones de burócratas federales civiles.

El presidente demócrata Joe Biden rescindió la orden cuando asumió el cargo en enero de 2021. Pero el Congreso no aprobó un proyecto de ley que protegiera a los empleados federales. La Oficina de Administración de Personal, la principal agencia de recursos humanos del gobierno federal, finalizó una regla la primavera pasada contra la reclasificación de trabajadores, por lo que Trump podría tardar meses, incluso años, deshaciéndola.

Trump ha dicho que en particular se quiere enfocar en “burócratas corruptos que han convertido nuestro sistema de justicia en un arma” y en “actores corruptos en nuestro aparato de seguridad nacional e inteligencia”.

Más allá de los despidos, Trump quiere tomar medidas enérgicas contra los burócratas que filtran información a los reporteros. También quiere requerir que los empleados federales pasen una nueva prueba del servicio civil.

Trump prometió durante toda la campaña imponer aranceles a los bienes importados, particularmente los de China. Argumentó que tales impuestos de importación mantendrían los trabajos de manufactura en Estados Unidos, reducirían el déficit federal y ayudarían a bajar los precios de los alimentos. También los presentó como centrales en su agenda de seguridad nacional.

“Los aranceles son lo mejor que jamás se ha inventado”, dijo Trump durante un mitin en septiembre en Flint, Michigan.

El tamaño de los aranceles prometidos varía. Propuso al menos una tarifa del 10% en todos los bienes importados, 60% para los bienes de China y 25% para México, si no más.

Trump probablemente no necesite al Congreso para imponer estos aranceles, como quedó claro en 2018, cuando los impuso sobre las importaciones de acero y aluminio sin pasar por los legisladores citando la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esa ley, según el Servicio de Investigación del Congreso, otorga a un presidente el poder de ajustar los aranceles sobre las importaciones que podrían afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, como ya lo hizo Trump.

“Estamos siendo invadidos por México”, dijo Trump en un mitin en Carolina del Norte este mes. Hablando sobre la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, Trump dijo: “Voy a informarle el primer día o antes de que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% en todo lo que envíen a Estados Unidos”.

Trump dijo durante la campaña que en el Día 1 de su gobierno revocaría la acción de la administración Biden que busca proteger a los estudiantes transgénero de la discriminación en las escuelas.

La oposición a los derechos transgénero fue central en el argumento de cierre de la campaña de Trump. Su campaña emitió un anuncio en los últimos días de la carrera contra la vicepresidenta Kamala Harris en el que un narrador dijo: “Kamala es para ellos/ellas. El presidente Trump es para ti”.

La administración Biden anunció nuevas protecciones del Título IX en abril que dejaron claro que tratar a los estudiantes transgénero de manera diferente a sus compañeros es discriminación. Trump respondió diciendo que revocaría esos cambios, prometiendo hacer algunos el primer día de su nueva administración y señalando específicamente que tiene el poder de actuar sin el Congreso.

“Vamos a terminar con eso en el Día 1″, dijo Trump en mayo. “No olviden, eso se hizo como una orden del presidente. Eso se emitió como una orden ejecutiva. Y vamos a cambiarlo, en el Día 1 se cambiará”.

Es poco probable que Trump se detenga ahí.

Hablando en un mitin en Wisconsin en junio, Trump dijo que “el Día 1″ firmaría “una nueva orden ejecutiva” que cortaría el dinero federal para cualquier escuela que “impulse la teoría crítica de la raza, la locura transgénero y otro contenido racial, sexual o político inapropiado en las vidas de nuestros niños”.

Si bien es probable que cualquiera de estas acciones termine en los tribunales, como ha sucedido con el cambio de Biden al Título IX. Trump tiene un poder considerable a través de las órdenes ejecutivas para implementar estas promesas.

Trump busca revertir las políticas climáticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

Con una orden ejecutiva el Día 1, puede revertir las protecciones ambientales, detener los proyectos eólicos, desmantelar los objetivos de la administración Biden que fomentan el cambio a los coches eléctricos y abolir los estándares para que las empresas sean más respetuosas con el medio ambiente.

Ha prometido aumentar la producción de combustibles fósiles de Estados Unidos, prometiendo “perforar, perforar, perforar”, cuando asuma el cargo el primer día y buscando abrir la zona ártica a la perforación petrolera, lo que, según él, reduciría los costos energéticos.

Trump dice que podría resolver la guerra entre Rusia y Ucrania en un día.

Cuando se le pidió que respondiera a la afirmación, el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo “la crisis ucraniana no puede resolverse en un día”.

La secretaria de prensa nacional de Trump, Karoline Leavitt, dijo a Fox News después de que fuera declarado ganador de las elecciones que Trump ahora podría “negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”. Más tarde dijo: “Incluye, en el Día 1, llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones para poner fin a esta guerra”.

Rusia invadió Ucrania hace casi tres años. Trump, que no oculta su admiración por el presidente ruso Vladímir Putin, ha criticado a la administración Biden por dar dinero a Ucrania para luchar en la guerra.

En una aparición en CNN en mayo de 2023, Trump dijo: “Están muriendo, rusos y ucranianos. Quiero que dejen de morir. Y lo haré, lo haré en 24 horas”. Agregó que eso sucedería después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y Putin.

El mes pasado en su mitin en Madison Square Garden en Nueva York, Trump dijo: “En el Día 1, lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales. Rescataré cada ciudad y pueblo que ha sido invadido y conquistado, y pondremos a estos criminales viciosos y sedientos de sangre en la cárcel, luego los sacaremos de nuestro país lo más rápido posible”.

Trump puede dar la orden a su administración al momento de llegar al cargo, pero es mucho más complicado deportar realmente a los casi 11 millones de personas que se cree que están en Estados Unidos sin permiso legal. Eso requeriría una enorme fuerza de aplicación de la ley entrenada, instalaciones de detención masivas, aviones para mover personas y naciones dispuestas a aceptarlas.

Trump ha dicho que invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros. Esa ley raramente utilizada de 1798 permite al presidente deportar a cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense y sea de un país con el que haya una “guerra declarada” o una “invasión o incursión depredadora” amenazada o intentada.

Ha hablado sobre desplegar la Guardia Nacional, que puede ser activada por órdenes de un gobernador. Stephen Miller, asesor de Trump, dijo que los gobernadores republicanos simpatizantes podrían enviar tropas a estados cercanos que se nieguen a participar.

Preguntado sobre el costo de su plan, le dijo a NBC News: “No es una cuestión de un precio. No es, realmente, no tenemos opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los señores de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio”.