Nueva York - La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, creada por el Congreso para supervisar a las empresas de tarjetas de crédito, los proveedores de hipotecas, los cobradores de deudas y otros segmentos del sector de financiación al consumo, es la agencia gubernamental más reciente en Estados Unidos a la que el presidente Donald Trump le ha ordenado suspender sus labores.

Desde hace tiempo los conservadores han tenido en la mira la labor de la CFPB (siglas en inglés de la agencia). Los críticos se quejan de que ese organismo independiente, financiado por el Sistema de la Reserva Federal, carece de suficiente supervisión y con frecuencia excede su autoridad regulatoria. Sus defensores argumentan que su misión de vigilancia cuenta con un fuerte apoyo bipartidista.

A continuación presentamos algunos antecedentes sobre el alcance de las actividades de la CFPB, y cómo el precario estatus de la agencia podría afectar a los consumidores:

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor está encargada de crear reglas y tomar medidas coercitivas para proteger a los consumidores de prácticas injustas, engañosas o abusivas por parte de una amplia gama de instituciones financieras y empresas. Sus acciones involucran a bancos, proveedores de servicios hipotecarios, empresas de tarjetas de crédito, procesadores de préstamos estudiantiles, prestamistas a corto plazo, proveedores de transferencias de dinero, agencias de informes crediticios y cobradores de deudas.

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la CFPB aprobó normas que limitaban las comisiones por sobregiro bancario y eliminaban las deudas médicas de los informes crediticios. La oficina demandó a compañías de servicios financieros por engañar a los consumidores y a empleadores por engañar a trabajadores. También se centró en frenar las comisiones basura y las prácticas crediticias abusivas.

El Congreso estableció la agencia como parte de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, de 2010. El objetivo de la legislación era evitar que se repitiera una crisis financiera como la de 2008 y el escándalo de los préstamos hipotecarios de alto riesgo. La CFPB dice que, desde entonces, ha obtenido casi $20,000 millones en favor de los consumidores en forma de compensación monetaria, deudas canceladas, préstamos reducidos y otros tipos de alivios financieros.

Russell Vought, el nuevo director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), le indicó a la CFPB el fin de semana pasado que detuviera sus investigaciones y labores en propuestas de normas. También le ordenó a la agencia suspender las fechas de aplicación de cualquier norma que ya hubiera sido finalizada pero aún no estuviera en vigor, y cerró las oficinas de la CFPB durante una semana.

Vought envió un correo electrónico a los empleados el lunes por la mañana, el cual afirmaba que no debían “realizar ninguna tarea laboral”. Se les indicó que se pusieran en contacto con el abogado principal de la Oficina de Administración y Presupuesto “para obtener una aprobación por escrito” antes de hacer cualquier cosa.

Vought también informó en una publicación en redes sociales que la agencia no haría uso de su próxima ronda de financiamiento proveniente de la Reserva Federal, a la que el Congreso nombró fuente de financiación de la CFPB para evitar los forcejeos políticos entre los legisladores por el proceso de asignaciones de fondos.

Dos altos funcionarios renunciaron el martes en protesta. Ese mismo día, Trump nombró a Jonathan McKernan, exmiembro de la junta directiva de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), para que sea el nuevo director de la agencia.

Antes de que Trump asumiera el cargo, en ocasiones bancos y grupos industriales presentaban demandas para bloquear algunas de las normas de la agencia.

Por ejemplo, cuando la CFPB emitió una norma en 2017 para limitar la cantidad de pagos que los proveedores de préstamos a corto plazo, préstamos sobre títulos de vehículos y préstamos de alto costo a plazos podían tomar de las cuentas bancarias de los clientes, las asociaciones comerciales de prestamistas a corto plazo impugnaron el financiamiento de la agencia por parte de la Reserva Federal, calificándolo de inconstitucional. En mayo de 2024, la Corte Suprema rechazó su argumento y respaldó el modelo de financiación y supervisión de la CFPB.

El lunes, Trump defendió los empeños de su gobierno para reformar la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, diciendo que esa agencia fue “creada para destruir a la gente”.

La norma para regular las comisiones por sobregiro fue concluida e iba a entrar en vigencia en octubre, pero la directriz de Vought la puso en suspenso. Previamente los bancos habían interpuesto una demanda para que esa norma fuese desestimada.

Dicha regla obligaría a los bancos más grandes a elegir una de tres opciones: reducir las comisiones por sobregiro a $5; reducirlas a una tasa que refleje cuánto les cuesta a ellos un sobregiro, o divulgar, junto con la comisión, la Tasa Porcentual Anual (APR, por sus siglas en inglés) de la comisión, de la misma forma en que hacen con otros préstamos a corto plazo. En la actualidad, las comisiones por sobregiro rondan los $35 en promedio.

La CFPB finalizó una norma en enero que eliminaría las deudas médicas de los informes crediticios. La agencia había dicho que el cambio podría mejorar potencialmente las puntuaciones crediticias de millones de personas y facilitarles la obtención de hipotecas y otros préstamos. La norma iba a entrar en vigor 60 días después de su publicación en el Federal Register —la gaceta oficial del gobierno—, pero ahora está suspendida. También fue objeto de una impugnación jurídica.

“El presidente Trump hizo campaña para bajar los precios, y muchas personas votaron por él debido a los precios altos. No obstante, vemos que los republicanos se movilizan para obligarlas a pagar cuotas altas por sobregiro y pagar más por los préstamos a crédito”, declaró Lauren Saunders, subdirectora del National Consumer Law Center, una organización sin fines de lucro en pro de los consumidores y las personas de bajos ingresos. “El público en general piensa que las comisiones por sobregiro son injustas y que las deudas médicas no deberían aparecer en los informes crediticios. Si uno le pregunta a la gente común, estos no son temas partidistas”.

Lindsey Johnson, presidenta y directora general de la Consumer Bankers Association —una organización que representa a instituciones financieras que ofrecen servicios a minoristas—, dijo que el trabajo de la CFPB durante el gobierno de Biden había sido “agresivo”. Manifestó que, en los últimos años, la agencia tomó medidas sin seguir los procedimientos apropiados.

“No creemos que tuvieran la supervisión adecuada”, agregó.

Miranda Margowsky, portavoz de la Financial Technology Association, un grupo del sector que cuenta entre sus miembros a muchas empresas que utilizan tecnología innovadora para ofrecer servicios financieros, indicó que su organización anticipa y espera que varias reglas de la CFPB —incluidas las que rigen los planes de “compre ahora, pague después” y otros productos financieros que utilizan tecnología— sean revertidas “de un plumazo”.

Consideró que las reglas son “demasiado amplias, extralimitadas y dañinas”.

Quienes apoyan el trabajo de la CFPB protestaron frente a la sede cerrada de la oficina en Washington esta semana. Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), y otros han exigido la reapertura de la oficina.

“La CFPB ha brindado protecciones cruciales contra los grandes bancos y prestamistas”, manifestó Johnson en un comunicado. “Sin esta supervisión crucial, los consumidores —especialmente las comunidades de personas negras y morenas— serán vulnerables al fraude, los préstamos abusivos y las prácticas financieras discriminatorias”.

Kitty Richards, asesora estratégica sénior del grupo activista Groundwork Collaborative, informó que los consumidores de hoy son más vulnerables a las violaciones de privacidad de sus datos, comisiones basura y estafas financieras. Sin la CFPB, las corporaciones son “más libres para aprovecharse del pueblo estadounidense sin temer que podrían tener que devolver el dinero”, añadió.