Washington — El republicano y el demócrata de mayor nivel en el Comité de Servicios Armados del Senado solicitaron el jueves una investigación sobre cómo los funcionarios de seguridad nacional de Trump utilizaron la aplicación Signal para hablar de ataques militares, garantizando al menos un escrutinio bipartidista sobre un episodio que el presidente Donald Trump ha desestimado como frívolo.

El senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador Jack Reed, el principal demócrata, firmaron una carta dirigida al inspector general interino del Departamento de Defensa para solicitar una investigación sobre el posible “uso de redes no clasificadas para discutir información sensible y clasificada, así como el intercambio de dicha información con aquellos que no tienen la autorización adecuada ni la necesidad de saber”.

La afirmación de los senadores de que pudo haberse compartido información clasificada fue notable, debido especialmente a que la administración republicana de Trump ha sostenido que no había información clasificada en la cadena de Signal, que incluía a Jeffrey Goldberg, editor en jefe de la revista The Atlantic.

En todo Washington, la filtración de Signal fue una gran prueba al inicio del segundo mandato de Trump sobre el sistema de controles y equilibrios del gobierno federal destinado a proteger la seguridad nacional.

Sin embargo, aun cuando los mecanismos de supervisión e investigación comenzaron a funcionar, fue un esfuerzo vacilante, ya que la mayoría de los republicanos parecían dispuestos a esperar que la controversia se disipara. Mientras tanto, los demócratas criticaron el chat de Signal como una violación imprudente del secreto que podría haber puesto en riesgo a los efectivos militares.

“Esto puso a los pilotos en riesgo debido a la negligencia y el descuido”, dijo el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona y expiloto de combate.

Kelly y otros demócratas han pedido que el secretario de Defensa Pete Hegseth renuncie o sea despedido. “Si se tratara de un oficial del ejército, de cualquier nivel, o de una persona alistada, ya habría sido despedido”, dijo Kelly.

Cuando un reportero le preguntó el miércoles sobre la solicitud de Wicker, de Mississippi, y Reed, de Rhode Island, para que se inicie una investigación del inspector general en el Pentágono, Trump respondió: “No me molesta”.

Wicker, cuyo apoyo fue crucial para la confirmación de Hegseth en el Senado, es uno de los partidarios más fervientes de la defensa en el Congreso y dijo que el comité solicitará una audiencia clasificada con un alto funcionario del gobierno, así como que éste verifique el contenido del chat de Signal. El contenido, publicado por The Atlantic, muestra que Hegseth enumeró sistemas de armas y un cronograma para el ataque a principios de este mes contra los rebeldes hutíes, respaldados por Irán en Yemen.

Los republicanos del Senado criticaron el diálogo en Signal, pero no han pedido la destitución de Hegseth o de ninguna otra persona involucrada. El senador Mike Rounds, un republicano miembro de los comités de Inteligencia y Servicios Armados del Senado, dijo que cualquier supervisión debería hacerse “de manera bipartidista”.

Aun así, los demócratas presionan para investigar mucho más a fondo. El senador Mark Warner, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que quiere revisar los teléfonos de quienes participaron en el chat de Signal en busca de “malware” (programa maligno), e investigar si Hegseth había compartido planes militares en otros chats de Signal.

Warner dijo que esperaba el apoyo de los republicanos para solicitar esa investigación, pero hasta ahora, su homólogo republicano en el comité de inteligencia, el senador Tom Cotton, no ha dado señales de que se uniría a esos llamados.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia, que tradicionalmente ha manejado las investigaciones sobre el manejo indebido de información clasificada o sensible por parte de administraciones republicanas y demócratas, mostró que, en el mandato de Trump, probablemente se mantendría al margen. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa no relacionada qué es lo que planea hacer el Departamento de Justicia, la fiscal general Pam Bondi se mostró evasiva y dijo que la misión fue finalmente un éxito.

Haciendo eco de la Casa Blanca, Bondi también insistió en que ninguna parte de la información compartida en Signal estaba clasificada, aunque los funcionarios no han dado pruebas de que esto sea así. Los estatutos de la Ley de Espionaje exigen el manejo seguro de información de defensa nacional estrechamente guardada, aun si no está marcada como clasificada.

Bondi, quien ha prometido no jugar a la política con el departamento, rápidamente desvió el tema hacia la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Joe Biden, quienes fueron investigados por acusaciones de manejar indebidamente información clasificada, pero no fueron acusados. Ambos demócratas fueron objeto de extensas investigaciones criminales, y el FBI y el Departamento de Justicia tienen largos registros de tales investigaciones.

En el tribunal civil, en una demanda presentada por el grupo American Oversight contra varios funcionarios del gobierno de Trump y la Administración Nacional de Archivos y Registros, se asegura que violaron las leyes federales de mantenimiento de registros.

Eso no hizo más que inflamar aún más la ira de Trump hacia el poder judicial, especialmente cuando el caso fue asignado aleatoriamente el miércoles al juez federal de distrito James Boasberg, quien ya preside un caso en el que se impugna la deportación de migrantes venezolanos usando poderes de tiempo de guerra. En ese caso, el gobierno de Trump invocó esta semana el privilegio de “secretos de estado” para negarse a compartir detalles con el juez sobre el momento de los vuelos de deportación a El Salvador.

La mañana del jueves, Trump declaró que era “vergonzoso” que Boasberg hubiera sido asignado al caso en el tribunal de Washington.

“No hay forma de que un republicano, especialmente un REPUBLICANO DE TRUMP, gane ante él”, dijo Trump. Agregó que Boasberg, nominado por el presidente demócrata Barack Obama, está “altamente conflictuado”. Trump y sus aliados han pedido el juicio político de Boasberg.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también ha dicho que investigará el asunto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves a los reporteros que no tenía novedades sobre el estado de esa investigación.

“Hemos sido increíblemente transparentes sobre toda esta situación, y continuaremos siéndolo”, afirmó Leavitt.

Leavitt forma parte de los tres funcionarios del gobierno de Trump que enfrentan una demanda de The Associated Press fundamentada en la Primera y Quinta Enmiendas. La AP dice que los tres funcionarios castigan a la agencia de noticias por decisiones editoriales que ellos desaprueban. La Casa Blanca dice que la AP no cumple una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como el Golfo de América.