La nueva secretaria de Justicia del presidente Donald Trump, Pam Bondi, criticó el miércoles a los dirigentes de Nueva York en relación con las políticas de inmigración del estado, y anunció una demanda en el último intento del gobierno republicano de cumplir con las promesas de campaña del presidente sobre una aplicación de las leyes de inmigración más estricta.

En su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo la semana pasada, Bondi acusó a los dirigentes de Nueva York de dar prioridad a “los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses”. De pie frente a agentes federales que han sido asignados para ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración de Trump, repitió la retórica del presidente al prometer que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) se enfrentaría a las comunidades que obstaculizan los esfuerzos federales de inmigración.

Bondi dijo que el gobierno federal demandó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a la gobernadora Kathy Hochul por una ley estatal que permite a las personas que podrían no estar en Estados Unidos legalmente obtener licencias de conducir. La llamada Ley de Luz Verde se promulgó en parte para mejorar la seguridad pública en las carreteras, ya que las personas sin licencias a veces conducían sin el documento, o sin haber pasado una prueba de manejo. El estado también facilita que los titulares de tales licencias obtengan seguro de auto, reduciendo así los accidentes que involucran a conductores no asegurados.

“Este es un nuevo DOJ, y estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses”, afirmó Bondi, quien estaba acompañada por agentes del FBI, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y de la Administración de Control de Drogas que estaban alineados detrás de ella.

“Millones de inmigrantes ilegales con antecedentes violentos han inundado nuestras comunidades, trayendo violencia y drogas mortales con ellos”, indicó la secretaria.

La retórica políticamente cargada de Bondi, inusual para una institución que históricamente ha sido cautelosa al alinearse tan directamente con la Casa Blanca, y la selección de objetivos legales plantean nuevas preocupaciones de que podría buscar utilizar los poderes de la agencia para atacar a los adversarios del presidente. James, la fiscal general de Nueva York mencionada en la demanda, ha suscitado la ira de Trump al demandarlo, lo que ha llevado a un fallo civil por fraude que podría costarle al mandatario casi $500 millones.

James dijo en un comunicado que está preparada para defender las leyes del estado, que, según ella, “protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras nuestras comunidades”.

De pie junto a una “madre ángel”, cuya hija fue asesinada por un hombre que ingresó al país de manera ilegal, Bondi señaló que la madre representaba “a todas las grandes madres ángel de este país que han sufrido por lo que hizo el gobierno de (Joe) Biden”.

“Y ya se acabó”, afirmó.

Arremetió contra una disposición de la ley que, según ella, requiere que el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York informe a las personas que están en el país ilegalmente cuando una agencia federal de inmigración ha solicitado su información.

De momento no se pudo obtener una copia de la demanda.

La querella se presenta días después de que el Departamento de Justicia demandó a la ciudad de Chicago, alegando que sus leyes de “santuario” estaban obstaculizando los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Bondi apareció junto a Tammy Nobles, cuya hija de 20 años, Kayla, fue asesinada en Aberdeen, Maryland, en julio de 2022 por alguien procedente de El Salvador que ingresó al país ilegalmente meses antes en Texas. El agresor, en ese entonces de 16 años de edad, fue puesto en libertad y entregado a un primo para que pudiera solicitar asilo, lo cual es una práctica común bajo la ley y política de Estados Unidos. Según un informe de los republicanos de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, había sido acusado por las autoridades en El Salvador de estar afiliado a la violenta pandilla MS-13.

Para promover sus políticas de inmigración, Trump ha destacado a menudo a “madres ángel” como personas nobles que perdieron a sus seres queridos a causa de crímenes violentos cometidos por personas que se encontraban en el país ilegalmente.

En 2020, el gobierno de Trump intentó presionar a Nueva York para que cambiara su ley al prohibir a cualquier persona del estado inscribirse en programas de viajeros de confianza, lo que significaba que pasarían más tiempo en las filas de seguridad de los aeropuertos.

El gobernador de Nueva York en ese momento, Andrew Cuomo, ofreció restaurar el acceso federal a los registros de conducción de manera limitada, pero dijo que no permitiría que los agentes de inmigración vieran listas de personas que habían solicitado las licencias especiales disponibles para inmigrantes que no podían demostrar residencia legal en el país.

El gobierno de Trump finalmente restauró el acceso de los neoyorquinos al programa de viajeros de confianza después de una breve batalla jurídica.