El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volverá al poder el próximo año con una serie de herramientas tecnológicas a su disposición que le ayudarán a cumplir su promesa de campaña de endurecer las políticas migratorias, entre ellas, tecnología de vigilancia e inteligencia artificial que el gobierno de Joe Biden ya utiliza para tomar decisiones cruciales en términos del seguimiento, detención y, finalmente, deportación de inmigrantes no autorizados.

Aunque las autoridades migratorias han utilizado la tecnología durante años, una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con fecha de octubre, obtenida exclusivamente por The Associated Press, detalla cómo esas herramientas, algunas de las cuales funcionan con IA, ayudan a decidir si un inmigrante debe ser detenido o vigilado.

Un algoritmo, por ejemplo, clasifica a los inmigrantes con una “puntuación de huracán”, entre 1 y 5, para evaluar si una persona tratará de “evadir” la supervisión del DHS.

La carta, enviada por el director de inteligencia artificial del DHS, Eric Hysen, al grupo de derechos de los inmigrantes Just Futures Law, reveló que la puntuación calcula el riesgo potencial de que un inmigrante, con un caso pendiente, no se presente ante los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Hysen escribió que los agentes del ICE consideran la puntuación, entre otra información, para tomar decisiones sobre el caso de un inmigrante.

“La puntuación de huracán no toma decisiones sobre detención, deportación o vigilancia; más bien se utiliza para sustentar decisiones humanas”, escribió Hysen.

El kit de herramientas del gobierno también incluye una aplicación móvil llamada SmartLINK que utiliza reconocimiento facial y puede rastrear la ubicación específica de un inmigrante.

Casi 20,000 personas sin autorización para permanecer en el país que se encuentran en procedimientos de deportación están inscritas en el programa Alternatives to Detention, bajo el cual ciertos inmigrantes pueden permanecer en Estados Unidos mientras se resuelven sus trámites migratorios.

Cuando se acogen a este programa, SmartLINK y los geolocalizadores utilizados por el ICE rastrean rigurosamente a estos inmigrantes y sus movimientos. La aplicación utiliza tecnología de reconocimiento facial y datos de geolocalización, la cual ya se ha utilizado anteriormente para encontrar y arrestar a usuarios de la aplicación.

Just Futures Law escribió a Hysen este año, cuestionando si era justo usar un algoritmo para evaluar si una persona presentaba un riesgo de fuga y expresando preocupaciones sobre la cantidad de datos que recopila SmartLINK. Estos sistemas de IA, que califican o evalúan a las personas, se utilizan ampliamente pero, en gran medida, todavía no están regulados, a pesar de que se ha encontrado que algunos discriminan por raza, género u otros factores.

El DHS dijo en un correo electrónico que está comprometido a garantizar que la IA sea utilizada de manera transparente, que se proteja la privacidad y los derechos civiles, y que se eviten los sesgos. Agregó que está trabajando para implementar los requisitos del gobierno de Biden sobre el uso de la IA, pero Hysen dijo en su carta que los funcionarios del DHS pueden estar exentos de esos requisitos para ciertos usos. Trump ha prometido públicamente derogar la política de Biden sobre la IA cuando regrese a la Casa Blanca en enero.

“El DHS utiliza la IA para apoyar a nuestro personal en su trabajo, pero el DHS no utiliza los resultados generados por sistemas de IA como su única base para acciones policiales o denegar beneficios”, dijo un vocero del DHS a la AP.

Trump no ha revelado cómo piensa llevar a cabo su prometida deportación de unas 11 millones de personas que viven en el país de manera no autorizada. Aunque ha propuesto la invocación de poderes de tiempo de guerra, así como la participación militar, el plan enfrentaría grandes desafíos logísticos, como dónde alojar a los detenidos y cómo encontrar a personas dispersas por todo el país, algo que las herramientas de vigilancia operadas por IA podrían ayudar a solucionar.

Karoline Leavitt, una vocera de Trump, no respondió preguntas sobre cómo piensa usar la tecnología del DHS el gobierno entrante, pero dijo en un comunicado que “el presidente Trump movilizará todo el poder federal y estatal necesario para llevar a cabo la operación de deportación más grande” en la historia estadounidense.

Más de 100 grupos de la sociedad civil enviaron una carta el viernes en la que instaron a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca a requerir que el DHS cumpla con las directrices del gobierno de Biden. Dicha instancia no respondió por el momento a una solicitud de comentarios.

La directora ejecutiva de Just Futures Law, Paromita Shah, dijo que si los inmigrantes son calificados como riesgos de fuga, es más probable que permanezcan bajo detención, lo cual “limitaría su capacidad para preparar su defensa en un tribunal migratorio, lo cual, de por sí, ya es bastante difícil”.

La aplicación SmartLINK, operada bajo el Programa de Supervisión Intensiva de Apariencia (ISAP, por sus siglas en inglés), es administrado por BI Inc., una subsidiaria de la empresa privada de manejo de prisiones The GEO Group, la cual también tiene contratos con el ICE para administrar centros de detención para inmigrantes no autorizados.

El ICE ha proporcionado poca información sobre cómo utiliza la función de geolocalización de SmartLINK para encontrar y detener a inmigrantes. Sin embargo, los registros públicos muestran que durante el primer mandato de Trump en 2018, empleados de BI Inc. con sede en Manassas, Virginia, proporcionaron las geolocalizaciones de los inmigrantes a las autoridades federales, quienes luego arrestaron a más de 40 personas.

En un informe del año pasado para abordar inquietudes sobre el tema de la privacidad, el DHS dijo que la aplicación móvil incluye características de seguridad que “prohíben el acceso a la información en el dispositivo móvil del participante, con la excepción de puntos de ubicación cuando la aplicación se encuentra abierta”.

Pero el informe señala que sigue existiendo un riesgo de que los datos recopilados de las personas “puedan ser utilizados indebidamente para un monitoreo persistente no autorizado”.

Tal información también podría almacenarse en otras bases de datos del ICE y el DHS, dependencia que podría utilizarla para otros fines, advierte el informe.

En llamadas con inversionistas a principios de este mes, las empresas privadas de manejo de prisiones fueron claras sobre las oportunidades que se les presentan.

El presidente ejecutivo de The GEO Group, George Christopher Zoley, dijo que espera que la administración entrante de Trump “adopte un enfoque mucho más agresivo con respecto a la seguridad fronteriza, así como a la actuación en el territorio nacional y que solicite fondos adicionales del Congreso para alcanzar estos objetivos”.

“En el programa ISAP de GEO, podemos incrementar la cifra actual de 182.500 participantes a varios cientos de miles, o incluso millones de participantes”, dijo Zoley.

Ese mismo día, el jefe de otra empresa privada de prisiones dijo a los inversionistas que observaría con atención cómo la nueva administración podría modificar los programas de monitoreo de inmigrantes.

“Es una oportunidad para que múltiples contratistas puedan trabajar con el ICE en este programa de ahora en adelante y piensen en soluciones creativas e innovadoras, no sólo para obtener mejores resultados, sino también para aumentar el alcance del programa según sea necesario”, dijo Damon Hininger, director general de la empresa privada de prisiones CoreCivic Inc., en una conferencia para presentar sus resultados.

GEO no respondió a solicitudes de comentarios. En un comunicado, CoreCivic dijo que ha desempeñado “un papel valioso pero limitado en el sistema migratorio de Estados Unidos” tanto para gobiernos demócratas como para republicanos, durante más de 40 años.