Washington — Un tribunal federal de apelaciones rechazó el miércoles retirar una orden que impide que al gobierno de Estados Unidos deportar a migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia no bloqueará una orden emitida el 15 de marzo que prohíbe temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Invocando la ley por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del presidente Donald Trump deportó a cientos de personas bajo una proclamación presidencial que calificaba a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.

El Departamento de Justicia apeló después de que el juez federal de distrito, James Boasberg, bloqueó más deportaciones y ordenó que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no sucedió.

Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles presentaron la demanda en nombre de cinco venezolanos no ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Texas.

El caso se ha convertido en un punto de conflicto en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales.

Las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett aprobaron rechazar la solicitud del gobierno para retirar la orden. Cada una escribió opiniones concurrentes. El juez Justin Walker, un nominado por Trump, escribió una opinión disidente.

Millett, quien fue nominada por el expresidente demócrata Barack Obama, dijo que la orden de Boasberg simplemente congelaba el status quo “hasta que se puedan abordar cuestiones legales pesadas y sin precedentes” a través de una próxima audiencia.

“No hay jurisdicción ni razón para que este tribunal interfiera en esta etapa tan preliminar o para permitir que el gobierno anule unilateralmente las reclamaciones de los demandantes al removerlos inmediatamente más allá del alcance de sus abogados o del tribunal”.

Henderson, quien fue nominada por el presidente republicano George H.W. Bush, señaló que la decisión del tribunal no impide que el gobierno arreste y detenga a migrantes bajo la proclamación de Trump.

“Retirar las órdenes judiciales plantea el riesgo de exiliar a los demandantes a una tierra que no es su país de origen,” escribió. “De hecho, en la argumentación oral ante este tribunal, el gobierno dejó en claro que —si se retiraba la medida cautelar— comenzaría inmediatamente a deportar a los demandantes sin previo aviso".

Walker dijo que las denuncias de los demandantes pertenecen a Texas, donde están detenidos.

“El gobierno también ha demostrado que las órdenes del tribunal de distrito amenazan con causar un daño irreparable a delicadas negociaciones con potencias extranjeras en asuntos relacionados con la seguridad nacional”, escribió.

El presidente y director general de Democracy Forward, Skye Perryman, cuyo grupo de activismo jurídico también representa a los demandantes, señaló que el fallo del miércoles es un “paso importante para el debido proceso y la protección del pueblo estadounidense”.

“El presidente Trump está sujeto a las leyes de este país, y esas leyes no le permiten usar poderes de tiempos de guerra cuando Estados Unidos no está en guerra y no ha sido invadido para retirar a individuos del país sin someterlos a un proceso”, afirmó Perryman en un comunicado.

Boasberg, el juez principal del tribunal federal de distrito en Washington ha prometido determinar si el gobierno desafió su orden de traer de vuelta a los aviones. El gobierno ha invocado un “privilegio de secretos de estado” y se ha negado a proporcionar a Boasberg cualquier información adicional sobre las deportaciones.

Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó: “La destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin darles la oportunidad de tener una audiencia ante un juez de inmigración o de un tribunal federal.

Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de pandillas. Su fallo indicó que existe “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basándose en categorías que no tienen derecho a impugnar”.

La apelación fue escuchada por la jueza Patricia Millett, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama; el juez Justin Walker, nominado por Trump en 2020, y la jueza Karen LeCraft Henderson, nominada por el expresidente republicano George H.W. Bush en 1990.