Washington — El Tribunal Supremo de Estados Unidos parecía inclinado el martes a bloquear una demanda de $10,000 millones que México presentó contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos, alegando que las empresas han alimentado la violencia armada de los cárteles.

Tanto los jueces liberales como los conservadores parecían escépticos de que las afirmaciones pudieran superar los obstáculos en la ley estadounidense que en gran medida protege a los fabricantes de armas de las demandas cuando sus productos son utilizados en crímenes.

Fabricantes de renombre como Smith & Wesson apelaron a los jueces después de que un tribunal inferior permitiera que la demanda avanzara bajo una excepción para situaciones en las que las empresas de armas son acusadas de violar la ley.

Un abogado de México argumentó que el caso sobre el daño económico vinculado a la violencia armada aún está en sus primeras etapas y debería permitirse que avance.

Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh señaló argumentos de que muchos productos, desde bates de béisbol hasta medicamentos recetados, pueden ser mal utilizados, y una avalancha de demandas podría perjudicar la economía estadounidense. “Eso es una preocupación real, creo, para mí, sobre aceptar su teoría”, dijo.

La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que parecía que la demanda en última instancia busca “cambios en la industria de armas de fuego” del tipo que la ley de protección pretendía evitar.

El juez Samuel Alito planteó preguntas sobre si los estados de Estados Unidos podrían presentar demandas contra México por “conducta ilegal” que vinculan con actividades allí.

Pero el gobierno mexicano planteó el martes en un comunicado, que difundió la Cancillería, que “respeta el derecho del pueblo estadounidense de autogobernarse”, y reiteró que el caso “no versa sobre la segunda enmienda constitucional ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas”. “La demanda gira en torno al tráfico ilícito de éstas a nuestro país como consecuencia de las prácticas irresponsables de quienes las fabrican”, agrega el escrito.

Coincidentemente, los argumentos se presentan cuando los aranceles largamente amenazados por el presidente Donald Trump contra México y Canadá entran en vigor. Trump ha dicho que los aranceles están dirigidos en parte a forzar a los dos vecinos de Estados Unidos a intensificar su lucha contra el tráfico de fentanilo y detener la inmigración ilegal.

El caso comenzó hace cuatro años, cuando el gobierno mexicano presentó su demanda de gran impacto contra algunas de las mayores empresas de armas, incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock Inc.

México tiene estrictas leyes de armas y solo cuenta con una tienda donde las personas pueden comprar armas de fuego legalmente. Sin embargo, los poderosos cárteles de las drogas introducen miles de armas al país.

El gobierno mexicano afirma que al menos el 70% de esas armas provienen de Estados Unidos. La demanda sostiene que las empresas sabían que las armas eran vendidas a traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron aprovechar ese mercado.

Las empresas rechazan las acusaciones de México, argumentando que el país no se acerca a demostrar que son responsables de que relativamente pocas personas usen sus productos para cometer violencia.

Un juez federal desestimó la demanda bajo una ley de 2005 que protege a las empresas de armas de la mayoría de las demandas civiles, pero un tribunal de apelaciones la revivió. Determinaron que caía bajo una excepción a la ley de protección para situaciones en las que las empresas de armas son acusadas de violar la ley a sabiendas en sus ventas o marketing.

Esa excepción ha surgido en otros casos.

Las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en Sandy Hook, por ejemplo, argumentaron que se aplicaba a su demanda porque el fabricante de armas violó la ley estatal en la comercialización del fusil AR-15 utilizado en el tiroteo, en el que murieron 20 estudiantes de primer grado y seis educadoras.

El fallo eventual del Tribunal Supremo, esperado para finales de junio, también podría afectar otras demandas similares derivadas de tiroteos masivos. Sin embargo, ese aspecto del caso no pareció ser un enfoque principal durante los argumentos orales. El abogado de Smith & Wesson, Noel Francisco, dijo en un comunicado que las excepciones no son relevantes porque México no puede mostrar una conexión directa entre las prácticas comerciales de las empresas y la violencia de los cárteles.