El presidente estadounidense Donald Trump rescindió el jueves una orden ejecutiva dirigida a un destacado bufete de abogados internacional después de que este se comprometiera a revisar sus prácticas de contratación y a proporcionar decenas de millones de dólares en servicios jurídicos gratuitos para apoyar ciertas iniciativas de la Casa Blanca.

La medida llega tras una reunión entre Trump y Brad Karp, el presidente del bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton, sobre la orden de la Casa Blanca emitida la semana pasada.

La orden —la más reciente de una serie de acciones similares dirigidas a bufetes cuyos abogados han realizado trabajos jurídicos con los que Trump no está de acuerdo— amenazaba con suspender las autorizaciones de seguridad activas de los abogados de Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton, y con rescindir cualquier contrato federal que el bufete tuviera. Señalaba específicamente el trabajo de Mark Pomerantz, quien anteriormente trabajó en el bufete y supervisó una investigación de la fiscalía de distrito de Manhattan sobre las finanzas de Trump antes de que él se convirtiera en presidente.

Para evitar esas consecuencias, la Casa Blanca indicó que Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton había acordado “asumir una amplia gama de asuntos en forma gratuita que representan el espectro completo de puntos de vista políticos de nuestra sociedad”, renunciar al uso de consideraciones de diversidad, equidad e inclusión en sus decisiones de contratación y promoción, y dedicar el equivalente a 40 millones de dólares en servicios jurídicos gratuitos para apoyar las políticas del gobierno de Trump en temas que incluyen asistencia para veteranos y lucha contra el antisemitismo.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Karp afirmó: “Estamos agradecidos de que el presidente haya accedido a retirar la orden ejecutiva concerniente a Paul, Weiss. Esperamos tener una relación comprometida y constructiva con el presidente y su gobierno”.

El bufete es el blanco corporativo más reciente en hacerle concesiones al mandatario para evitar su ira.

Meta y ABC realizaron pagos de liquidación a la futura biblioteca presidencial de Trump para poner fin a demandas presentadas por él. Otras empresas tecnológicas y financieras han reducido públicamente los programas de diversidad, equidad e inclusión, en línea con los intereses políticos de Trump.

Órdenes ejecutivas anteriores han estado dirigidas a los bufetes de abogados Perkins Coie —que la semana pasada demandó en un tribunal federal en Washington— y Covington & Burling.