Miami — Franco Caraballo llamó a su esposa el viernes por la noche, llorando y en pánico. Horas antes, el barbero de 26 años y docenas de otros migrantes venezolanos que se encontraban en un centro de detención federal en Texas estaban vestidos con ropa blanca y esposados y fueron llevados a un avión. No tenía idea de a dónde iba.

Veinticuatro horas después, el nombre de Caraballo desapareció del localizador de detenidos en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El lunes, su esposa, Johanny Sánchez, se enteró de que Caraballo estaba entre los más de 200 inmigrantes venezolanos que fueron trasladados durante el fin de semana a El Salvador, donde ahora están recluidos en una prisión de máxima seguridad tras ser acusados por la administración Trump de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Sánchez insiste en que su esposo no es un miembro de una pandilla. Le resulta difícil incluso encontrar lógica en la acusación.

Los vuelos de las autoridades de inmigración de Estados Unidos desataron una frenética búsqueda entre familias aterrorizadas después de que cientos de inmigrantes desaparecieron del localizador en línea de ICE.

Algunos aparecieron en esa prisión en El Salvador, un complejo masivo donde no se permiten visitas, recreación ni educación. Estados Unidos ha pagado al gobierno de El Salvador $6 millones para mantener a los prisioneros, muchos de ellos venezolanos. El gobierno venezolano rara vez acepta deportados de Estados Unidos.

Pero muchas familias no tienen idea de dónde buscar a sus seres queridos. El Salvador no tiene una base de datos en línea para buscar a los internos, y las familias muchas veces pasan dificultades para recibir información.

“No me ha vuelto a llamar, no sé nada de mi hijo”, indicó Xiomara Vizcaya, una venezolana de 46 años.

Ali David Navas Vizcaya había estado en detención en Estados Unidos desde principios de 2024, cuando llegó de México a un cruce fronterizo con Estados Unidos donde tenía una cita para hablar con funcionarios de inmigración. La llamó tarde el viernes por la noche y dijo que pensaba que lo deportarían a Venezuela o México. Su nombre ya no está en el sistema del ICE.

Casi 8 millones de venezolanos han dejado su patria desde 2013, cuando colapsó su economía dependiente del petróleo. La mayoría inicialmente se fue a otros países de América Latina, pero más se dirigieron a Estados Unidos después de que se levantaron las restricciones por COVID-19 durante la administración Biden.

El sábado, el presidente Donald Trump anunció que había invocado una ley de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite a Estados Unidos deportar a no ciudadanos sin ningún recurso legal, incluidos los derechos a comparecer ante un juez de inmigración o de un tribunal federal.

Muchos conservadores han aplaudido las deportaciones y al gobierno de Trump por adoptar una línea dura para lidiar con la inmigración.

La administración Trump dice que está utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua, afirmando que la pandilla estaba invadiendo Estados Unidos, aunque no ha proporcionado ninguna evidencia que respalde las afirmaciones de pertenencia a la pandilla.

Los funcionarios estadounidenses reconocieron en un documento judicial el lunes que muchas de las personas enviadas a El Salvador no tienen antecedentes penales, aunque insistieron en que todos son sospechosos de ser miembros de pandillas.

“La falta de antecedentes penales no indica que representen una amenaza limitada”, dice una declaración jurada incluida en el documento, añadiendo que, junto con su supuesta pertenencia a una pandilla, “la falta de información específica sobre cada individuo realmente resalta el riesgo que representan”.

El supervisor regional del ICE, Robert Cerna, dijo en una declaración jurada que los agentes no se basan “sólo en tatuajes” para identificar a posibles pandilleros.

El 3 de febrero, Caraballo fue a una oficina del ICE en Dallas para otro chequeo obligatorio con los agentes que manejaban su solicitud de asilo. Había estado yendo regularmente a la oficina durante meses.

Había sido aprehendido y liberado después de cruzar la frontera sur en octubre de 2023, de acuerdo con documentos del Departamento de Seguridad Nacional facilitados por su esposa, y se le dijo que se reportara a la oficina del ICE más cercana una vez que llegara a su destino dentro del país. Los documentos dicen que era “miembro/activo” del Tren de Aragua, pero no brindaban evidencia para sustentarlo.

¿Qué miembro de una pandilla —preguntó su esposa— entraría en una oficina policial federal durante una batida de la administración Trump que ha dejado a los inmigrantes de todo el país con miedo a ser deportados?

“Hacemos todo conforme a la ley. Nunca hemos fallado” a ninguna cita con las autoridades, expresó Sánchez, quien permanece en Estados Unidos tratando de conseguir la liberación de su esposo. Añadió que su esposo, con quien se casó en 2024 en Texas, no ha tenido problemas con la ley en Estados Unidos. También mostró a The Associated Press un documento del gobierno venezolano que muestra que no tiene allí ningún historial criminal.

Sánchez cree que fue acusado erróneamente de pertenecer al Tren de Aragua debido a un tatuaje en forma de reloj que marca el cumpleaños de su hija de una relación anterior.

“Mi marido tiene muchos tatuajes, pero eso no es para que lo discriminen”, afirmó.

Sánchez manifestó que ella y su esposo dejaron Venezuela en 2023 con apenas 200 dólares y pasaron los siguientes tres meses durmiendo en plazas, comiendo de la basura y dependiendo de la buena voluntad de otros migrantes mientras viajaban hacia el norte.

Pensó que el sacrificio valdría la pena. Su esposo había estado trabajando como barbero desde los 13 años y en Estados Unidos tenía la esperanza de encontrar un nuevo comienzo, escapando de los salarios de pobreza y la política tóxica del régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela.

El gobierno venezolano ha criticado las transferencias, llamándolas “secuestros” e instando a la gente a protestar el martes en la capital, Caracas, para exigir que los detenidos en El Salvador sean enviados a su patria.

Jorge Rodríguez, el principal negociador de Maduro con Estados Unidos, instó a los venezolanos que viven en el país norteamericano a regresar a casa.

El sueño americano, dijo, se había convertido en una “pesadilla salvadoreña”.

Sánchez está de acuerdo. Quiere dejar Estados Unidos una vez que encuentre a su esposo.

“Si venimos de Venezuela se supone que es para algo mejor. Nunca imaginamos que llegamos a vivir algo peor”.