La determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de paralizar la implantación de una ley adoptada el año pasado para elevar el tope de costos en los que puede incurrir un gobierno municipal al otorgar un contrato de construcción sin subasta podría tener repercusiones sobre la calidad de vida de los ciudadanos, al igual que en los recaudos de los ayuntamientos, advirtieron alcaldes entrevistados.

“Esa ley no tiene ningún impacto en el presupuesto del gobierno, así que no los entiendo”, fue la reacción inicial del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. “De verdad que no los puedo entender porque la ley lo que hace es agilizar la construcción. Yo espero que el gobierno les pida una reunión y les explique porque, por lo que veo, no entienden”, puntualizó.

La Ley 141 de 2024 aumentó de $200,000 a $500,000 el nivel de costos en los que puede incurrir un ayuntamiento al otorgar un contrato de construcción sin licitación, y, a modo de excepción, dispuso que el umbral incrementaría hasta $1 millón en períodos de emergencia declarada por el propio alcalde, el gobernador o el presidente de Estados Unidos.

La legislación buscaba amortiguar el impacto del alto costo de los materiales de construcción y la mano de obra, lo que, a su vez, ha tenido el efecto de duplicar o triplicar el costo de los proyectos. “Con $200,000 ya tú no haces nada porque los costos están demasiados altos”, aseveró el ejecutivo municipal coameño.

Según García Padilla, algunos contratistas pequeños se abstienen de participar en procesos formales de subasta pública porque resultan más onerosos, por lo “tortuoso”, dijo, del proceso y porque encarecen sus costos operacionales. “Yo tengo de 12 a 14 contratistas en Coamo que le hace bien porque son pequeños, pero tienen la capacidad de asumir proyectos de hasta $500,000″, aseveró.

Para la JSF, sin embargo, la Ley 141 desincentiva la competencia del mercado y aumenta la probabilidad de que los municipios enfrenten costos más altos para proyectos de construcción, según estipuló el director del ente fiscal, Robert Mujica, en una misiva cursada al nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech.

La política pública, además, se aparta de la responsabilidad fiscal que busca la ley Promesa, sostuvo Mujica en la carta con fecha del 21 de enero y en la que también solicitó -de parte del gobierno- garantías de que las disposiciones del estatuto no se pondrán en vigor hasta que se logre un acuerdo para introducir enmiendas.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, argumentó, por escrito, que, si bien la limitación de $500,000 no aplica a fondos federales, la nueva ley permite que proyectos de menor envergadura se lleven a cabo de manera más rápida y efectiva.

“Retroceder en este aspecto sería contraproducente, especialmente considerando que la Junta aún no se ha reunido con los municipios para escuchar sus opiniones sobre esta ley ni para abordar las trabas que enfrentamos los alcaldes al tratar de ejecutar obra”, manifestó Romero, quien inicia un segundo cuatrienio como alcalde de la capital.

Para el presidente interino de la Asociación de Alcaldes, Marcos Cruz Molina, la congelación del mencionado estatuto afectaría el desarrollo económico de los ayuntamientos en términos de las contrataciones y los recaudos que se dejarían de recibir por concepto de patentes municipales.

“Paralizar la ley es un retroceso porque esto va a conllevar más procesos burocráticos que, al final del día, no nos convienen, y máxime ahora con la amenaza del presidente Donald Trump en términos de congelar todos estos programas y el dinero (de reconstrucción)”, expuso Cruz Molina.

“Todos sabemos que los costos de construcción han aumentado vertiginosamente, y hasta la iniciativa de reparación más sencilla en este 2025 es más cara. De cualquier manera, un proyecto de $200,000 o de $500,000 tiene que pasar por las mismas reglamentaciones y protecciones para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos”, subrayó el presidente interino del organismo que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).

El ejecutivo municipal indicó que tienen pendiente una reunión con la Junta en la que podrían abordar el asunto, aunque el encuentro está relacionado con el desembolso de los fondos incluidos en el presupuesto vigente para garantizar los servicios de paramédicos y el programa de auxiliares del hogar. “Estos fondos fueron aprobados en el presupuesto, y han pasado cinco meses y no hemos visto ese desembolso”, apuntó.

A la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, el asunto no le afecta directamente, ya que indicó que su administración celebra licitaciones para todos los proyectos, independiente de su cuantía. “Siempre he creído que debemos hacer las licitaciones, así que, a más cubiertos que estemos en términos de transparencia, ética y todo eso, mejor”, señaló.

Nazario, no obstante, reconoció que, a la hora de desarrollar un proyecto de construcción, enfrentan contratiempos ante la ausencia de licitadores debido a la cantidad de obras que se desarrollan en todo el país. Este escenario ha provocado que tengan que recurrir a la contratación directa, transacción que requiere la aprobación de la Legislatura Municipal.

“Hay demasiados proyectos corriendo para la cantidad de contratistas que hay disponibles”, enfatizó la alcaldesa popular.