La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, radicó este martes una querella contra el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), por supuestamente impulsar la contratación de una compañía específica para el manejo de la erosión costera en el municipio.

“Esta es una situación insólita, que nunca había experimentado en todos mis años en el servicio público. En el documento entregado hoy (martes), están todos los detalles, y espero que el personal de la OEG atienda este caso de manera urgente. Encima de la preocupación que tenemos con la erosión costera, también tenemos que lidiar con este intento de intervención indebida que por supuesto, no acepté”, expresó la ejecutiva municipal por escrito.

Según la denuncia, Nazario Fuentes alertó al secretario designado del evento de marejadas que agravó la situación de erosión costera en la comunidad de Parcelas Suárez, que ponía en riesgo la estabilidad del terreno, la infraestructura –sanitaria y eléctrica– y la seguridad de los residentes.

Ante ello, la alcaldesa expresó su intención de atender el asunto con un muro “riprap”, lo que requería la autorización del DRNA. A su vez, se requería la transferencia de unos $90,000, aprobados para otro proyecto en Loíza, para manejar la emergencia, lo que se concretó.

“El designado secretario del DRNA, aquí querellado, la llamó (a la alcaldesa) el 16 de enero de 2025, indicando que el problema podía resolverse mediante la instalación de un sistema de tubos de arena en las áreas afectadas. Agregó que había contactado a un contratista dispuesto a realizar el proyecto”, lee la denuncia.

Supuestamente, Quiles Pérez le dijo a Nazario Fuentes que “el contratista ya había visitado el lugar y que era cuestión de que el Municipio de Loíza lo contratara para realizar el trabajo, sin ofrecer más opciones”.

No obstante, la alcaldesa hizo saber su intención de colocar el revestimiento de piedras, como se lo habían recomendado los asesores del ayuntamiento, pues era una alternativa “inmediata y preventiva”. Ese mismo día, se aprobó la autorización de emergencia del DRNA.

“El contratista buscado y recomendado por el querellado ni tan siquiera ha participado de las reuniones que ha sostenido el personal del Municipio de Loíza que lleva lidiando con este asunto desde principios de este año. La sugerida otorgación de un contrato a una empresa, sin ningún tipo de licitación, se aparta de las normas gubernamentales adoptadas para la sana administración pública”, sostiene la denuncia.