El potencial despido de empleados federales del Departamento de Asuntos del Veterano (VA) en Puerto Rico provocará una barrera adicional para que esta población acceda a servicios esenciales de salud, alertó este jueves Carmen Rosario, excomandante departamental de la Legión Americana de Puerto Rico.

Por eso, Rosario instó a las diversas organizaciones que representan a los veteranos y a los funcionarios electos a que se unan en contra de los despidos de sobre 80,000 empleados del VA, como ha anticipado la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Le exhortamos también a la gobernadora Jenniffer González y al comisionado residente (Pablo José Hernández) que se unan en esta lucha para que no desmantelen el sistema de VA, porque esto es a lo que, a la larga, nos quieren llevar. Nos quieren desmantelar el sistema de VA y nosotros como veteranos que hemos servido a nuestra nación honorably (honorablemente) no podemos permitir que eso suceda”, sentenció Rosario en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

De momento, sostuvo, aún no tienen certeza de cuántos empleados podrían afectarse en Puerto Rico ni en qué áreas específicas sería. Sin embargo, dijo que esperaba que no se tocara el sistema de salud.

“Ahora mismo, lo que nos queda es un psiquiatra para atender a los pacientes de salud mental. Entonces, (hipotéticamente) si tenemos 22 veteranos que se están quitando la vida, si no tenemos los recursos para darle seguimiento a esos veteranos, ¿a dónde va a (parar) esa cifra? Eso es bien preocupante, y más cuando nuestra población es de edad avanzada”, destacó.

Rosario aseguró que los servicios en el hospital no dan abasto y que ya las citas para servicios son muy distantes. Lo mismo ocurre cuando buscan los servicios en otros centros de salud, por el éxodo de médicos.

La pasada comandante departamental de la Legión Americana de Puerto Rico indicó que hay sobre 100,000 veteranos viviendo en el archipiélago, de los que unos 60,000 están registrados para recibir servicios en el Hospital de Veteranos.

La veterana indicó que la Legión Americana tiene programas de ayuda económica para sus miembros, y de orientaciones de trabajo para quienes sean despedidos.

De acuerdo a comunicados de prensa publicados en la página web de VA, hubo dos recortes de más de 1,000 empleados permanentes y 1,400 en probatoria a mediados y finales de febrero, respectivamente.

Rosario recordó que Trump, en su campaña electoral, dijo que no tocaría los beneficios de los veteranos. Aunque esta medida no incide directamente en ello, consideró que se está imponiendo una “traba” que dilatará los procesos de evaluación de reclamaciones y el tiempo en que puedan obtener citas para acceder a los diversos servicios.

“Esto es un derecho que nosotros tenemos, nosotros nos hemos ganado este derecho por defender nuestra nación en todos los conflictos y en todas las guerras. No lo podemos permitir”, expuso.

El Nuevo Día solicitó una declaración escrita a la oficina de VA en San Juan para conocer cuántos empleados serán despedidos en Puerto Rico y en qué áreas se enfocarán los recortes. Igualmente, se cuestionó cuáles serían los efectos en los servicios a los veteranos. Al momento de esta publicación, no se ha recibido respuesta.

De acuerdo a un memorando que obtuvo The Associated Press, el jefe de personal del VA, Christopher Syrek, informó a los altos funcionarios de la agencia que el objetivo era reducir el número de empleados para regresar a los niveles de personal de 2019, que eran de poco menos de 400,000. Esto requeriría el despido de decenas de miles de empleados tras la expansión del VA durante la administración del expresidente Joe Biden, así como cubrir a los veteranos afectados por los pozos de combustión, de conformidad con la Ley PACT de 2022.

El memorando instruyó al personal de alto nivel a prepararse para una reorganización en toda la agencia en agosto para “redimensionar y adaptar la fuerza laboral a la misión y la estructura revisada”. También solicitó a los funcionarios de la agencia que trabajen con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Casa Blanca para “actuar de manera agresiva, mientras se adopta un enfoque pragmático y disciplinado” hacia los objetivos del gobierno de Trump.