La gobernadora Jenniffer González presentó este viernes legislación para extender la Ley 60 de 2019 hasta 2055 y aplicarles a nuevos beneficiarios una responsabilidad tributaria de 4%, como parte de un paquete de 13 medidas –de su propuesta de reforma contributiva– que ambas cámaras legislativas ya adelantaron que se aprobarán la próxima semana.

Los proyectos de administración buscan, además, exenciones contributivas a entidades sin fines de lucro y al impuesto al inventario sobre medicamentos recetados; y extender por 10 años las exenciones vigentes a hospitales y centros de salud y a personas que arriendan propiedades a residentes permanentes.

Otras medidas simplificarían el Código de Rentas Internas y consolidarían la administración del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal.

“Estamos proponiendo subir de 0% a 4% el aumento en la tasa sobre ganancias netas de capital, intereses y dividendos para los futuros individuos, residentes e inversionistas, buscando una mayor equidad y sostenibilidad fiscal. El que tiene un decreto contributivo hoy de Ley 60, no se afecta”, dijo la primera ejecutiva, en conferencia de prensa, desde La Fortaleza.

La enmienda propuesta a la Ley 60 de 2019, también conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, impondría la responsabilidad contributiva a los individuos residentes inversionistas que soliciten luego del 1 de enero de 2026 y establecería un requisito de residencia previa para acogerse al programa.

González explicó que el impuesto de 4% no se extendería a los beneficiarios actuales, debido a los decretos contraídos en el pasado. “No voy a entrar en un menoscabo de las obligaciones contractuales que ya tiene el gobierno de Puerto Rico con estos inversionistas que vinieron aquí bajo un marco de ley”, dijo sobre los más de 4,000 inversionistas actualmente cobijados bajo este decreto (antes Ley 22).

“Es igual de atractivo al 0% que tenemos hoy y Puerto Rico va a seguir siendo atractivo en la atracción de capital extranjero. Ese 4% hace justicia para los locales”, dijo, por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

Estimó que, si se considera la inversión de 5,000 inversionistas nuevos, podrían estar entrando al fisco aproximadamente $200 millones.

“Estamos trabajando el detalle del modelaje, de cuánto sería cada año el estimado del incremento al fisco, pero, a gran escala, estamos hablando de nueva ganancia para el gobierno que se puede invertir en obra y otros proyectos”, abundó Negrón Reichard.

Para fortalecer el tercer sector, se presentaron enmiendas a la Sección 1101.1 de la Ley 1 de 2011, A fin de agilizar la concesión de exenciones contributivas a estas entidades.

Mientras, la exención del impuesto al inventario sobre medicamentos recetados eliminaría esa carga económica a adultos mayores y redundaría en que las farmacias “no solamente bajen el costo de estos medicamentos, sino también la disponibilidad de los mismos”, destacó González.

La enmienda a la Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales (Ley 168 de 1968) permitiría la extensión del beneficio fiscal por 10 años adicionales. Además, el gobierno se propone enmendar la Ley 132 de 2010, conocida como la “Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles”, que exime de contribuciones sobre ingresos generados por arrendamiento residencial.

“Creo que debe ser permanente. Sin embargo, eso pudiera provocar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se oponga a esa medida”, manifestó la gobernadora sobre este decreto, que se extendería hasta 2040.

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, recalcó, en tanto, que “uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno es simplificar los procesos para hacer accesible la planificación financiera para los contribuyentes en términos de ahorro”.

“La aportación, el aumento en la aportación a una cuenta IRA, reduce la responsabilidad contributiva de todo contribuyente”, dijo sobre otra medida legislativa, que propone aumentar la deducción máxima permitida a un tope de $7,000.

Con relación al IVU municipal, el Ejecutivo propone facilitar el cumplimiento contributivo de comerciantes y empresas mediante la consolidación de procesos en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), lo cual González destacó que simplificaría los trámites de registro, radicación y pago de patentes municipales.

Hacienda también estaría implantando un portal interagencial de fiscalización contributiva al recibir datos sobre vehículos registrados de contribuyentes, embarcaciones y propiedades de alquiler a corto plazo para detectar evasión y validar las declaraciones. “No vamos a tener estos casos donde personas alegan una cosa y los bienes dicen otra”, dijo González.

Mencionó, por otro lado, que ya compartió, esta misma semana, el paquete de medidas –recomendadas por el Comité de Reforma Contributiva– a la JSF para su evaluación.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó, por su parte, que las 13 medidas se aprobarán la próxima semana en ambos cuerpos legislativos.

La gobernadora adelantó que el resto de las medidas de su reforma contributiva se presentarán en la sesión legislativa de agosto a diciembre.